La reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad abre nuevas oportunidades para mejorar la atención en el medio rural

El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley que reforma la normativa sobre dependencia y discapacidad, una iniciativa que ahora continuará su tramitación en el Senado. La reforma busca modernizar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia mediante la ampliación de derechos, la simplificación de procedimientos y un modelo de cuidados centrado en que las personas puedan permanecer en su hogar y en su entorno habitual siempre que sea posible.

Aunque la norma tiene un alcance general, muchas de sus medidas pueden resultar especialmente relevantes para el medio rural, donde el envejecimiento, la dispersión geográfica y la dificultad para acceder a determinados servicios hacen que la atención a las personas dependientes suponga uno de los principales retos demográficos y sociales.

Favorecer la permanencia en el entorno

Uno de los pilares de la reforma es reforzar los apoyos para que las personas mayores y con discapacidad puedan seguir viviendo en sus municipios. Para ello se amplían servicios como la ayuda a domicilio, la asistencia personal y la teleasistencia, además de permitir una mayor compatibilidad entre prestaciones para adaptar la atención a las necesidades de cada persona.

En muchos municipios rurales, donde el traslado a una residencia o a un centro urbano suele implicar abandonar el entorno de vida, este cambio de enfoque puede contribuir a que más personas permanezcan en sus comunidades durante más tiempo.

Menos trámites y nuevos derechos

La reforma reduce de seis a tres meses el plazo máximo para resolver las solicitudes de dependencia, elimina incompatibilidades entre prestaciones y simplifica los procedimientos administrativos. También reconoce la teleasistencia como un derecho subjetivo para las personas en situación de dependencia y amplía la figura de la asistencia personal, que podrá prestar apoyo tanto dentro como fuera del domicilio.

Además, prevé agilizar el reconocimiento de determinados grados de discapacidad vinculados a la situación de dependencia y refuerza la accesibilidad universal como un derecho exigible.

Estas medidas pueden beneficiar especialmente a la población rural, que con frecuencia debe realizar desplazamientos para acceder a servicios administrativos o especializados.

Más financiación y servicios de proximidad

Paralelamente a la aprobación del proyecto, el Congreso convalidó un real decreto-ley que incrementa la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El objetivo del Gobierno es que la aportación del Estado alcance el 50 % de la financiación del sistema y movilizar 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027.

Si estos recursos se traducen en una mayor oferta de ayuda a domicilio, asistencia personal o centros de día, podrían mejorar la cobertura de servicios en muchas zonas rurales. Sin embargo, la reforma no contempla una asignación específica para estos territorios, por lo que su impacto dependerá de cómo las comunidades autónomas distribuyan los recursos y desarrollen las medidas previstas.

Un reto ligado al desarrollo rural

La posibilidad de acceder a cuidados de calidad sin abandonar el municipio constituye una de las principales demandas de las zonas rurales. En este sentido, la reforma puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y con discapacidad, además de favorecer la creación de empleo vinculado al sector de los cuidados.

No obstante, su éxito dependerá de que los nuevos derechos vayan acompañados de suficientes profesionales y servicios de proximidad, uno de los principales desafíos en muchos territorios con baja densidad de población.

La reforma representa un cambio de modelo orientado a reforzar la autonomía personal y la atención comunitaria. Para el medio rural, su verdadero alcance dependerá de que estas medidas lleguen a traducirse en una mejora efectiva de los servicios disponibles y permitan que quienes viven en los pueblos puedan seguir haciéndolo con la atención y los apoyos que necesiten.

 

A continuación se detallan algunas de las principales medidas que incorpora esta reforma a la ley de dependencia:

• Eliminación del régimen de incompatibilidades

La reforma garantiza que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones sin que haya una incompatibilidad entre ellas. Además, la norma reforzará el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desea de manera que el sistema podrá ajustarse a las prestaciones que cada persona usuaria necesite. El PIA (Programa Individual de Atención) que elaboran los servicios sociales de las CCAA se flexibiliza para que el usuario pueda acceder a más servicios del catálogo. Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa, podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día, y a la vez tener otras prestaciones como cuidados en el entorno familiar o teleasistencia.

 

• La asistencia personal se amplía y regula como servicio del catálogo

La asistencia personal queda blindada como servicio y podrá ofrecerse más allá del entorno domiciliario, que es el espacio al que estaba restringida esta ayuda hasta ahora. De esta forma, la persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en el domicilio, sino que también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra o ir al médico.

• Ampliación del concepto de cuidadores/as

El texto reconoce a nivel normativo la figura del cuidador o cuidadora principal, y lo complementa con la figura de cuidador/a no profesional. Al mismo tiempo, reconoce que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer cuidados, asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que hay. Esto garantiza que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda ocuparse del cuidado de una persona en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casadas, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí.

• Teleasistencia como derecho subjetivo

La teleasistencia será reconocida de facto a toda persona que tenga reconocida una dependencia, garantizando así que este servicio sea un derecho subjetivo y que llegue a muchas más personas, también a otras que antes no podían acceder a él, como las personas con demencia. Además, se refuerza la teleasistencia como herramienta preventiva para evitar o retrasar la institucionalización, y permitirá hacer un seguimiento de cómo está el usuario a través de otros dispositivos como, por ejemplo, las pulseras geolocalizables.

• Cotizaciones y sustituciones de las cuidadoras

La reforma garantiza por ley que la AGE abone las cotizaciones de las cuidadoras principales (la mayoría son mujeres), así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas cuidadoras.

• Reducción de plazos para reconocer prestaciones

El plazo habilitado al gobierno de cada CCAA para resolver una prestación por dependencia se reduce a la mitad, pasa de 6 meses a 3 meses.

Reforma en discapacidad

Respecto a la ley de discapacidad (Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social), la reforma no solo constituye un paso decisivo para desplegar el mandato del renovado artículo 49 de la Constitución Española, sino que, además, consolida los derechos para las personas con discapacidad, situando como pilares la inclusión, la accesibilidad universal, la vida independiente y la autonomía personal.

Estas son algunas de las principales medidas que incorpora esta reforma a la ley de discapacidad:

• Reconocimientos automáticos de discapacidad

Se reconocerá automáticamente un 33% de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65% de discapacidad. De esta manera se desburocratiza el reconocimiento de la discapacidad, agilizando los procesos administrativos y reduciendo las listas de espera.

• Accesibilidad universal como derecho

Esta reforma reconoce la accesibilidad universal como un derecho, de forma que las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o en edificios que sean públicos. Para ello, se creará, además, un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear audiodescripciones, etc…

• Obras de accesibilidad en viviendas

Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de propietarios tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Además, se facilitan los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de propietarios. Actualmente, se estima que en España hay 100.000 personas que no pueden salir de sus casas porque sus viviendas no son accesibles.

• Atención temprana como derecho subjetivo

La reforma fija por ley que la atención temprana es un derecho subjetivo para garantizar que los gobiernos autonómicos atiendan a todos aquellos niños y niñas (de 0 a 6 años) que presenten trastornos en el desarrollo o tengan riesgo de desarrollarlo. Es decir, cada familia con un niño o niña en esta situación podrá exigir ante su administración autonómica que se le proporcione el tratamiento sin que dependa de la disponibilidad presupuestaria o de plazas.

• Se prohíbe la discriminación en los seguros

Se prohíbe por ley una práctica que llevan a cabo algunos seguros de hogar o de salud de subir el precio cuando la persona que quiere contratarlos tiene una discapacidad. Se considera una práctica discriminatoria que será ilegal.

• Asistencia en procesos judiciales

Se regula la figura de un facilitador procesal que evitará situaciones de indefensión en los procesos judiciales de personas con dificultades. Esta figura será un puente entre los operadores jurídicos y esas personas.