La PAC y la cohesión territorial, entre las políticas menos afectadas por los recortes que propone la Presidencia del Consejo de la UE

La negociación del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que determinará las prioridades presupuestarias de la Unión Europea entre 2028 y 2034, entra en una fase decisiva. La Presidencia irlandesa del Consejo ha presentado una propuesta de compromiso que sitúa el presupuesto en torno a 1,62 billones de euros, frente a los aproximadamente 1,76 billones contemplados inicialmente por la Comisión Europea, tomando como referencia los precios constantes de 2025.

El ajuste busca acercar las posiciones de los Estados miembros en un contexto en el que la UE quiere reforzar su capacidad de inversión en competitividad, investigación, innovación, seguridad y defensa, sin dejar de financiar sus políticas tradicionales. La distribución de los recursos vuelve a situar la agricultura, la política de cohesión y el desarrollo rural en el centro del debate sobre las prioridades europeas.

La propuesta no constituye un acuerdo definitivo, sino una base de negociación. Además del volumen total del presupuesto, las conversaciones determinarán cómo se distribuyen los recursos entre las distintas políticas y qué condiciones regirán su aplicación durante los próximos siete años.

La PAC y la cohesión territorial, entre las políticas que la propuesta busca proteger

La Presidencia irlandesa plantea mantener las asignaciones nacionales destinadas a agricultura y cohesión dentro de los nuevos planes de colaboración nacionales y regionales. Este planteamiento busca preservar el peso de dos políticas fundamentales para el desarrollo económico y social de la Unión Europea, aunque no implica que todas sus partidas queden exentas de ajustes.

La propuesta contempla ahorros dentro del bloque presupuestario que agrupa la cohesión, la agricultura, la pesca y las comunidades rurales, entre otras cuestiones mediante la moderación de determinados incrementos previstos. Por ello, los menores ajustes que se atribuyen a estas áreas deben interpretarse en relación con la propuesta inicial de la Comisión y no como una garantía de que todos los programas mantendrán intacta su financiación.

Para el medio rural, la evolución del presupuesto resulta especialmente relevante. La Política Agraria Común (PAC) constituye uno de los principales instrumentos europeos para apoyar las rentas agrarias, mejorar la competitividad de las explotaciones y favorecer la sostenibilidad del sector. Por su parte, la política de cohesión contribuye a reducir las desigualdades económicas y sociales entre regiones e impulsa inversiones destinadas a mejorar las oportunidades de desarrollo.

El alcance de estas políticas va más allá de la financiación directa de agricultores y empresas. Sus recursos también condicionan la capacidad de los territorios para generar empleo, impulsar nuevas actividades económicas, mejorar los servicios y afrontar desafíos como el envejecimiento y la despoblación.

Por ello, el debate sobre el próximo presupuesto no se limita al volumen de financiación de cada partida. También será fundamental conocer qué recursos estarán disponibles para las zonas rurales, cómo se distribuirán y qué garantías tendrán las políticas destinadas a reducir las desigualdades territoriales.

LEADER, pendiente de cómo se articule el nuevo modelo de financiación

Uno de los aspectos que seguirá de cerca el medio rural es el futuro de LEADER en el próximo periodo presupuestario. La propuesta de la Comisión Europea para 2028-2034 contempla financiar iniciativas de desarrollo rural a través de los nuevos planes de colaboración nacionales y regionales, en los que se integrarán distintas políticas europeas.

La Comisión incluye LEADER entre las herramientas que pueden recibir apoyo en el futuro marco financiero. Sin embargo, todavía será necesario concretar cómo se traducirá este planteamiento en financiación, programación y aplicación sobre el terreno. La inclusión de LEADER en la propuesta no equivale, por sí sola, a una garantía de presupuesto específico ni permite anticipar qué condiciones tendrá el programa en cada Estado miembro.

Para los Grupos de Acción Local, será fundamental que la nueva arquitectura presupuestaria preserve la capacidad de decisión de los territorios y permita mantener estrategias de desarrollo local participativo adaptadas a sus necesidades. El reto no será únicamente asegurar recursos, sino garantizar que estos lleguen a las comunidades rurales y respalden proyectos de emprendimiento, diversificación económica, innovación y creación de empleo.

A través de los Grupos de Acción Local, LEADER permite reunir a administraciones, empresas, asociaciones y ciudadanía en torno a estrategias compartidas. Este enfoque facilita la identificación de oportunidades, la puesta en marcha de iniciativas empresariales y la movilización de recursos para responder a los desafíos específicos de cada territorio.

En este contexto, la negociación europea será determinante tanto por el volumen de fondos disponibles como por las condiciones que regulen su aplicación. La integración de diferentes políticas en nuevos instrumentos de planificación puede modificar la manera en que se diseñan y ejecutan las inversiones. Por ello, será importante conocer el margen de participación de las regiones y los agentes locales, así como las garantías para dar continuidad a las estrategias de desarrollo rural.

Un nuevo modelo de gestión de los fondos europeos

La negociación presupuestaria coincide con una de las principales novedades planteadas para el periodo 2028-2034: la creación de planes de colaboración nacionales y regionales que integren diferentes políticas europeas, entre ellas la agricultura, la cohesión y la pesca.

La Comisión Europea defiende este modelo como una vía para simplificar la gestión, aumentar la flexibilidad y adaptar las inversiones a las necesidades de cada Estado miembro. La reorganización pretende facilitar la coordinación entre las distintas fuentes de financiación y favorecer una planificación más integrada de las prioridades europeas.

No obstante, este cambio también plantea cuestiones relevantes sobre la distribución de los recursos, la participación de las regiones y la capacidad de los territorios para intervenir en las decisiones que afectan a su desarrollo. La integración de políticas en un mismo marco de planificación hace especialmente importante conocer cómo se identificarán las necesidades rurales y cómo se garantizará que reciban una atención adecuada.

Desde la perspectiva del desarrollo local participativo, resulta esencial que el nuevo marco mantenga instrumentos capaces de responder a las necesidades concretas de las comunidades rurales. La financiación debe permitir que los agentes locales participen en la definición de las estrategias y que las inversiones se adapten a las oportunidades y los desafíos de cada territorio.

Para REDR y los Grupos de Acción Local, el debate sobre el futuro presupuesto europeo es también un debate sobre el modelo de desarrollo rural que se quiere impulsar. Mantener la participación de la población local, reforzar la cooperación entre agentes y asegurar la continuidad de las estrategias territoriales serán cuestiones relevantes en la definición del próximo periodo de programación.

Una negociación que marcará el futuro de las zonas rurales

La propuesta de la Presidencia irlandesa constituye una base para avanzar en las negociaciones entre los Estados miembros. El presupuesto definitivo deberá acordarse por unanimidad en el Consejo y contar con el consentimiento del Parlamento Europeo. El objetivo político es avanzar hacia un acuerdo antes de que termine 2026, con vistas a que el nuevo marco financiero entre en vigor el 1 de enero de 2028.

Las instituciones europeas mantienen diferencias sobre el volumen global del presupuesto, sus prioridades y la manera de organizar la financiación. El Parlamento Europeo ha defendido un presupuesto más ambicioso y ha reclamado garantías para las políticas agrarias y de cohesión, mostrando reservas ante la integración de distintas políticas en planes nacionales.

Estas diferencias evidencian que la negociación no se limita a cuánto dinero tendrá la UE, sino que también afecta a cómo se distribuye, quién decide sobre su uso y qué prioridades quedan garantizadas. Para el medio rural, estas cuestiones serán decisivas a la hora de determinar el alcance de las inversiones y la capacidad de los territorios para diseñar respuestas a sus necesidades.

Mantener una PAC sólida, una política de cohesión eficaz y herramientas específicas para el desarrollo rural será fundamental para respaldar la actividad agraria, diversificar la economía, combatir la despoblación y garantizar oportunidades en los territorios. Al mismo tiempo, será necesario conocer cómo se concretarán los mecanismos de financiación y gestión que permitan sostener las iniciativas de desarrollo local participativo.

El reto de la Unión Europea será compatibilizar sus nuevas prioridades estratégicas con el equilibrio territorial y con unas políticas que contribuyen a la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la cohesión económica, social y territorial. El resultado de las negociaciones marcará no solo el volumen de recursos disponibles durante el periodo 2028-2034, sino también las herramientas con las que las comunidades rurales podrán afrontar sus desafíos y aprovechar sus oportunidades.