El Consejo Europeo mantiene sin resolver la financiación de la PAC, la cohesión y LEADER en el presupuesto 2028-2034

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea concluyeron la cumbre celebrada los días 15 y 16 de octubre en Bruselas sin alcanzar un acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, cuyo resultado será determinante para la financiación de la Política Agrícola Común (PAC), la Política de Cohesión y el desarrollo rural, incluido el futuro de LEADER.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la última propuesta presupuestaria presentada por la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE, que calificó de «no asumible ni aceptable» para España. Sánchez consideró que el presupuesto planteado es «claramente insuficiente» y defendió unas cuentas europeas más ambiciosas, próximas al 2 % de la renta nacional bruta comunitaria, que permitan financiar tanto las políticas tradicionales como los nuevos desafíos de la Unión.

Pese a las diferencias, los líderes europeos han encargado al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que continúe impulsando las negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que termine 2026. Las conclusiones oficiales de la cumbre señalan que cumplir este calendario permitiría aprobar la legislación correspondiente durante 2027 y garantizar que los nuevos fondos puedan llegar a sus beneficiarios sin interrupciones desde el 1 de enero de 2028.

Además, Costa trabajará en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto comunitario, una posibilidad que podría contribuir a acercar posiciones entre los Estados miembros y aliviar la presión sobre partidas tradicionales, como la PAC y la cohesión, ante la necesidad de financiar nuevas prioridades europeas en materia de competitividad, defensa y seguridad.

Una propuesta de recortes que no logra acercar posiciones

La Presidencia irlandesa del Consejo de la UE propone reducir un 8 % el presupuesto inicialmente planteado por la Comisión Europea, hasta situarlo en aproximadamente 1,62 billones de euros, unos 141.000 millones menos que el proyecto original.

Aunque la propuesta limita los recortes adicionales sobre las asignaciones previstas para la PAC y la cohesión, no recupera los recursos que ambas políticas perderían respecto al actual periodo presupuestario, ya que la propuesta inicial de Bruselas contemplaba recortes conjuntos de alrededor del 10 %.

El documento no ha conseguido satisfacer a los principales bloques de países. Alemania, Países Bajos, Austria y varios Estados nórdicos reclaman mayores reducciones, mientras que España e Italia encabezan un grupo de 17 países que defienden una financiación más ambiciosa para las políticas agrícolas y de cohesión.

El Parlamento Europeo también ha expresado su rechazo a los recortes planteados por la Presidencia irlandesa, al considerar que la propuesta compromete la capacidad de la Unión para financiar sus prioridades. Las objeciones de la Eurocámara añaden otra dificultad a unas negociaciones que necesitarán también su aprobación para sacar adelante el próximo marco presupuestario.

Sin embargo, las conclusiones oficiales del Consejo Europeo del 16 de octubre no recogen ningún compromiso específico sobre las dotaciones de la PAC, la Política de Cohesión o LEADER. Los líderes se limitaron a debatir los elementos necesarios para alcanzar un compromiso equilibrado y a encomendar a António Costa la continuación de las negociaciones.

Por tanto, la protección de los recursos destinados a las políticas agrícolas y territoriales sigue pendiente de acuerdo, pese a las demandas planteadas por España y otros Estados miembros.

LEADER y el desarrollo rural ante el nuevo modelo de financiación

Más allá de las cifras, el próximo presupuesto plantea una importante reorganización de los fondos europeos mediante los Planes Nacionales y Regionales de Asociación (PNRA), que integrarán diferentes instrumentos de financiación relacionados con la agricultura, la cohesión y el desarrollo rural.

Este modelo pretende simplificar la gestión y favorecer inversiones más coordinadas, pero también plantea interrogantes sobre la distribución de los recursos y la participación de las autoridades regionales y los actores locales.

En este contexto, la Comisión Europea confirmó el pasado 7 de octubre, en una respuesta dirigida a la Asociación Europea LEADER para el Desarrollo Rural (ELARD), su propuesta de mantener LEADER como una intervención obligatoria en los futuros planes nacionales y regionales.

Sin embargo, todavía no se contempla una asignación financiera mínima específica para LEADER, a diferencia del actual marco de la PAC, que reserva al menos el 5 % de los recursos del FEADER para esta metodología.

Esta ausencia de financiación garantizada constituye una de las principales preocupaciones de las redes de desarrollo rural, ya que la obligatoriedad de aplicar LEADER no asegura por sí sola recursos suficientes para mantener las estrategias territoriales y el trabajo de los Grupos de Acción Local (GAL).

Las conclusiones del Consejo Europeo tampoco introducen nuevas garantías para LEADER, ni sobre su financiación ni sobre la participación de los GAL en la gestión de los futuros fondos. Por tanto, su presencia obligatoria continúa formando parte de la propuesta de la Comisión, pendiente de la negociación y aprobación definitiva del nuevo marco.

ELARD reclama más participación y recursos para los territorios rurales

En un posicionamiento publicado el 13 de octubre, ELARD ha insistido en que el debate sobre el futuro presupuesto debe abordar no solo cuánto dinero se destina al desarrollo rural, sino también quién decide cómo se utiliza.

La organización considera que los nuevos PNRA podrían ampliar las oportunidades de actuación de los GAL en ámbitos como la innovación, los servicios, la transición energética o la inclusión social, más allá de las intervenciones tradicionalmente vinculadas al sector agrario.

Sin embargo, advierte de que estas posibilidades dependerán de que los Estados miembros y las regiones garanticen recursos suficientes, capacidad de decisión y una participación efectiva de los actores rurales en la elaboración de los futuros planes.

Estas demandas coinciden con las preocupaciones expresadas por el Comité Europeo de las Regiones, que reclama preservar una Política de Cohesión territorializada y basada en la gobernanza multinivel, evitando que la reorganización de los fondos reduzca el protagonismo de las regiones y los municipios.

Aunque ya se han producido avances parciales en la negociación de los futuros reglamentos de cohesión y de los planes nacionales y regionales, las decisiones financieras fundamentales continúan abiertas. El Consejo de la UE ha avanzado en determinados aspectos normativos, pero las cuestiones presupuestarias y otros elementos generales siguen condicionados al acuerdo sobre el MFP.

Una nueva cita en noviembre para intentar desbloquear el presupuesto

Las negociaciones tendrán una nueva cita clave los días 26 y 27 de noviembre, cuando está prevista una reunión extraordinaria del Consejo Europeo dedicada al próximo Marco Financiero Plurianual. El objetivo político sigue siendo alcanzar un acuerdo antes de finalizar diciembre, aunque las diferencias entre los Estados miembros mantienen abierta la posibilidad de que las conversaciones se prolonguen hasta 2027.

El calendario adquiere especial importancia porque el propio Consejo Europeo reconoce que alcanzar un acuerdo antes de finalizar 2026 permitiría aprobar la legislación correspondiente durante 2027 y garantizar la llegada de los fondos a sus beneficiarios sin interrupciones en enero de 2028.

Aunque prolongar las negociaciones hasta 2027 no supondría automáticamente una interrupción de la financiación, sí reduciría el tiempo disponible para preparar los nuevos programas y podría complicar la transición hacia el siguiente periodo presupuestario.

La puesta en marcha de los fondos requiere, además del acuerdo político sobre el presupuesto, la aprobación de los reglamentos correspondientes, la preparación de los planes nacionales y regionales y el establecimiento de los mecanismos de gestión y ejecución.

Para los territorios rurales, un posible retraso podría dificultar la planificación de las estrategias de desarrollo local, las nuevas convocatorias de ayudas y la continuidad de los proyectos impulsados por los Grupos de Acción Local.

El resultado de estas negociaciones será decisivo tanto por los recursos destinados a la PAC, la cohesión y LEADER como por las garantías de participación de las comunidades locales en su gestión. La continuidad de las estrategias de desarrollo territorial dependerá de que el nuevo marco combine una financiación suficiente con mecanismos de gobernanza que permitan responder a las necesidades específicas de las zonas rurales.