Las organizaciones agrarias piden que el Gobierno y la Junta de Castilla y León cofinancien al 50% el desarrollo rural

Por una u otra cuestión, los programas de desarrollo rural (PDR) no dejan de acaparar titulares. Si el pasado mes de enero el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) confirmaba que su aportación para los mismos, la denominada cofinanciación, se iba a reducir del 50% al 30% y el resto lo tendrían que asumir las comunidades, esta misma semana se ha conocido que Castilla y León va a perder 369 millones de euros estatales para el periodo 2014-2020 gracias a los nuevos recortes ministeriales.  

Las organizaciones profesionales agrarias se pronuncian al respecto y Donaciano Dujo, presidente de Asaja, afirma que "el ministerio ha metido un gol a las comunidades". Según su planteamiento, "dimos la bienvenida a que iba a venir más dinero a Castilla y León pero lo que más nos preocupaba era la nueva financiación que se había impuesto". Insiste en que "esto va a obligar a las comunidades a poner una partida muy grande y lo van a tener difícil" por lo que en su opinión, se debería mantener la financiación como hasta ahora, 50% para el Estado y el mismo porcentaje para las autonomías.  

Uno de los coordinadores de la Alianza UPA-COAG, Julio López, recuerda que "esto es algo que ya denunciamos, se confirman nuestras cuentas", al tiempo que afirma que "es algo catastrófico para Castilla y León porque se nos cierran todas las puertas a la incorporación de jóvenes o a la modernización de explotaciones y esto al final, nos lleva a la despoblación del medio rural".  

Añade que "esto va a hacer mucho daño a los profesionales que es a los que se destinan esos fondos", y cuestiona que la comunidad vaya a tener capacidad para financiar esos programas tal y como propone el ministerio: "esa cofinanciación del 30-70% es imposible, y cuanto antes, queremos que la consejera nos diga con pelos y señales lo que se va a perder".  

Para el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, considera que "esto es una negociación entre el ministerio y las comunidades y el acuerdo no es inamovible por lo que se está a tiempo de renegociar".