Von der Leyen da marcha atrás en su propuesta para el Marco Financiero Plurianual para dar más peso a las regiones y al medio rural

Ursula Von der Leyen ha dado marcha atrás en su propuesta de presupuesto europeo para el periodo 2028-2034, valorado en 1,8 billones de euros, después de que los principales grupos del Parlamento Europeo —incluidos conservadores, socialistas, liberales y verdes— amenazaran con vetarla. El Parlamento Europeo exigía un presupuesto más equilibrado territorialmente, que debía revisarse a fondo para reforzar la cohesión y dar mayor protagonismo a las regiones rurales.

El giro se formalizó este domingo, cuando Von der Leyen envió una carta a la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, y a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en nombre de los 27 Estados miembros. En ella presentó un paquete de correcciones destinado a apaciguar las críticas y a reforzar la implicación de las regiones y del sector agrícola en el diseño de los fondos europeos.

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En su versión inicial, el plan presupuestario apostaba por fusionar los fondos agrícolas y regionales en un solo bloque gestionado directamente por los gobiernos nacionales. Esa concentración de poder en los Estados miembros, que dejaba al Parlamento fuera de la supervisión y reducía la autonomía de las regiones rurales, encendió las alarmas en la Eurocámara. Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, se situó al frente de la rebelión interna, acusando a la Comisión de “vaciar de contenido” las políticas de cohesión y el apoyo al campo europeo.

Para contener la crisis, Von der Leyen ha ofrecido una serie de compromisos que revalorizan el papel de los territorios rurales en la arquitectura del presupuesto comunitario. Las regiones tendrán ahora representación en las reuniones de planificación entre gobiernos y la Comisión, y se introducen salvaguardas para evitar recortes en las ayudas a los territorios más desarrollados, manteniendo la financiación destinada a las zonas más desfavorecidas.

La novedad más destacada es la creación de un “objetivo rural”, una cláusula que obligará a los Estados a destinar al menos un 10% de los fondos a políticas agrícolas, sostenibles y de revitalización de las áreas rurales. Este mecanismo, que complementará los 300.000 millones ya previstos para la Política Agrícola Común, busca fortalecer los vínculos entre la transición verde y el equilibrio territorial. Además, Von der Leyen propone un “mecanismo de dirección” que otorgará al Parlamento mayor control sobre las prioridades de gasto y los criterios de gobernanza.

Respecto a la Política Agraria Común, extraemos lo que recoge la carta de la Presidenta de la Comisión Europea:

“La política agrícola común sigue estando definida por objetivos comunes a escala de la UE y requisitos políticos comunes para garantizar unas condiciones de competencia equitativas. Para reforzar la identidad y salvaguardar el carácter común de la política agrícola común, determinadas disposiciones consagradas en el Reglamento sobre los planes de asociación nacionales y regionales (Reglamento PNR) podrían integrarse en el Reglamento sectorial sobre la política agrícola común junto con un conjunto de definiciones para garantizar la coherencia de las políticas, manteniendo al mismo tiempo los beneficios de la programación integrada y el conjunto común de normas en el marco del Reglamento PNR. Además, también podría introducirse un objetivo que garantice la continuidad de la inversión en las zonas rurales, «un objetivo rural», para garantizar la financiación de estos territorios que contribuyen a la cohesión económica, social y territorial de las zonas rurales. La participación de las autoridades regionales, como se ha explicado anteriormente, preservará el papel bien establecido de las regiones en la aplicación de la PAC”.

Roberta Metsola valoró las modificaciones como “un avance positivo” y definió la reunión con Von der Leyen como “constructiva”, aunque insistió en que aún hay cuestiones abiertas sobre el papel de las autoridades regionales y la gobernanza del marco financiero. En su mensaje posterior en la red social X, Von der Leyen defendió que los cambios “fortalecen los objetivos en tres áreas clave: el papel de las regiones, la identidad de la Política Agrícola Común y la calidad de la gobernanza”.

La propuesta revisada se someterá a votación este miércoles en la Eurocámara, donde las divisiones persisten. Aunque algunos miembros del PPE consideran que el giro hacia el desarrollo rural “va en la buena dirección”, otros diputados conservadores, socialistas y verdes reclaman compromisos más tangibles. “La pelota está en el tejado de la Comisión”, advirtió el vicepresidente del PPE, Siegfried Muresan, mientras su compañero Herbert Dorfmann reconocía que “las medidas son un paso adelante para garantizar una Europa más rural e inclusiva”.

El cambio de rumbo, sin embargo, no está exento de tensiones. Algunos gobiernos nacionales interpretan la maniobra de Von der Leyen como una cesión excesiva al Parlamento y una alteración del equilibrio institucional con el Consejo Europeo. “Es una victoria política del Parlamento frente al Consejo”, admitió un diplomático europeo, que no descarta resistencias si se abre un nuevo borrador presupuestario.

Pese a ello, otras voces dentro de la UE valoran el movimiento como una corrección necesaria. “El desarrollo rural no es una cuestión sectorial, sino estructural”, subraya otro diplomático comunitario. “Reforzar la voz de las regiones y del mundo rural es esencial para mantener la cohesión europea y la legitimidad del proyecto común.”