Punto final a las cámaras agrarias

La Generalitat Valenciana acaba de crear la comisión liquidadora de las cámaras agrarias provinciales de la Comunitat Valenciana y ha establecido el procedimiento para su desmantelamiento. La conselleria asume las competencias exclusivas en materia de agricultura y, por tanto, de estas corporaciones. Pone fin a casi medio siglo de historia de unas entidades obsoletas y sin apenas funciones en los últimos años.

La Generalitat inicia el desmantelamiento de las tres cámaras agrarias provinciales de la Comunitat Valenciana, unos organismos con casi medio siglo de historia aunque en la actualidad sin apenas competencias profesionales, recursos humanos ni medios materiales y cuyas sedes locales y comarcales han sido absorbidas por ayuntamientos y la administración autonómica con el paso de los años. La definitiva extinción de estas entidades de derecho público, claves para el desarrollo y la protección del medio agrario a través del servicio de guardería rural en otros tiempos, se materializará en los próximos meses con la liquidación de los inmuebles de Valencia, Castelló y Alicante.

El veterano agricultor y último presidente de la Cámara Agraria de Valencia, José Luis Rodrigo, máximo responsable de esta corporación durante las últimas tres décadas, lamentaba ayer en declaraciones a Levante-EMV el punto final decretado por el Consell de unas instituciones "que han ido perdiendo sus funciones en medio de la desidia de los dirigentes políticos". Hasta hace poco más de un año, recuerda Rodrigo, cuando cesaron su actividad por los recortes económicos del Consell, realizaban tareas administrativas y de asesoramiento en organismos del campo, como el seguimiento y control de la sociedades agrarias de transformación (SAT), así como la asesoría jurídica en asuntos de derecho agrario. El presidente de la Cámara Agraria de Valencia era miembro permanente del tribunal de expropiaciones forzosas, así como del observatorio de derecho civil en la conselleria de Gobernación o representante de la junta del parque natural de la Albufera, entre otros cargos.

El recorte presupuestario del Consell para 2013 dejó sin subvenciones a las entidades provinciales, cuya situación resultaba insostenible por las deudas de la Generalitat de ejercicios anteriores y provocó en marzo de 2012 la dimisión de Rodrigo.

Estas asociaciones fueron constituidas en su mayoría a mediados de los setenta como herederas de las funciones de los sindicatos verticales agrarios de la dictadura de Franco. Con todo, ni siquiera convocaron elecciones desde hace tres décadas y sus representantes (elegidos por organizaciones agrarias y ayuntamientos) en los órganos de gobierno tampoco fueron renovados. La media de edad de sus miembros superaba los setenta años.

La conselleria anunció en las Corts que las funciones de estas cámaras serían asumidas por la propia administración autonómica dentro de las estructuras territoriales. Las entidades empleaban hasta hace poco a tan sólo a una decena de administrativos, que han pasado a la estructura de la conselleria del ramo, ahora gobernada por José Císcar. Esta administración se ahorrará unos 200.000 euros anuales con la supresión de los citados organismos.

La cámara agraria valenciana -con un céntrico inmueble urbano de 600 metros cuadrados- ha ido vendiendo parte de su patrimonio inmobiliario durante los últimos años, con lo que