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La consejera de Agricultura, Silvia Clemente, expresó ayer su total confianza en que Castilla y León reciba más fondos económicos de la partida de desarrollo rural incluida en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), después de que la última Conferencia Sectorial acordará definir nuevos «criterios objetivos» para su reparto. «Esta decisión favorecerá a la Comunidad porque resultó enormemente perjudicada en la distribución de estos fondos en el marco 2007-2013, donde perdió el 50 por ciento de los mismos, después de que se utilizaran criterios arbitrarios y desconocidos», afirmó.

Clemente hizo estas declaraciones después de asistir a la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios para preparar el próximo Consejo de Ministros de esta materia de la Unión Europea, donde se desarrollará la primera lectura de los diferentes reglamentos que regularán la aplicación de la PAC y que, previsiblemente, serán aprobados a finales de año. Asimismo, destacó la mejora que supondrá para el conjunto del país la decisión del Parlamento Europeo de reducir el porcentaje de agua que debe ser ahorrada y reutilizada, pasando de un 25 a un 5 por ciento, porque es una medida que posibilitará a España avanzar en la construcción de infraestructuras de regadío.

En la reunión, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, explicó algunas de las cuestiones que ya han sido aprobadas por el Parlamento Europeo e informó de otros temas que todavía están sin cerrar, como la aplicación del mecanismo de disciplina financiera que se tramita desde principios de año y que aun no está aprobado definitivamente. Clemente reconoció que este principio estaba incluido en la anterior reforma de la PAC, pero recordó que todavía debe determinarse su porcentaje, inicialmente previsto en un cinco por ciento y al que se opone Castilla y León. «Creemos que no se puede aceptar esta cantidad y que debe ser más ligera y repartida en el marco de la ficha financiera de España», subrayó.

Además, en la reunión también se trataron aspectos relacionados con la cofinanciación de los fondos europeos, la negociación del sector lácteo o sobre los contingentes de maíz para abaratar el precio de los piensos.

Por último, Silvia Clemente resaltó la importancia que supone la definición de «agricultor activo» en esta nueva reforma de la PAC porque es una oportunidad para lograr que perciban fondos europeos quien realmente desarrolla una actividad agraria, además de suponer un apoyo real al relevo generacional en el campo.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura trabaja desde hace meses en simulaciones con distintos tipos de modelos de regionalización, con el fin de valorar cuál se adapta mejor a la diversidad agrícola española y produce una menor transferencia de importes de ayudas en la aplicación de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC).

En una respuesta parlamentaria al portavoz de Agricultura del PSOE, Alejandro Alonso, el Gobierno aseguró que el modelo más adecuado a estos objetivos se basa en una división territorial por agrupaciones de comarcas agrarias, con importes homogéneos de ayudas y por tipo de superficie.

Consenso.- El Ministerio afirma que uno de los grandes logros alcanzados por España en las negociaciones de la reforma de la PAC ha sido haber conseguido la flexibilidad necesaria, de manera que se adapte a las peculiaridades de las agriculturas de los distintos estados miembros y, en particular, la española, pero «sin perder la coherencia y equilibrio» que le otorga su carácter de política común. Por ello, asegura que se pondrá en marcha en España un modelo de aplicación nacional de la PAC que tenga en cuenta las diferentes realidades agrarias y, para ello, buscará el máximo consenso con las comunidades y asociaciones agrarias, para definir un sistema de regionalización adecuado a la diversidad de la agricultura española.