Aprobada la Ley de Montes: los bosques españoles ya tienen nueva regulación aunque no del gusto de todos

Los bosques españoles, que reverdecen más del 54 % de la superficie del país, están regulados desde hoy por una nueva Ley de Montes, impulsada por el Gobierno para mejorar los usos forestales, y rechazada por la oposición y parte de la sociedad civil por suponer "un paso más del PP hacia la desprotección ambiental".

El Parlamento ha aprobado definitivamente esta tarde una de las reformas ambientales más polémicas y que más debate ha generado en la Legislatura, tanto por su propio contenido como por incorporar, tras su paso por el Senado, la regulación del trasvase Tajo-Segura, en cumplimiento de una sentencia del Constitucional.

La modernización de la gestión forestal y la mejora de los aprovechamientos del bosque ha sido uno de los principales argumentos defendidos por el PP para la modificación de la ley anterior, de 2006.

Proteger la biodiversidad, prevenir incendios, luchar contra el cambio climático y mejorar los usos son los fines que persigue la regulación impulsada por el Gobierno, que pretende armonizar el desarrollo económico con la conservación de las 27,7 millones de hectáreas de bosque que posee el país.

Desregula y desprotege

No comparten su postura ni la inmensa mayoría de las ONG ambientales, ni ingenieros, biólogos, agentes forestales, sindicatos y grupos de la oposición parlamentaria para quienes esta reforma "desregula y desprotege el monte con el único fin" de eliminar barreras "a determinadas actividades económicas y urbanísticas".

Tres de los aspectos ambientales que más rechazo han generado en los citados sectores, a pesar de haberse suavizado considerablemente desde el borrador inicial, son los que atañen a la "degradación" de los agentes forestales, a la recalificación de montes quemados y a la no obligatoriedad de realizar planes de gestión de los montes en aprovechamiento.

Desde ahora, los agentes ambientales sólo podrán denunciar infracciones administrativas en primera instancia a pesar de que en muchas Comunidades Autónomas no exista nadie por encima de ellos que pueda seguir adelante con la denuncia, por lo que la oposición entiende que se "limita su capacidad de vigilar, investigar y llevar a los tribunales los delitos ambientales".

Los socialistas, que se han comprometido a que esta será una de las primeras leyes que deroguen si gobiernan, consideran que la norma abre las puertas a la especulación urbanística con el suelo quemado, causante de algunos de los mayores incendios.

Y es que frente a la anterior limitación de 30 años para construir en suelo quemado, se permite la recalificación siempre que las Comunidades Autónomas lo estimen de interés público.

Los beneficiados

¿A quién favorece la reforma de esta Ley? Los ecologistas apuntan al sector de la celulosa ya que "establece menores controles para realizar cultivos forestales intensivos que para repoblar un bosque con especies autóctonas", y al sector cinegético", ya que incluye una estrategia para fomentarla caza.

El PP niega las críticas y acusa a quienes las hacen de "machacones", de "poseer un concepto rancio del monte, como algo que, porque es de todos, no se puede tocar" y de "falta de sensibilidad con los propietarios y habitantes del mundo rural, queriendo limitar sus posibilidades de desarrollo".

"Esta ley ni degrada a los agentes forestales, ni suprime planes ordenación de los montes, ni recalifica urbanísticamente bosques quemados", incide el PP, para quien la norma "armonizará" el desarrollo económico con la conservación del monte.

Los ecologistas le responden que "utilizando esta Ley para blindar el trasvase Tajo-Segura" se "saltan" tres directivas: Agua, Evaluación Ambiental, e Información y Participación Pública; que establecen procedimientos por los que, en su opinión, debería pasar una infraestructura de ese calibre.

La Izquierda Plural ha insistido en esta última crítica en el debate parlamentario ya que indica, para ellos, "poco respeto hacia los ciudadanos".

Quienes se oponen a la nueva norma que regirá los bosques lamentan, ante todo, que el Gobierno haya "desaprovechado" una oportunidad de oro para impulsar el desarrollo rural a través de los bosques, así como de convertir los espacios forestales españoles en emblema de desarrollo sostenible.