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Mercedes Molina, catedrática de Geografía: «España ha marginado al medio rural en las políticas de Estado»

07/10/2019 Área: Desarrollo rural Fuente: El Mundo

  • Catedrática emérita de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Ex decana de la Facultad de Geografía e Historia y ex vicerrectora de la UCM. Autora de cientos de artículos científicos y de varios ensayos de referencia sobre el medio rural en España.

Entrevista de Raúl Conde, publicada en El Mundo.

Natural de Soria, la geógrafa Mercedes Molina lleva dos décadas investigando la hemorragia de habitantes que castiga al 53% de la superficie española. Considera viable revertir la despoblación si se aborda no como un reto demográfico sino como una crisis del territorio. A su juicio, hay que vincular la solución a la insostenibilidad de las grandes ciudades a las oportunidades que ofrecen las comarcas despobladas.

¿Cuándo saltará la despoblación a la primera línea de la agenda política en España?

Ya forma parte de la agenda política, pero no sé si con el compromiso que debiera. Todos los partidos deberían asumirla no como un problema demográfico, sino como una crisis del territorio resultado de las políticas públicas de las últimas décadas en España. Conocemos sus efectos demográficos, como el envejecimiento, la masculinización y la caída de la natalidad. Hay pueblos biológicamente muertos. Pero hay otros problemas de carácter económico derivados de la competitividad territorial, como la carencia de infraestructuras o de servicios en el medio rural. Se han perdido actividades tradicionales, como el pastoreo o los resineros. Se ha perdido población activa y talento juvenil. La falta de gestión forestal eleva el riesgo de incendios y la pérdida de la actividad de ganadería extensiva contribuye a matorralizar el monte. La despoblación es una consecuencia de un crecimiento económico sustentado en un modelo de concentración territorial de la inversión, del empleo y de la población que ha primado a las ciudades. Frente a ello, se ha producido un abandono rural. Se ha innovado en la producción agraria, pero no en el territorio.

¿Qué significa innovar en el territorio?

Adaptarlo a las nuevas exigencias de los procesos económicos. Y eso pasa por articular unas infraestructuras ajustadas a estas necesidades y por promover la accesibilidad tanto en el ámbito del transporte como en telecomunicaciones. Si un territorio se queda aislado, pierde competitividad para atraer inversiones. El acceso a los servicios públicos es muy desigual según el territorio. Todo no puede estar en todos los sitios, pero todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de los servicios públicos básicos.

¿Despoblación es sinónimo de desigualdad?

Esta pregunta es clave. Para mí, la despoblación es sinónimo de desigualdad. Es una consecuencia de una nueva realidad productiva y de modelo territorial que ha determinado una fortísima emigración forzada. Esto ha supuesto una merma demográfica que arrancó en la década de los 60 del siglo XX. La gente se marchó del mundo rural porque no tenía oportunidades de trabajo y porque la industria española de aquella época reclamaba una mano de obra no cualificada, que se alimentó del éxodo rural. Paradójicamente, cuanto más se innova en la producción agraria, en cuanto a maquinaria y demás, más desciende la población activa en el campo. Hemos dejado al mundo rural en unas producciones básicas, por ejemplo, el cereal, con escaso valor añadido. El mapa que elaboró el profesor Antonio Serrano, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia y miembro de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio (Fundicot), demuestra que el sistema territorial español estaba sustentado en 1980 en el eje Madrid-Barcelona. Después había unos ejes intermedios: la costa mediterránea desde Valencia hasta Murcia, Málaga-Sevilla, Vigo-La Coruña, Oviedo-Gijón, el País Vasco y Zaragoza como factor dominante en el valle del Ebro. Lo que tenemos ahora es el mismo mapa, pero reforzado. La brecha es más grande y seguimos en un modelo territorial de concentración, lo que genera enormes desequilibrios.

¿La incapacidad del Estado para revertir este proceso se debe a su inoperancia o la falta de voluntad política de todos los gobiernos?

En realidad, en lo que llevamos de democracia, el Estado ha reforzado el modelo de concentración territorial. El problema deriva de unas políticas multiescalares, de ahí que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas hayan sido incapaces de frenar la despoblación. Las autonomías han llevado a cabo actuaciones interesantes, pero muchas veces se han hecho en las ciudades, no en el mundo rural. Las CCAA han fomentado la cohesión de sus sistemas urbanos, pero no se ha producido una cohesión urbano-rural. Es decir, parcialmente, el esquema de desequilibrio del Estado se ha reproducido en las comunidades. La prueba es que el mundo rural sigue perdiendo población. Castilla y León es un caso paradigmático: mientras Valladolid va para arriba, el resto se hunde. El Estado de las autonomías ha tenido muchos puntos positivos en España. Ha fomentado la cohesión a través del reconocimiento de la diversidad. Soy una defensora de este modelo, pero en lo que se refiere al modelo territorial no se ha producido un cambio trascendental. Lo rural nunca se ha integrado en una verdadera política de Estado, ni siquiera las pequeñas ciudades. El programa marco de la Unión Europea entre 1994 y 1999 ya señaló con claridad que la España interior tenía verdaderos problemas de población producto de desigualdades internas. En el 77% de la superficie nacional se localizaba el 59% de la población. La UE recomendaba invertir en estas áreas en tres niveles: infraestructuras, medio ambiente y patrimonio.

¿Debería repensarse la provincia como sistema de organización territorial?

El modelo provincial se remonta al que fijó Javier de Burgos en 1833 y se ha mantenido inalterable hasta hoy. La ciudad se consideraba un sistema de eficiencia económica, pero esto ha generado unas enormes desigualdades. No hay equidad social en toda España. Y a ello hay que sumar los problemas de calidad de vida. Los pueblos se asocian a una calidad de vida medioambiental, y es cierto. Pero también hay que disponer de acceso a los servicios públicos necesarios en el siglo XXI. Este modelo de desertización no es sostenible. La metropolización empieza a tener externalidades negativas importantes. La gran ciudad ya no es el paradigma de la eficiencia. Tiene problemas de contaminación, de desacoplamientos con los recursos naturales, de estrés, de congestión y de desigualdades. Los informes, desde Cáritas hasta CCOO, señalan el riesgo de pobreza infantil en Madrid. Todo ello amplifica la brecha con el medio rural. En España tenemos más de 8.000 municipios. La atomización municipal es complicada. No soy partidaria de fusionar municipios, sino de buscar alianzas. Hay que jerarquizar las actuaciones, lo que pasa por no actuar en cada municipio sino buscar estructuras territoriales integradas, que permitan cubrir los servicios. No estoy hablando de eliminar las diputaciones provinciales, que sería un tema diferente, ni tampoco de entender la comarca como un ente político sino como un sistema productivo que, al igual que la ciudad, permita diversificar la economía.

¿La contaminación en Madrid se arregla mitigando el vacimiento de la España interior?

Nunca hablaré de un enfrentamiento rural-urbano, ni de una oposición entre los sistemas metropolitanos y las pequeñas y medianas ciudades. Prefiero hablar de una integración rural-urbana. Eso pasa por mejorar la conectividad y el modelo territorial. Las grandes ciudades no pueden seguir creciendo constantemente. Si queremos de verdad hacer una transición ecológica seria y modificar el sistema productivo para paliar la contaminación y el abuso de los recursos naturales, debemos fomentar un desarrollo económico que integre al mundo rural. No puede ser que tengamos la segunda red de AVE más extensa del mundo y que las conexiones locales y regionales sean cada vez peores. No puede ser que no exista un mercado de la vivienda en el medio rural. Políticamente, este proceso no puede encararse a través de divergencias ideológicas, sino como un desafío de Estado unido a la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.

¿Qué pueden ofrecer las medianas y pequeñas ciudades para equilibrar la brecha regional?

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, acompañó a la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a varios foros internacionales para incardinar el desarrollo de las pequeñas y medianas ciudades con los retos que tienen planteadas las metrópolis, como la polución o la movilidad. Los territorios despoblados son territorios-problema, pero también territorios-recurso. Creo en sus posibilidades. Están cambiando las demandas en nuestra economía de mercado a raíz de la globalización. Le damos valor a la naturaleza, a la gastronomía de proximidad y a las energías renovables. Lo importante es tener claro que la variable de la rentabilidad para aplicar en las inversiones en el medio rural es antiguo. ¿Estamos midiendo la contribución de Soria como sumidero de CO2 en sus bosques?

¿Cuál es la denominación adecuada para referirse a las zonas despobladas?

No me gusta el concepto España vacía. Gracias a las personas que habitan el medio rural, gracias a los custodios del territorio, hemos sabido preservar los recursos naturales. Y siguen estando ahí.

¿Cómo describiría la geografía humana de la España interior?

Es una sociedad escasa, pero diversificada. La Política Agrícola Común (PAC) ha ayudado a mantener la dignidad del agricultor, pero no ha logrado fijar población. Ahora estamos viendo también emprendedores locales. Surgen negocios que permiten arraigar población. Las explotaciones de vino en la Ribeira Sacra, en Orense, son un ejemplo paradigmático. En Soria, el torrezno ha pasado de ser un alimento tradicional y pobre a una imagen de marca que se exporta a todo el mundo. En el Alto Bernesga (León) se están desarrollando proyectos para superar la crisis minera. En definitiva, en la España interior hay mucha gente que quiere seguir viviendo ahí, que ven posibilidades de futuro, que le gusta el mundo rural. Pero que reclama las mismas condiciones de vida que tenemos los habitantes urbanos.

El Gobierno avanzó antes del 28-A los objetivos de la Estrategia frente al Reto Demográfico. ¿Debería reactivarse la Ley de Desarrollo Rural de 2007?

Sí, y debe enmarcarse en una política de Estado. Los informes del reto demográfico no quedarán completos si no se reconocen los problemas territoriales en las zonas despobladas. La ley de 2007 debe actualizarse abordando la falta de vivienda, vinculando la repoblación a la ordenación del territorio y movilizando el mercado de la tierra: hay poca disponible. Y siguiendo las directrices europeas. En noviembre de 2017, el Parlamento Europeo aprobó una estrategia que contempla que, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), pueden optar a fondos unidades administrativas como las provincias pero también agrupaciones locales con un plan finalista.

Pedro Sánchez propuso en verano renunciar al modelo radial de infraestructuras, que llega en respuesta a reivindicaciones como la del tren de Extremadura, el retraso de la Autovía del Duero y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo. ¿Coincide?

Por primera vez, un presidente del Gobierno, aunque esté en funciones, asume que todas las vías de comunicación no tienen por qué empezar y acabar en Madrid. Me parece muy importante porque significa reconocer un concepto de territorio en malla, no radial. La estrategia de la UE de 1999 ya contemplaba esta prioridad. La primera medida, en materia de medio rural, del presidente del Gobierno que salga del 10-N debería ser cambiar el modelo territorial concibiéndolo como un reto de Estado.

Teruel Existe se va a presentar a las elecciones por primera vez. ¿Cunde el 'modelo PNV'?

Algunas actuaciones en democracia han dado pie a creer a muchos territorios que solo pueden ser escuchados si alcanzan una influencia de poder. A mí eso me produce tristeza. El movimiento social debería ser atendido por quien ostenta la responsabilidad política.

La CEOE de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel proponen aplicar una fiscalidad diferenciada en las zonas despobladas. ¿Lo ve factible?

Analicé el documento que elaboraron. ¿Cómo se puede implementar una fiscalidad diferenciada en un territorio tan amplio? ¿Se beneficiarían también grandes propietarios de fincas que ostentan posesiones en el medio rural? En primer lugar, no se puede comparar con el régimen insular en Canarias porque este sistema está ligado a las regiones ultraperiféricas, recogidas en los tratados fundacionales de la UE como un elemento geopolítico de peso. En segundo lugar, la zonificación plantearía un problema. Hay regiones ricas, como Madrid, que tienen bolsas de despoblación en la sierra. ¿Qué hacemos ahí? No comparto las políticas generalistas encaminadas a las rebajas tributarias, pero sí aplicar bonificaciones fiscales vinculadas a la generación de empleo y a la fijación de población.

¿Cómo analiza el papel de la mujer en el campo?

La masculinización del campo marginó a la mujer. Y aún hoy padece un contexto cultural mucho más retraído que el del mundo urbano. El contexto de dominación masculina es más acusado en estas áreas. A la falta de visibilidad de suma la falta de voluntad para poner en práctica la Ley de Titularidad Compartida para aflorar el verdadero peso de la mujer en las labores agrícolas y ganaderas. A la mujer rural no se le ha reconocido el papel invisible y duro que ha ejercido.

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