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Más coordinación entre las consejerías de Cultura y Medio Rural. Esto es lo que pidió ayer el fiscal de Medio Ambiente del Principado, Joaquín de la Riva, durante la presentación de la memoria correspondiente al 2010 de su departamento. De la Riva dirigió sus miras hacia la necesidad de que Medio Rural conozca cuándo hay o no restos arqueológicos en una zona determinada en la que se van a iniciar trabajos de talas de árboles. La postura del fiscal tiene su argumento en que es Cultura la que conoce los emplazamientos determinados de los restos.

"Pasa con cierta regularidad", explicó el fiscal, en referencia a que se efectúen talas u otras actuaciones de Medio Rural sin conocer la existencia de un túmulo funerario u otros restos arqueológicos. Y esto porque "no está previsto en el expediente" y a veces se detecta simplemente porque el guarda forestal de zona conoce de la existencia, "pero no tiene por qué conocerlo", aseveró.

Menos diligencias En cuanto a los datos globales de la memoria, las diligencias por asuntos medioambientales y de urbanismo se redujeron casi el 25 % en 2010 respecto a 2009, ya que pasaron de ser 200 frente a las 151 del año anterior, pero siguen siendo la mayoría dentro de las 278 realizadas por la Fiscalía de Asturias. Concretamente el 54 % del total, cuando fueron el 56 % un año antes. Así 99 de las 151 diligencias las referidas a incendios forestales, mientras que quince fueron por ordenación del territorio y urbanismo, cuatro por patrimonio histórico, ocho por flora y fauna, dos por maltrato animal y once por delitos contra el medio ambiente y doce por otras materias.

Patrimonio En cuanto a los casos abiertos por daños contra el patrimonio, dentro de la memoria destaca la aparición de 20.000 piezas arqueológicas en un alamacén de la Campa Torres (Gijón), lo que, según la fiscalía, apuntaba a la "pérdida de contextualización de los materiales". Según la memoria, de la "abundante documentación" a la que accedió la Fiscalía, ésta acreditó "sin ningún género de dudas" que no revestía "las condiciones de humedad y temperatura necesarias", lo que supuso "un deterioro innegable" y por eso se denunció por delito.

Por otro lado, los trabajos de la línea eléctrica Soto-Penagos, trajo consigo los daños a los yacimientos del Rebollón, en el concejo de Nava.