Polémica reforma de la Ley de Montes

Artículo de Miguel Ángel Ruiz Parra publicado originalmente en La Verdad.

Nueva controversia entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las organizaciones ecologistas, esta vez con motivo de la reforma de la Ley de Montes, aprobada ayer por el Gobierno, y que introduce la posibilidad de cambiar el uso de los terrenos forestales incendiados si existen "razones imperiosas de interés público". Según la ministra, Isabel García Tejerina, esta cláusula disuadirá a posibles incendiarios (en el caso de terrenos donde vaya a construirse una infraestructura pública, como una carretera), pero los conservacionistas opinan todo lo contrario: aumentará el riesgo de fuego para poder edificar.

La ley vigente, firmada en 2006 por la entonces ministra socialista Cristina Narbona, impide construir en zonas afectadas por el fuego durante los 30 años posteriores al incendio (salvo que hubiera ya trámites aprobados). La responsabilidad de autorizar los cambios forestales recaerá en las comunidades autónomas. Además, el nuevo texto clasifica los montes en cuatro categorías (en función de si son públicos o privados, y según su interés público), simplifica los procedimientos de gestión, regula los montes de socios y crea la figura de las sociedades forestales. Os resumo algunas de las reacciones a esta reforma legal (con información de la agencia Efe).

Isabel García Tejerina. La reforma persigue tres objetivos: mayor protección de la biodiversidad, prevención de incendios y lucha contra el cambio climático, y también facilitar el aprovechamiento económico de los recursos de los montes.

Ecologistas en Acción. La ley no introduce mejoras sustanciales para la gestión de los bosques, invade competencias autonómicas al incorporar regulaciones cinegéticas y supone un retroceso. Con el nuevo texto, añaden, se lamina la medida de precaución recogida en la ley de 2006, y crece el riesgo de que "se vuelvan a provocar incendios para permitir la construcción en zonas quemadas".

WWF. Rechaza la iniciativa porque no soluciona las dos asignaturas pendientes: gestión y desarrollo rural de las regiones forestales. También critica la opción de recalificar los terrenos quemados.

SEO/BirdLife. Se centra en aspectos productivos del monte que benefician a reducidos intereses sectoriales y relega el interés público y las funciones sociales y ambientales de los sistemas forestales. Desmonta avances de la ley anterior, como la necesidad de que todos los montes tuvieran plan de gestión o la prohibición de que fuera posible cambiar el uso del suelo en montes incendiados.

Colegio de Ingenieros de Montes. Su decano, Carlos del Álamo, confía en que la ley sirva para potenciar la actividad económica de los montes y se incentive a sus dueños (el 70 % privados) a mejorar su rendimiento y crear empleo.

Red Española de Municipios Forestales (Remufor). Aplaude el proyecto por simplificar la burocracia en la gestión de los bosques e incluir las sociedades forestales mixtas. Su presidente, Santiago Arévalo, cree que esta norma es una "versión mejorada" de la anterior, si bien hay aspectos importantes que a su juicio se han quedado fuera.

Red Estatal de Desarrollo Rural. Su secretario, Felipe González de Canales, considera positiva la nueva regulación para ayudar a revertir los "problemas de rentabilidad de los bosques" y fomentar su diversificación económica.