Compensar económicamente la gestión agraria y forestal por sus beneficios ambientales refuerza la lucha contra los incendios, según un estudio impulsado por ARCA

La gestión del territorio genera beneficios ambientales que van más allá de su actividad agraria o forestal. La conservación de la biodiversidad, la mejora de la calidad del agua, la captura de carbono o el mantenimiento del paisaje son algunas de las ventajas que determinadas prácticas pueden proporcionar al conjunto de la sociedad. Reconocer estos beneficios y compensar económicamente a las personas que contribuyen a generarlos es el objetivo de los llamados pagos por servicios ecosistémicos (PSE), una fórmula que ya cuenta con experiencias en diferentes territorios y que también se ha empezado a aplicar en Cataluña.

Para analizar el estado de estos mecanismos, sus ámbitos de aplicación y las diferentes formas de articularlos, la Asociación de Iniciativas Rurales y Marítimas de Cataluña (ARCA) ha encargado al Instituto Metrópoli el estudio Pagos por servicios ecosistémicos: estado de la cuestión, ámbitos de aplicación y mecanismos, Elena Domene. La investigación se enmarca en el Reto II de la Agenda Rural de Cataluña y en el proyecto “Adaptación al cambio climático de los sectores agroganadero, forestal, pesquero y turístico en Cataluña, en el marco del Life eCOadapt50”, financiado con el Fondo Climático de Cataluña del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

Cataluña ya cuenta con experiencias pioneras

En Cataluña ya existen experiencias que incorporan elementos propios de estos mecanismos. Por un lado, el Contrato Agrario de Collserola, impulsado desde 2022 en el Parque Natural de la Sierra de Collserola, remunera prácticas agrarias que generan beneficios ambientales, sociales y culturales haciendo participar al campesinado y actores locales. El programa ha pasado de 75.000 euros anuales en las primeras convocatorias a 90.000 euros en las ediciones más recientes, contribuyendo a impulsar actuaciones relacionadas con la biodiversidad, la prevención de incendios, la conservación de variedades locales, la fertilidad del suelo y la transición agroecológica. La convocatoria de 2026 mantiene una dotación de 90.000 euros.

Por otra parte, el Sistema de Créditos Climáticos Forestales de Cataluña, impulsado por la Generalitat, quiere movilizar inversión privada para promover la gestión forestal sostenible con el objetivo de contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático. Durante la fase piloto se han desplegado nueve proyectos forestales que han generado 486 créditos climáticos, de los cuales más de la mitad ya han sido adquiridos por empresas, administraciones públicas y otras entidades. El sistema vincula los créditos a los resultados de proyectos de gestión forestal multifuncional y tiene en cuenta los servicios ecosistémicos vinculados al carbono, agua y biodiversidad.

Estas experiencias muestran diferentes formas de vincular la gestión del territorio con los beneficios ambientales que genera y aportan aprendizajes sobre las posibilidades y los retos de este tipo de mecanismos en Cataluña.

Una fórmula que funciona cuando se adapta al territorio

El estudio revisa 46 experiencias de PSE desarrolladas entre 2015 y 2025 en cuatro ámbitos: agroecosistemas, ecosistemas forestales, sistemas acuáticos continentales y ecosistemas marinos de distintas regiones del mundo. El análisis muestra que estos mecanismos pueden generar beneficios ambientales relevantes en ámbitos como la conservación de la biodiversidad, la mejora de la calidad del agua, la captura de carbono o el mantenimiento del paisaje, pero también pone de manifiesto que su efectividad no es automática y depende en gran medida de su diseño y adaptación a cada contexto territorial.

Según las autoras, muchos programas no alcanzan los resultados esperados por falta de seguimiento, dificultades administrativas, financiación insuficiente o por no tener en cuenta las realidades sociales e institucionales de los territorios donde se aplican. Sin embargo, las experiencias más exitosas comparten algunos factores comunes: participación activa de los actores locales, contratos adaptados al contexto territorial, sistemas de verificación robustos y fuentes de financiación estables a largo plazo.

«Nuestra investigación muestra que no existen recetas universales para remunerar los servicios ecosistémicos. Los programas que mejor funcionan son aquellos que nacen del territorio, que implican activamente a las comunidades locales y que se adaptan a sus necesidades y realidades. Las iniciativas más pequeñas, arraigadas y construidas desde la participación generan más confianza, más compromiso y, en consecuencia, mejores resultados ambientales y sociales. Pero para que estos impactos se mantengan en el tiempo, también es necesaria una financiación estable y compromisos a largo plazo que den seguridad a las personas que gestionan el territorio. Cuando los mecanismos se diseñan al margen de la realidad local o con una complejidad administrativa excesiva, a menudo pierden eficacia y legitimidad», afirma Laura Calvet Mir, autora del informe.

Los PSE pueden contribuir a afrontar retos como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático o la degradación de los ecosistemas, pero la investigación señala que no son una solución universal ni pueden sustituir a las políticas públicas de conservación y gestión del territorio. Se plantean más bien como una herramienta complementaria dentro de un conjunto más amplio de instrumentos de gestión ambiental.

En este sentido, el estudio destaca que muchas de las prácticas que generan servicios ecosistémicos forman ya parte de la gestión habitual de los territorios agrarios y forestales. Los mecanismos de compensación pueden contribuir a mantener y reforzar estas prácticas y evitar su abandono, especialmente cuando este comporta costes ambientales y sociales. En determinados contextos, por tanto, los PSE pueden permitir reconocer y reforzar prácticas existentes que generan beneficios ambientales para el conjunto de la sociedad.

Para que estos sistemas sean efectivos, la investigación identifica tres principios fundamentales: la adicionalidad flexible, la condicionalidad y la estabilidad financiera. Los pagos deben contribuir a generar o mantener beneficios ambientales, deben estar vinculados a prácticas o resultados que se puedan verificar y deben contar con recursos suficientes y previsibles a medio y largo plazo.

Estos elementos deben acompañarse de sistemas robustos de seguimiento y verificación y de una capacidad institucional adecuada. El estudio también considera necesario avanzar de forma gradual y selectiva, a través de proyectos piloto que permitan generar evidencia, evaluar los resultados y adaptar los mecanismos antes de extenderlos.

La dimensión territorial y social es igualmente determinante. La participación activa de las personas que gestionan el territorio, el codiseño de los mecanismos y la incorporación del conocimiento ecológico local pueden contribuir a garantizar su legitimidad y efectividad. Por eso, el estudio pone énfasis en la necesidad de definir los mecanismos de acuerdo con las características y prioridades de cada territorio, en lugar de aplicar modelos homogéneos.

"En Cataluña ya hay unas cuantas experiencias de PSE con diversidad de enfoques, lo que ha generado expectación e interés desde múltiples agentes del ámbito rural. En estos territorios, que están sufriendo un retroceso de las actividades agroganaderas de cariz familiar y de la gestión forestal, los PSE se ven como una oportunidad para hacer viable una gestión del paisaje que a la vez que contribuya a dar la vuelta a la tendencia del despoblamiento y abandono rurales”, apunta Guillem Bagaria, técnico de adaptación al cambio climático de ARCA.

El estudio plantea también la necesidad de explorar fórmulas de financiación mixtas, que no dependan exclusivamente de los recursos públicos y que puedan incorporar fuentes privadas, instrumentos climáticos u otros mecanismos de financiación ambiental. La previsibilidad y estabilidad de la financiación son especialmente importantes para garantizar la continuidad de los compromisos adquiridos con las personas gestoras del territorio.

Como conclusión, las investigadoras Calvet-Mir y Domene señalan en la investigación que Cataluña dispone de capacidades científicas, institucionales y sociales para avanzar en el desarrollo de este tipo de mecanismos, siempre que se planteen de forma rigurosa, adaptada a las especificidades territoriales e integrada con las políticas públicas existentes.

Los pagos por servicios ecosistémicos pueden contribuir así a conservar los sistemas naturales, reforzar la resiliencia socioecológica, diversificar las economías locales y reconocer el papel de las personas que gestionan el territorio en la generación de beneficios ambientales para el conjunto de la sociedad.

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