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Por sus manos pasa la gestión de unos fondos de cohesión que suponen un tercio del presupuesto de la UE. De ellos dependen desde una instalación de energía solar en Melilla hasta una autovía entre Igolomska y Cracovia, en Polonia, el país que más dinero comunitario recibe ahora mismo. La comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu (Bucarest, 1967), afronta el reto convencida de que gracias a los miles de proyectos que financia, la UE es un concepto menos lejano. "Es la única política que aporta resultados tangibles y visibles a la vida de la gente", presume en una entrevista con este diario.

España tiene asignados 28.500 millones de euros en fondos de cohesión en el periodo 2007-2013, pero tal y como adelantó EL PAÍS, la recepción de 1.122 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) está ahora mismo bloqueada por irregularidades administrativas que si bien nada tienen que ver con el fraude -"una irregularidad puede ser la simple falta de una firma en un papel"-, afectan parcialmente a 22 de los 23 programas en marcha. "Estamos esperando que las autoridades españolas tomen las medidas correctivas necesarias. No tenemos ningún indicio de que el dinero vaya a perderse. Hay tiempo hasta marzo de 2017 para resolver los problemas", tranquiliza Cretu, que achaca la situación al complejo entramado español de organismos gestores de fondos de desarrollo regional, con hasta 150 intermediarios.

La Comisión ha trabajado con el Gobierno para simplificar este laberíntico sistema de gestión. Eso ha reducido sustancialmente el número de entidades involucradas. "Me parece muy importante para evitar futuras paralizaciones de ayudas la reforma que han hecho las autoridades españolas para dejar en 34 los órganos gestores", destaca. Pero el foco no solo está puesto en el quién, sino en el qué. "Las inversiones transitarán desde las infraestructuras hacia una economía basada en el conocimiento, la investigación e innovación, la digitalización, la competitividad de las pymes y una economía baja en carbono", señala.

La complejidad del sistema de subvenciones es la principal barrera para facilitar el acceso a las ayudas. "Muchos empresarios dicen que no les gusta usar fondos europeos porque el proceso les parece muy complicado, muy burocrático", reconoce Cretu. En las conversaciones sobre el futuro de los fondos europeos más allá de 2020, en las que participa la comisaria junto al Comité de las Regiones o el Parlamento Europeo, la mirada está puesta en simplificar y ganar capacidad de reacción. "Queremos hacerla mucho más flexible para enfrentarnos a desafíos inesperados, como por ejemplo la crisis migratoria", explica. Esa agilidad sí ha aparecido para dar oxígeno a Grecia en un momento de grave crisis. El país heleno ha disfrutado de ventajas excepcionales para no perder fondos. "Ha sido un respiro para Grecia en un momento de problemas de liquidez", defiende.

La comisaria ve una oportunidad en el Plan Juncker de inversiones para zonas como Europa del Este: "En el Este tenemos el mismo déficit de infraestructuras que presentaba España hace 30 años". Cretu atribuye a la llegada de fondos europeos un papel protagonista en la transformación de España. "Hay muchísimos problemas sociales y de desempleo, pero ¿puede alguien imaginar qué habría sido de España sin los 200.000 millones de euros que ha recibido de políticas de cohesión? Equivalen a dos planes Marshall", afirma haciendo balance.

El veredicto sobre la gestión de la comisaria al frente del área de Política Regional llegará cuando acabe su mandato. De momento, la mayor controversia en torno a su figura no ha venido por su gestión: un artículo del semanario Político advirtió en diciembre de la alta tasa de rotación entre su personal, con la marcha de ocho de sus 19 miembros en un año, unas deserciones que la publicación atribuyó a sus horarios demasiado laxos, una excesiva dedicación al ocio en los viajes oficiales y el uso de los trabajadores a su cargo para realizar en su lugar tareas personales. "No tengo nada que decir", zanja Cretu al respecto.