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La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha defendido que los 29 grupos de acción local que están constituidos en la región cubren todo el territorio rural de la comunidad autónoma, que comprende el 92 por ciento de toda la superficie de la región y el 56 por ciento de la población.

El director general de Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Javier Carmona, ha aportado estos datos en su comparecencia en la Comisión de Agricultura de las Cortes, donde ha informado sobre la convocatoria de la selección de Grupos de Acción Local y Desarrollo Local Participativo y ha aseverado que los 29 grupos están constituidos, mientras que dos de ellos fueron denegados por no cumplir los criterios establecidos.

En concreto, ha indicado que el Grupo de Acción Local (GAL) de Cabañeros, en la provincia de Ciudad Real, no llegaba al mínimo de 5.000 habitantes en su zona, mientras que el de Comarsur, en Guadalajara, no fue aprobado porque el número de ayuntamientos socios del grupo no alcanzaba el 50 por ciento mínimo que requiere la orden de selección de grupos.

"Las normas están para cumplirlas, no podemos ir contra ellas", ha defendido el director general de Desarrollo Rural, que ha precisado que los municipios que formaban parte del GAL de Cabañeros se han integrado en el grupo Montes Norte y que los pueblos de Comarsur forman parte de Adasur.

Por ello, y ante el recurso que Cabañeros y Comarsur han interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por su exclusión, Carmona ha confiado en el "buen criterio del tribunal" y ha aseverado que la Consejería "siempre ha actuado ajustada a derecho, cumpliendo la normativa".

Asimismo, ha sostenido que el proceso de selección "ha sido escrupulosamente legal" y se ha mostrado partidario de esperar a que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, cuya sentencia acatará la Consejería "como no puede ser de otra manera".

Carmona ha desgranado algunas de las principales novedades de la convocatoria para GAL que se puedan acoger al Programa de Desarrollo Rural en vigor y que, en una primera convocatoria, se repartirán hasta 88 millones de euros.

Entre estas novedades, ha destacado que mientras que antes solo se podían atender proyectos de microempresas, ahora se ha abierto también a las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que se ha adelantado casi un millón de euros para que pudieran ir preparando sus estrategias de desarrollo.

Además, ha subrayado que se han flexibilizado los cuadros financieros de los grupos y que ahora son estos quienes deciden todos los proyectos más interesantes para su estrategia de desarrollo rural, algo que antes no ocurría, por lo que se les ha dotado de mayor autonomía.

Y también se ha recuperado las ayudas para proyectos del sector agroalimentario con hasta 100.000 euros, mientras que los proyectos que necesiten más de 100.000 euros se podrán acoger a las ayudas del Focal.

En cambio, la diputada del PP en las Cortes Lola Merino ha criticado la gestión realizada por el Gobierno regional en esta materia, pues ha denunciado que los GAL están paralizados y que, además, se rechazó la constitución de dos de ellos por "sectarismo político".

En concreto, ha aseverado que se negó la constitución del GAL de Cabañeros y de Cormasur porque "estaban presididos por alcaldes del PP" y ha señalado que ambos grupos han recurrido la decisión al TSJCM.

Merino ha resaltado que ambos grupos contaban con una experiencia de más de 20 años en aplicación de la normativa relacionada con el desarrollo rural y metodología Leader, por lo que ha insistido en que su expulsión "contraviene la convocatoria que habla de reconocer la experiencia y lo único que no le gusta es que los dos grupos están presididos por alcaldes del PP".

"Por desgracia al sector agrícola solo le queda la calle y los tribunales para defender sus derechos", ha lamentado Merino, que también ha afeado la gestión realizada por el Ejecutivo castellano-manchego en otras cuestiones relacionadas con el sector primario, como las ayudas a la agricultura ecológica o la declaración de Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa).

Por otro lado, también ha advertido de que existe un error en la aplicación informática que debe contabilizar la inversión, la resolución de la ayuda y su pago, por lo que "desde febrero de 2016, los grupos están paralizados" y, además, se corre el riesgo de perder las subvenciones europeas.

En cambio, el diputado del PSOE en las Cortes Emilio Sáez ha afirmado que "nunca los grupos de acción local han estado tan satisfechos como ahora" y ha anunciado que el problema de la aplicación informática denunciado por Merino quedará resuelto tras el verano.

"Hay un problema de una plataforma informática que estaba obsoleta. Tiene la importancia justa", ha asegurado Sáez, que ha aseverado, asimismo que la Consejería de Agricultura "no está parada", sino que se están ejecutando los proyectos.

Sáez también ha valorado algunas de las novedades de la nueva convocatoria de los GAL, entre las que ha destacado que ahora tienen total autonomía para elegir los proyectos subvencionados.