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Un informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) señala que ni la Comisión Europea ni los Estados miembros de la Unión Europea pueden demostrar en qué medida el recurso a la asistencia técnica en la política agrícola y de desarrollo rural ha contribuido a la eficiencia presupuestaria y a los objetivos de la política agrícola común.

La asistencia técnica consiste en la provisión de conocimientos especializados y financiación específicos para ayudar a los servicios gubernamentales a desarrollar la capacidad administrativa y contribuir a los gastos correspondientes. Aunque pueden sufragarse gastos administrativos, la financiación de asistencia técnica no debe considerarse un sustituto para los gastos de administración si no conlleva una creación de capacidades adicional.

En el ámbito auditado, los Estados miembros estaban autorizados a utilizar financiación de asistencia técnica del presupuesto de la UE para determinadas actividades definidas en términos generales hasta un máximo del 4% de la dotación nacional para desarrollo rural. En el período 2007-2013, los Estados miembros planificaron utilizar 1 500 millones de euros de este modo, y para el nuevo período de programación (2014-2020), la cifra se ha incrementado hasta cerca de 1 900 millones de euros.

Los auditores de la UE consideran que la financiación de actividades de creación de redes rurales ofrece el mejor potencial para una utilización aceptable de la asistencia técnica en el presupuesto de desarrollo rural. Las redes rurales, destinadas a fomentar la cooperación, el intercambio de conocimientos y la innovación en el sector agrícola, constituyen un vehículo muy adecuado para la asistencia técnica.

Sin embargo, en la mayor parte del gasto de asistencia técnica, los recursos previstos para crear capacidades a menudo se han utilizado para apoyar los presupuestos administrativos generales y han servido a los Estados miembros para cubrir sus necesidades salariales en el ámbito del desarrollo rural en un momento en que los presupuestos administrativos se han restringido en toda Europa. Una tendencia similar se observó en la propia Comisión, que también dispone de un presupuesto interno de asistencia técnica. Tanto en los Estados miembros como en la Comisión los auditores de la UE constataron que varias actividades imputables a gastos administrativos corrientes se financiaban efectivamente como asistencia técnica.

Si bien la legislación no prohíbe explícitamente la utilización de la asistencia técnica de este modo, el TCE considera que el gastar los fondos en salarios de la administración nacional y otros gastos corrientes no constituye el mejor uso posible de la financiación de asistencia técnica. «Crucialmente, este dinero podría haberse utilizado en proyectos de desarrollo rural sobre el terreno, y por lo tanto existe un claro coste de oportunidad de utilización excesiva de asistencia técnica- menos la inversión real en el sector de la agricultura,» comentó Kersti Kaljulaid, Miembro del TCE responsable del informe.

Los auditores de la UE recomiendan que:

• la Comisión aclare el alcance y la aplicación de la asistencia técnica de los Estados miembros en el ámbito del desarrollo rural. Tal aclaración mejoraría la transparencia sobre los modos en que puede utilizarse la financiación. La Comisión debería supervisar estrechamente la aplicación de la asistencia técnica por los Estados miembros y tomar las medidas necesarias para garantizar que gastos administrativos generales no se imputen a las líneas presupuestarias de asistencia técnica;

• en el futuro, la Comisión solicite a los Estados miembros que informen de los gastos administrativos / de «apoyo presupuestario» por separado, para dar mayor transparencia al hecho de que parte de la financiación de asistencia técnica se destina a dicho apoyo;

• la Comisión y los Estados miembros establezcan un marco de rendimiento adecuado para la financiación de asistencia técnica. En particular, tendrían que evaluarse correctamente las necesidades de la Comisión y los Estados miembros en este ámbito y habría que implantar un mecanismo para fijar objetivos y evaluar los progresos realizados para su consecución.