España y otros 16 países europeos rechazan los recortes propuestos al presupuesto de la UE y piden proteger la PAC y la cohesión territorial

La negociación del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea para 2028-2034 ha puesto de manifiesto las diferencias entre los Estados miembros sobre el volumen y las prioridades del futuro presupuesto comunitario. España, Italia y otros quince países agrupados en los denominados Amigos de la Cohesión han reafirmado su posición a favor de preservar las políticas agrícolas y territoriales, ante las propuestas de reducción del gasto europeo.

El debate se ha intensificado después de que la presidencia irlandesa del Consejo de la UE presentara el pasado 10 de octubre una nueva propuesta presupuestaria, que contempla una reducción de aproximadamente 141.000 millones de euros respecto al planteamiento inicial de la Comisión Europea. El ajuste supone un recorte cercano al 8 % y sitúa el presupuesto para los próximos siete años en torno a 1,62 billones de euros, expresados en precios constantes de 2025.

Aunque la propuesta mantiene las asignaciones nacionales previstas para agricultura y cohesión en el marco de negociación anterior, los países que defienden estas políticas consideran que el conjunto del presupuesto debe disponer de recursos suficientes para atender tanto las prioridades tradicionales de la Unión como los nuevos desafíos relacionados con la defensa, la competitividad, la seguridad energética y la transición climática.

Diecisiete países coordinan su posición ante el futuro presupuesto europeo

España forma parte del grupo de diecisiete Estados miembros que han unido posiciones para defender el papel de la Política Agrícola Común (PAC) y la Política de Cohesión en el próximo marco financiero. Junto a España participan Bulgaria, Chipre, Croacia, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría.

Esta alianza había trasladado sus reivindicaciones a la presidencia irlandesa mediante una carta fechada el 2 de octubre, en la que reclamaba mantener la ambición presupuestaria de la Unión y evitar que las nuevas prioridades comunitarias se financien debilitando las políticas agrícolas y territoriales.

El posicionamiento se ha reforzado durante una reunión celebrada el 12 de octubre, organizada por España en vísperas del Consejo de Asuntos Generales de la UE, en la que los representantes de los países participantes coordinaron sus posiciones ante la siguiente fase negociadora. El encuentro contó también con la participación de Francia, que no figura entre los diecisiete países firmantes de la iniciativa conjunta.

Los participantes advirtieron de que una reducción adicional del presupuesto podría limitar la capacidad de la Unión para responder a sus objetivos estratégicos y defendieron la necesidad de estudiar nuevas fuentes de ingresos europeos que permitan reducir la presión sobre las aportaciones nacionales.

Entre las posibilidades planteadas figuran nuevos recursos propios de la Unión, una devolución más gradual de la deuda asociada a NextGenerationEU y mecanismos específicos de financiación destinados a determinadas prioridades estratégicas.

España e Italia cuestionan la reducción del presupuesto comunitario

Las diferencias entre los Estados miembros se hicieron especialmente visibles durante la reunión del Consejo de Asuntos Generales celebrada el 13 de octubre en Luxemburgo, donde los ministros responsables de Asuntos Europeos debatieron el nuevo marco de negociación presentado por Irlanda.

El secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro, defendió la necesidad de mantener un presupuesto ambicioso y cuestionó las reducciones adicionales planteadas, al considerar que podrían dificultar la respuesta europea a los desafíos económicos, sociales y geopolíticos.

Italia manifestó una posición similar y defendió la importancia de preservar los recursos destinados a las políticas tradicionales de la Unión, especialmente la agricultura y la cohesión territorial.

Frente a estas posiciones, países como Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia han reclamado una mayor contención del gasto comunitario y consideran que la propuesta irlandesa todavía ofrece margen para introducir ajustes adicionales.

El desacuerdo refleja dos planteamientos sobre el futuro de las cuentas europeas: por un lado, los Estados que defienden un presupuesto más amplio para sostener las políticas existentes y responder a nuevas necesidades; por otro, aquellos que consideran prioritario limitar el volumen global de recursos y revisar su distribución.

La PAC y los fondos de cohesión, entre las partidas menos afectadas por los ajustes

Uno de los principales puntos de debate es el futuro de las políticas que tradicionalmente han concentrado una parte importante de la inversión comunitaria.

La Política Agrícola Común constituye un instrumento fundamental para apoyar la actividad agraria, la estabilidad del sector agroalimentario y el desarrollo de los territorios rurales. Por su parte, la Política de Cohesión tiene como finalidad reducir las diferencias económicas, sociales y territoriales entre las distintas regiones de la Unión Europea.

La propuesta presentada por Irlanda plantea una reducción global del 8 % respecto al presupuesto inicialmente propuesto por la Comisión, pero este ajuste no se distribuye de manera uniforme entre todas las políticas europeas.

En el capítulo que agrupa la cohesión económica, social y territorial, la agricultura, la pesca y las comunidades rurales, la reducción global se sitúa aproximadamente en el 3 %. Además, la presidencia irlandesa ha optado por mantener las asignaciones nacionales destinadas a agricultura, cohesión y pesca contempladas en la propuesta anterior de la presidencia chipriota.

Esta decisión responde a las demandas de numerosos Estados miembros, aunque no resuelve todas las cuestiones relacionadas con la financiación y la gestión futura de estas políticas.

El nuevo presupuesto plantea también una transformación de la arquitectura de financiación europea mediante los Planes de Colaboración Nacional y Regional, que reunirían diferentes ámbitos de inversión dentro de una planificación más integrada.

Este modelo pretende simplificar la gestión y facilitar una mayor coordinación entre políticas, aunque su aplicación definitiva dependerá de las negociaciones sobre las normas, los recursos disponibles y los mecanismos de participación de los distintos niveles de gobierno.

El desarrollo rural y LEADER, pendientes de las decisiones del nuevo marco financiero

Las negociaciones presupuestarias tendrán también consecuencias para el futuro de las zonas rurales europeas, especialmente en lo relativo a los instrumentos destinados a impulsar el desarrollo territorial y la participación de las comunidades locales.

En este contexto, el programa LEADER y el Desarrollo Local Participativo (CLLD) forman parte del debate sobre cómo articular las futuras políticas europeas de desarrollo rural.

Durante más de tres décadas, LEADER ha permitido impulsar proyectos promovidos desde los propios territorios a través de los Grupos de Acción Local (GAL), que reúnen a administraciones, empresas, asociaciones y otros agentes para identificar necesidades y desarrollar iniciativas adaptadas a cada zona.

La posible integración de diferentes fondos en los nuevos planes nacionales y regionales abre oportunidades para impulsar enfoques territoriales más amplios, capaces de conectar la agricultura con ámbitos como la vivienda, la movilidad, los servicios, la digitalización, la transición energética o el emprendimiento rural.

No obstante, el mantenimiento de las asignaciones generales para agricultura y cohesión no garantiza por sí mismo la financiación específica ni la capacidad de actuación futura de LEADER. Estos aspectos dependerán de cómo se concreten las disposiciones del nuevo marco financiero y de las decisiones que adopten los Estados miembros y las regiones durante su programación.

La participación de los agentes territoriales en el diseño y aplicación de las futuras políticas será, por tanto, una cuestión relevante para asegurar que las necesidades de las comunidades rurales tengan presencia en el nuevo periodo presupuestario.

La negociación continuará hasta finales de 2026

La presidencia irlandesa tiene como objetivo acercar las posiciones de los Estados miembros y avanzar hacia un acuerdo sobre el próximo Marco Financiero Plurianual antes de que concluya 2026.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea examinarán la nueva propuesta presupuestaria durante el Consejo Europeo previsto para los días 15 y 16 de octubre en Bruselas, una cita clave para intentar aproximar posiciones sobre el volumen y las prioridades del presupuesto comunitario.

Las negociaciones deberán abordar tanto el volumen global del presupuesto como el reparto de los recursos entre las distintas prioridades comunitarias, las posibles nuevas fuentes de ingresos y el modelo de gestión de los fondos europeos.

El objetivo de alcanzar un acuerdo político antes de finales de 2026 responde también a la necesidad de disponer de tiempo suficiente para aprobar la legislación correspondiente durante 2027 y garantizar que los nuevos instrumentos de financiación puedan comenzar a aplicarse en enero de 2028.

El resultado de este proceso será determinante para definir el papel que desempeñarán la agricultura, la cohesión territorial y el desarrollo rural en las políticas de la Unión Europea entre 2028 y 2034, así como las oportunidades de los territorios para participar en las transformaciones económicas, sociales y ambientales de los próximos años.