REDR

El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado por 465 votos a favor, 29 en contra y 131 abstenciones, su informe sobre la Comunicación de la Comisión Europea sobre una «Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE», con el objetivo de hacer frente a desafíos como la despoblación o la brecha digital, y conseguir que sean más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas de aquí a 2040. La eurodiputada Clara Aguilera, portavoz socialista de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en la Eurocámara, ha acogido con satisfacción la aprobación de esta resolución: "Las zonas rurales son clave para el futuro de Europa y para las transiciones verde y digital".

El texto aborda los retos a los que se enfrentan estas áreas, pero también las nuevas oportunidades para sus habitantes. "Estos territorios son esenciales para garantizar nuestra producción y autonomía alimentarias y salvaguardar nuestros recursos naturales, paisajes y biodiversidad, así como nuestro patrimonio cultural", ha destacado. Aunque Aguilera ha valorado positivamente esta Comunicación que la Comisión Europea presentó en junio de 2021 sobre cómo impulsar el desarrollo de las zonas rurales de la UE, también ha criticado que haya llegado «con tanto retraso y con la reforma de la PAC ya negociada».

Las áreas rurales abarcan en torno al 83 % de la superficie total de la Unión y albergan 137 millones de personas, tan solo el 30,6 % de la población de la UE. Tras las dificultades económicas y las desigualdades generadas por la pandemia, ahora estas zonas también se están viendo afectadas por la guerra en Ucrania. "Los ciudadanos rurales deben beneficiarse de unas condiciones equitativas para lograr sus objetivos profesionales, sociales y personales, prestando especial atención a los grupos más vulnerables", subraya Aguilera. Por eso, apunta, "es imperioso realizar inversiones e intervenciones políticas específicas a escala nacional, regional y local que fomenten la renovación generacional efectiva y aborden la brecha de género". En este sentido, hay que poner de relieve «la fructífera trayectoria de los Grupos de Acción Local que durante décadas han hecho posible el desarrollo del Programa LEADER, y ello a pesar de la falta de voluntad política de algunos gobiernos regionales en España».

Este informe abarca desafíos como la disminución y el envejecimiento de la población, la reducción de las oportunidades para obtener un empleo de calidad, la falta de acceso a servicios de interés general de alta calidad, las presiones climáticas y medioambientales, una menor conectividad y un acceso limitado a la innovación. "Los hogares de algunas zonas rurales siguen sin tener acceso a los servicios básicos esenciales, en particular los servicios de agua y saneamiento, mientras persisten diferencias entre los Estados miembros", ha lamentado Aguilera.

Pacto Rural y Observatorio Rural

La resolución de la Eurocámara acoge favorablemente el anuncio de un Observatorio Rural para mejorar la recopilación y el análisis de datos sobre las zonas rurales, así como la nueva iniciativa del Pacto Rural, que tiene por objeto «movilizar a las autoridades públicas y a las partes interesadas para que actúen en función de las necesidades y aspiraciones de los habitantes de las zonas rurales». Aguilera ha calificado ambas iniciativas como «importantes» pero no suficientes, "mientras no llevemos a cabo una acción política territorial en estas zonas y no abordemos sus problemas con una mirada horizontal y no sectorial".

La eurodiputada también ha puesto el foco en el "creciente descontento entre las poblaciones rurales, que consideran que sus necesidades no se tienen suficientemente en cuenta en la toma de decisiones políticas". "Esperamos que se actúe desde la Comisión Europea, con un enfoque global de las políticas y acciones a escala de la UE para las zonas rurales, combinado con los ámbitos nacionales, regionales y locales», ha remarcado. «Espero que la Comisión promueva una propuesta legislativa, el próximo año, que facilite la posibilidad de aplicar el enfoque de «Fondo principal» a las intervenciones cofinanciadas por más de un fondo de gestión compartida, y así facilitar la aplicación de políticas integradoras en las zonas rurales», señala Aguilera.