Hacer 'inteligentes' los territorios rurales a través de un Plan Nacional

Artículo del ingeniero agrónomo Ricardo Migueláñez, publicado en euroganadería.eu.

A finales del pasado mes de diciembre, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital  (Minetad) presentó el denominado Plan Nacional de Territorios Inteligentes (PNTI) 2017-2020, que tiene, entre otros objetivos, impulsar el desarrollo tecnológico del medio rural para la mejora, a su vez, de su desarrollo económico, social y ambiental, y como uno de los factores, que no el único, con el que contribuir a frenar la imparable despoblación de nuestros pueblos.

El Gobierno ha afirmado recientemente que la digitalización del medio rural es uno de sus objetivos prioritarios y estratégicos. En la convocatoria del pasado año, a través del  Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) 2013-2017, se concedieron ayudas a 138 proyectos de 33 operadores, que invirtieron 169,4 millones de euros, de los que 105 millones fueron ayudas públicas.

En este Plan Nacional de Territorios Inteligentes, más de un 30% de los fondos previstos, unos 51,3 millones sobre 170 millones de euros, se quieren destinar a la acción 4 "Territorios rurales inteligentes", a lo que habría que sumar fondos de otras acciones previstas y con incidencia en el medio rural, como la de "Servicios públicos 4.0 en plataformas de ciudad y mundo rural", dotada con 10,4 millones de euros; la de "Expansión de la tecnología 5G", con otros 10,2 millones, o incluso la de "Destinos turísticos inteligentes", con 60,4 millones.

Actualmente, referirse a municipios o territorios rurales es hablar de un problema que remite a la pérdida y envejecimiento de su población. El  82,8% de los territorios existentes en nuestro país son rurales y ocupan el 72,8% de la superficie total del país. Es obligado reconocer que el primer problema a afrontar para frenar la despoblación es la "provisión territorializada de todos los servicios públicos a una población escasa y dispersa, con las dificultades y costes que acarrea. Este problema incluye barreras a la implementación de programas sociales y en el despliegue de infraestructuras básicas (vías de transporte terrestre, energía, suministro de agua, telecomunicaciones, etc.)".

En respuesta a esta situación, se plantea que la lucha contra la despoblación inspire la totalidad de las políticas, de forma que se consiga revertir la misma. Mientras que en las denominadas "ciudades inteligentes" ("smart cities"), el problema radica en la gestión de la concentración de sus habitantes y sus posibles demandas intensivas de servicios, en los municipios y territorios rurales, el problema es la gestión de la dispersión de la población y sus dificultades para acceder a servicios públicos e infraestructuras, debidas en algunos casos, a su especial orografía.

Sin desarrollo económico

El segundo problema del medio rural está vinculado al "desarrollo económico" o, mejor dicho, a la falta de desarrollo económico, lo que ha supuesto que mujeres y jóvenes busquen migrar a otros territorios en los que puedan encontrar trabajo. Con su marcha disminuye la población del municipio y se cercena, casi de raíz, la natalidad, agravando el envejecimiento de sus habitantes.

En el marco de este Plan se considera posible mitigar algunos de estos problemas públicos, atendiendo a la elaboración de políticas o programas dirigidos al ámbito territorial que consideren sus características y las de su población.

En este contexto, la despoblación viene acompañada por la menor presencia de determinados servicios públicos, lo que fractura la cohesión social de los territorios. Se trata de un problema que deber abordarse de manera urgente, dada "la mermada capacidad de estos territorios para hacer ingresar en la agenda de los gobiernos su visión de los problemas."

Un modelo de intervención en el ecosistema rural debería incluir, entre otras cosas: a) la caracterización adecuada de los municipios rurales; b) identificar "aspectos de prestación territoriales"; c) procurar la igualdad en la provisión de los servicios públicos, y d) el fortalecimiento institucional para dar soporte al proceso de desarrollo económico rural.

Es de sobra conocido que los problemas poblacionales son la característica central de estos territorios, pero en la caracterización de los municipios rurales deben considerarse otros factores, como que su actividad fundamental está encuadrada dentro del sector primario.

Se constata también que las instituciones de gobierno tienen dificultades para prestar servicios básicos a sus habitantes o no cuentan con las infraestructuras necesarias para ello, tanto de los servicios basados en prestación directa (sanidad, educación, atención a los mayores, etc.), como de los servicios basados en la tramitación a través de medios electrónicos (ayudas agrícolas, becas, etc.). Sus habitantes tarden más de 45 minutos en llegar al municipio que les pueda prestar los servicios básicos de sanidad y educación y también se señalan aspectos culturales y de identidad de estas comunidades y del conjunto de aportaciones que representan para la sociedad.

Prestación de servicios

Además, de identificar los "espacios de prestación territoriales", que generan una mejor prestación de los servicios públicos y privados, se deberá procurar la igualdad en la provisión de tales servicios para que estos territorios puedan ejercer plenamente sus derechos y mantener su cohesión social. Entre todos los servicios públicos, hay que hacer hincapié en que los más necesarios son los correspondientes a ladotación de infraestructuras básicas de comunicaciones terrestres y telecomunicaciones, ya que ayudan a minorar el resto de carencias.

Los problemas que afectan a los municipios y territorios rurales, sobre todo el poblacional, requieren de instituciones fuertes, con capacidades y competencias para elaborar políticas y programas públicos, que avancen en la resolución de los mismos.

El papel de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en la resolución de los dos tipos de problemas (despoblación y desarrollo económico) en los territorios rurales radica en ayudar a mitigar sus causas y, en primer lugar, hace necesario establecer recomendaciones mediante el desarrollo de normativa técnica  (norma Y. SRC "Smart Rural Communities" (UIT)  o la que se está redactando en el seno del grupo de trabajo "Gobierno y Servicios Públicos 4.0", del CTN 178 de "Ciudades Inteligentes" de la UNE para la gestión inteligente de territorios rurales).

En base a lo analizado, se lanzará un proyecto piloto que defina, desde su puesta en marcha, un modelo para la prestación de los servicios públicos en los territorios rurales, para lo cual se ha previsto un presupuesto de 11 millones de euros. Luego, se realizará una convocatoria, con un presupuesto estimado de 40 millones de euros, que se complementarían, en lo que a prestación de servicios públicos se refiere, con un presupuesto previsto de 10,4 millones de euros en el apartado Servicios Públicos 4.0 para plataformas de ciudad y mundo rural.

Para identificar y difundir los problemas del mundo rural y la prestación de servicios públicos, el PNTI prevé organizar, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un congreso que promueva la colaboración en su resolución y conocimiento. Y también, con el fin de orientar la actuación en este ámbito, se constituirá un grupo de trabajo en el seno del CTN 178, formado por la Comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico y la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Mapama, que se ampliará a todos los órganos de la Administración General del Estado (AGE) competentes en este ámbito.

La primera actuación propuesta, como se recoge en el PNTI 2017-2026, es la elaboración de un estudio que permita analizar el éxodo de la población joven y femenina de las zonas rurales y la situación de los emprendedores rurales, entre los que las mujeres tienen un papel destacado.  Para delimitar las poblaciones rurales y urbanas con la mayor exactitud posible, se realizará un estudio, utilizando metodología de Eurostat, que establezca la demarcación de unas zonas y otras, sin tener en consideración las delimitaciones poblacionales administrativas. Esta actuación se realizará en colaboración con la Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico, sobre datos censales de 2016.