Propuestas del Foro de Acción Rural para la participación de la sociedad civil en las políticas de desarrollo rural

La participación es un elemento imprescindible para lograr integrar los diversos intereses -sociales, económicos y ambientales- que tienen que abordar las políticas públicas, propio de una democracia moderna. En el caso de una de las principales políticas que afectan al medio rural, la de la programación de los fondos europeos 2014 - 2020, dicha participación es además una exigencia incluida en la normativa comunitaria y de obligado cumplimiento para las autoridades públicas. Éstas deben asegurar la implicación y participación de todos los interesados en el proceso de diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas relacionadas con el medio rural.

Así queda establecido en el Reglamento delegado para el Código de Conducta Europeo sobre las Asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. En materia de medio ambiente -una de las prioridades a incluir en la programación de desarrollo rural- el Convenio de Aarhus sobre "acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente", en vigor en España desde 2005, establece también disposiciones al respecto. Además, las redes oficiales para el apoyo al diseño, aplicación y evaluación de las políticas de desarrollo rural (Red Europea de Desarrollo Rural y Redes Rurales Nacionales) incluyen durante este periodo de programación 2014-2020 el objetivo específico de mejorar la participación en la aplicación de políticas de desarrollo rural.

El Foro Acción Rural (FAR) considera que sin una auténtica participación de todos los interesados en la política que atañe al medio rural, difícilmente se alcanzarán los objetivos previstos. Entendemos que las administraciones estatal, autonómicas y locales son las encargadas de poner en marcha procesos participativos plurales y transparentes, así como de integrar en la programación los resultados reales de dichos procesos y que la Comisión Europea es, en última instancia, responsable de que esto así suceda, velando por el cumplimiento de la legislación europea mencionada. Por ello, se redacta el siguiente documento, que incluye reglas básicas sobre la participación y propuestas específicas para la programación FEADER. Además, se solicita la creación de un Grupo de Trabajo dentro de la Red Rural Nacional, que subsane las carencias detectadas hasta la fecha y potencie las oportunidades existentes, y más allá se propone la creación de una Mesa Estatal del Medio Rural, para mejorar la participación y gobernanza.

Desde el Foro de Acción Rural se solicita apostar por un Desarrollo Local Participativo (DLP) en base a, entre otras cosas, garantizar una representatividad adecuada de la sociedad civil en los Grupos de Acción Local y el empoderamiento de la población, con canales eficaces de comunicación, gobernanza y participación, que deben incluirse en todos los LEADER.

Mesa Estatal del Medio Rural

La escasa presencia del mundo rural en la vida política, en los medios de comunicación y en los ámbitos de decisión es un agravio para el 80% del territorio y la quinta parte de la población del conjunto del Estado. El envejecimiento, la masculinización, la desertificación, el despoblamiento, los recortes en los servicios, la falta de rentabilidad de la agricultura y la ganadería o el abandono del monte, son algunos de los principales problemas en el medio rural español. Para solventar esta problemática y alcanzar un auténtico modelo de desarrollo rural sostenible, debe apostarse por la igualdad de oportunidades de las mujeres y los jóvenes rurales, el empoderamiento de la población local y el fomento de la participación de la sociedad civil, al tiempo que se mejora la calidad de los servicios a la población local. Para ello es necesaria una lógica coherente en la articulación de las políticas -más allá de FEADER-, que se asiente sobre decisiones consensuadas en espacios de encuentro y debate sobre el futuro del medio rural, a la búsqueda de objetivos sociales, económicos y ambientales comunes.

Para generar este espacio de participación el Foro Acción Rural propone la creación de una "Mesa Estatal del Medio Rural". Dicha Mesa debería aportar información sobre temas cruciales para el territorio y la población rural, que permita debatir propuestas legislativas y consultar e intercambiar puntos de vista sobre la incidencia de la aplicación de las políticas en el medio rural (incluyendo los vínculos existentes entre ambos pilares de la PAC, legislación ambiental, de ordenación territorial, etc.). Estaría constituida por las entidades representativas de la sociedad civil, las administraciones públicas competentes en el ámbito estatal, autonómico y local y expertos en la materia. Debería regularse normativamente y depender orgánicamente de Presidencia de Gobierno.

Existen carencias en los procesos participativos, como la dificultad para disponer de toda la información agregada sobre el estado de aplicación de los diversos PDR, dada la propia estructura de la programación y yendo más allá de los datos disponibles para los miembros de los diversos Comités de Seguimiento. Por ello el Foro de Acción Rural propone la creación, en el seno de la Red Rural Nacional, de un "Grupo de trabajo para el análisis, evaluación y formulación de propuestas sobre la programación estatal y autonómica FEADER 2014 - 2020". El enfoque de este Grupo sería diferente a los Comités de Seguimiento de los PDR respectivos, al abordar cuestiones desde una óptica global y permitir aglutinar toda la información fragmentada y dispersa en los diferentes programas, teniendo así la posibilidad de trabajar sobre aspectos comunes de la programación, que tienen desarrollos diferentes en los respectivos ámbitos autonómicos y nacional.

LAS DIEZ REGLAS DE ORO DE LA PARTICIPACIÓN

Una participación de calidad de la sociedad civil en las políticas del medio rural requiere:

1. Identificar y buscar la implicación de los agentes económicos, sociales y ambientales, a través de un proceso transparente, asegurando la pluralidad, legitimidad y representatividad de todos los intereses.

2. Otorgar a todas las partes del proceso el mismo estatus y derechos.

3. Implicar, en tiempo y forma adecuada, a los socios en todo el proceso, garantizando su participación en todas las etapas -incluidas la de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación-.

4. Garantizar el derecho al voto de las entidades representativas de la sociedad civil y que su valor porcentual sea al menos equivalente al que ostentan las administraciones públicas.

5. Reactivar o habilitar los canales de interlocución necesarios con todos los interesados, contemplando dinámicas de facilitación de procesos o incluso de resolución de conflictos, si fuese necesario, para asegurar el consenso en la toma de decisiones. Del mismo modo, disponer de medios telemáticos para facilitar la participación a distancia de los socios.

6. Proporcionar a todos los socios la misma información, al mismo tiempo, de manera adecuada y asequible. En este sentido, debe facilitarse el acceso vía web a las diferentes versiones de los documentos elaborados, remitidos a la Comisión Europea, empleando herramientas de control de cambios para facilitar la revisión de los mismos. Debe, además diseñarse un registro público de transparencia, que incluya información sobre las reuniones mantenidas, asistentes y conclusiones a lo largo de toda la programación.

7. Establecer unos plazos de tiempo en el proceso de consulta razonables.

8. Ofrecer a todos los miembros una capacitación continua y los recursos necesarios para garantizar una participación efectiva y de calidad, incluyéndose entre otros costes de viaje, alojamiento y otros derivados de la implicación en el proceso.

9. Incluir respuesta motivada a todas las alegaciones presentadas por las entidades interesadas y participantes en el proceso, para entender cómo, de qué forma y por qué las mismas han sido o no tenidas en consideración.

10. Emplear un listado de indicadores sobre participación y gobernanza, que permitan medir la calidad del proceso participativo y, en su caso, adoptar las medidas correctoras oportunas para asegurar la implicación efectiva de todos los interesados.