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Artículo de Rafael Montaner, publicado en el diario Levante.

El Comité de las Regiones (CDR), organismo consultivo de la Unión Europea que representa a los entes regionales y locales de los 28 Estados miembros, ha emitido un dictamen sobre La respuesta de la UE al reto demográfico. El informe insta a los gobiernos autonómicos a impulsar políticas activas ante el envejecimiento de la población que contribuyan a frenar la despoblación de las áreas rurales y al aumento de la natalidad.

La resolución subraya que «el cambio demográfico es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la UE». En este sentido incide que las proyecciones de población muestran que en 2060, dentro de poco más de 40 años, «la ratio de activos/dependientes pasará de 4 a 1, aproximadamente, a 2 a 1». «La población europea no solo estará más envejecida en 2060, sino que estará también distribuida de manera muy desigual».

En el caso de la Comunitat Valenciana, las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) es que en los próximos 15 años la población escolar (menores de 16 años) se reduzca en una cuarta parte al nacer 190.000 niños menos debido a la caída de la natalidad.

Esto se traducirá en cierres de colegios por falta de alumnos, especialmente en los municipios menos poblados y envejecidos de las comarcas de interior. Hay que tener en cuenta que siete de cada diez municipios valencianos (386 de 542) tienen menos de 5.000 vecinos.

Por esta razón el Comité de las Regiones reclama a los ejecutivos autonómicos «políticas destinadas a mantener los centros de enseñanza en zonas rurales aisladas», pues el cierre de una escuela es la crónica de la muerte anunciada de un pueblo por la pérdida de un servicio clave.

Conciliación familiar y laboral

Además, este organismo comunitario con sede en Bruselas también incide en la necesidad de implementar «políticas de apoyo a las familias y medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, que puedan tener una incidencia positiva en la consecución de tasas de fertilidad más altas».

Hacer frente al desafío demográfico supone también encarar el problema del acelerado envejecimiento de la población, ya que en 2031 uno de cada cuatro valencianos tendrá más de 65 años al llegar a la edad de jubilación la generación del baby boom de los años 60 del pasado siglo.

Por ello el CDR urge a «adaptar los servicios sociales y sanitarios al envejecimiento de la población, con énfasis en aspectos como el apoyo a la vida independiente» de las personas mayores.

En esta línea, pide que «los ajustes en las estructuras que es necesario proceder en las regiones con una población en disminución se lleven a cabo de tal manera que quienes permanezcan en ellas, a menudo personas mayores, sigan teniendo acceso a los servicios que se derivan de sus derechos fundamentales». Y entre estos derechos, además de la educación y la sanidad, también incluye otros como la movilidad y el acceso a internet.

Entre las recetas para frenar la despoblación el comité incluye «medidas de la promoción de la actividad productiva y el empleo». Así, insiste en que las autonomías promuevan «viveros de empresas y fomenten el turismo rural, con el fin de general empleo para aumentar la atracción de la población en edad activa».

En cuanto a la juventud, solicita a las autonomías «actuaciones decididas a facilitar la emancipación y permanencia de los jóvenes, adaptando las cualificaciones a las necesidades del mercado laboral», así como «poner en marcha medidas de retorno de emigrantes y la recuperación de talento».

Unas propuestas más que necesaria en la Comunitat, ya que la pirámide de edades de la población valenciana se desangra por donde más duele, en el tramo de edad de 20 a 39 años. Una de las principales causas que explican por qué cada vez haya menos jóvenes, casi un 30 % menos que hace una década, es que durante la crisis -entre 2008 y 2015- han emigrado al extranjero 215.420 residentes en la Comunitat entre la veintena y la treintena.

Inmigración e integración

El CDR también reclama a la UE una política «más contundente» ante los desafíos demográficos. Por ello, considera que la Unión «debe apoyar políticas de inmigración en los Estados miembros, basadas principalmente en el empleo, que puedan atenuar las tendencias demográficas negativas».

En este sentido, subraya «el importante papel de los entes locales y regionales, que deben estar plenamente capacitados para aplicar con éxito las políticas de integración sobre el terreno, incluidos los pequeños municipios rurales».