FSC pide que la reforma de la Ley de Montes afronte el 'abandono' forestal de España

El presidente de Forest Stewardship Council (FSC) en España, Gonzalo Anguita, ha dicho ha EFE que la anunciada actualización de la Ley de Montes debería ser aprovechada para afrontar "el abandono" que, en su opinión, padece el sector forestal en España. El representante español de FSC, principal organización no gubernamental mundial para la certificación del buen uso ambiental y social de las explotaciones forestales, ha destacado en una entrevista con EFE que sólo un 13 por ciento de los bosques se gestiona de forma ordenada en España, por lo que la mayoría de las masas forestales españolas "o están abandonadas o se explotan de forma insostenible". En su opinión, la anunciada actualización de la Ley de Montes supone una ocasión propicia para abordar un mejor uso del patrimonio forestal español, que hace unas décadas aportaba un destacable valor económico, social y ambiental pero que hoy "está abandonado", en especial por las administraciones, y sufre graves problemas de minifund

Anguita, quien participa en la VII Edición de la Asamblea General de FSC que se celebra esta semana en Sevilla, ha destacado que la recuperación de las masas forestales españolas resulta ahora más crucial aún porque suponen una valiosa alternativa contra el cambio climático

Las masas forestales resultan fundamentales porque fijan grandes cantidades de carbono y son generadoras de oxígeno, así como para mantener, e incluso recuperar, la cada vez más diezmada población del medio rural, ha especificado.

Impulsar la certificación y una mayor armonización de las legislaciones de las CCAA

"La certificación forestal promueve la actividad económica, el empleo verde y la creación de empresas en el mundo rural y además suele aportar un mejor precio final de los productos certificados", porque avala que se han generado con garantía ecológica y ayudando a la conservación de la Red Natura 2000, ha opinado Anguita.

Ha añadido que la actualización de la Ley de Montes no sólo debe de impulsar la certificación de la sostenibilidad forestal -e incluso exigirla en todas las compras públicas- sino que también debería favorecer una mayor armonización de las legislaciones autonómicas forestales que conviven en España.

Al mismo tiempo, Anguita ha reclamado un mayor esfuerzo presupuestario de las administraciones para revitalizar la gestión forestal, en especial de los fondos de la UE.

Junto a estas iniciativas públicas, FSC también reclama una mayor concienciación del consumidor español para que aplique sus preocupaciones ambientales y éticas a la hora de elegir un producto proveniente del mundo forestal.

En este sentido, reclama también que el consumidor exija la certificación FSC, que confirma que el bien adquirido se ha producido "de forma ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable".

La importancia que tiene en el sector del corcho

Anguita ha señalado la importancia que la certificación forestal FSCaporta en sectores como el corcho, donde se promueve el uso de material certificado para tapones de la industria bodeguera, una certificación que aumenta del cinco al quince por ciento el valor de la producción corchera certificada.

También ha recordado la aportación de esta certificación para la industria de la biomasa, en especial para la generada con residuos agrícolas, aunque ha matizado que FCC no certifica la transformación de masas forestales autóctonas para cultivar especies de rápido crecimiento destinadas a plantas de generación energética.

FSC certifica actualmente más de 182 millones de hectáreas forestales en todo el mundo y en España, donde su nivel de implantación es inferior al de los países más desarrollados, lo hace en 190.000 hectáreas de 622 empresas, de ellas casi 30.000 certificadas el pasado año, pese a la crisis económica.

El 36 por ciento de los productos forestales certificados por FSC en España, donde su actividad comenzó en 1998 impulsada por la organización conservacionista WWF, pertenece al sector de las artes gráficas e impresión y otro 37 por ciento a la industria de la madera y el mueble.