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Artículo de Eduardo Bayona, aparecido en Público.

Correos, uno de los servicios estatales más antiguos, que cumplió su tercer siglo hace dos años, está sufriendo un proceso de desmantelamiento cuyos síntomas más evidentes son, además de la externalización de servicios, la mengua de la plantilla, que ha perdido 9.182 miembros (el 15,5%) en cinco años, y el cierre de casi una de cada cuatro oficinas auxiliares (311 de 1.340).

Los recortes de personal y las prácticas laborales en Correos, que en algunas comunidades llegaba a despedir los viernes a empleados que contrataba de nuevo los lunes y cuya bolsa de trabajo va camino de dejar fuera a empleados tras más de una década encadenando contratos eventuales, llevan tiempo provocando la movilización de la plantilla: en divisiones concretas como la de paquetería por los efectos de las externalizaciones y las subcontrataciones hace unos meses y en el conjunto de la plantilla hace unas semanas.

El desmantelamiento de Correos está siendo especialmente intenso en las zonas rurales. De hecho, las 311 estafetas cerradas entre 2012 y 2016 corresponden a "oficinas auxiliares", que son las que predominan en los pueblos, con horarios más reducidos que en las capitales. "Dado que en el ámbito postal no existe la tipología de oficina rural, se recoge la información disponible sobre oficinas auxiliares" en la respuesta, señala el Gobierno. 

Las cifras revelan cómo los cierres se concentran en las provincias y comunidades de carácter más rural: 14 de 57 en Aragón, que suponen una de cada cuatro; siete de 28 en Granada, que asume casi la mitad de las 16 clausuradas en Andalucía, once de 27 en Castilla y León (el 40%) y 25 de 121 en Castilla-La Mancha, 28 de 67 en Tarragona y Lleida y trece de 22, casi dos de cada tres, en Galicia. 

"Esto supone que en las comarcas con menos población los vecinos se ven obligados a desplazarse a municipios más grandes para poder hacer uso de este servicio", señala Heredia, que sostiene que "para luchar contra la despoblación de la España rural, no puede eliminarse servicios públicos como éste". 

Los mayores recortes de personal se han producido en Catalunya, Madrid y Andalucía, con mermas, respectivamente, de 1.676, 1.416 y 1.294 carteros. Esos tajos de entre el 13% y el 17% de la plantilla se ven superadas, no obstante, por el 19% de Murcia, Aragón y Castilla y León y el 18% de Navarra, La Rioja, comunidades, varias de ellas, localizadas en esa despoblada España interior cuyos pueblos llevan décadas sufriendo una constante pérdida de servicios, tanto públicos como privados. 

Heredia tiene previsto registrar una batería de iniciativas parlamentarias para, además de conocer el destino de los ingresos por la venta de edificios, aclarar si el Gobierno prevé recuperar esos 9.000 puestos de trabajo e indagar qué futuro les espera a las oficinas que siguen abiertas en las áreas rurales.