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Alcaldes del PP de Castelló instan a Rajoy a no intervenir los pueblos de 5.000 habitantes

03/04/2013 Área: Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

El Ministerio de Hacienda asumirá el control de los municipios de menos de 5.000 habitantes
con problemas económicos, según el último borrador de la reforma local La FVMP ha trasladado su oposición a esta medida, que afectaría al 90 % de localidades de la provincia de Castelló

Los socialistas valencianos inician hoy una nueva campaña "en defensa de los pueblos". Será presentada en la sede de Blanquerías por el secretario general del PSPV, Ximo Puig, y con la misma pretenden defender la autonomía de los municipios pequeños. "Las poblaciones de 5.000 habitantes son las que más ayuda necesitan porque son las que sufren los cierres de escuelas, servicios de emergencias o sucursales bancarias", explicó el diputado provincial del PSPV, José Gisbert, quien apuntó que el borrador de la reforma de la Administración local por parte del Gobierno ha sido "el detonante" que ha activado esta campaña. El PSOE considera que este proyecto supone un retorno de la estructura administrativa de la dictadura franquista por primar las diputaciones frente a la autonomía municipal. El PSPV incluso ha propuesto la eliminación de las instituciones provinciales.


El último cambio que ha introducido el Gobierno en el anteproyecto de reforma de la Administración Local sigue sin convencer a los propios municipios. Los alcaldes de Castelló, incluidos los del Partido Popular, se oponen a la pérdida de autonomía de los pueblos pequeños y rechazan de forma categórica que el Ministerio de Hacienda pueda intervenir las localidades de menos de 5.000 habitantes con problemas económicos, tal como sostiene el último borrador. Así, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias demanda la eliminación de este punto y alerta que complicará la confección de las candidaturas electorales en dichos entes locales, que copan el 90% del mapa municipal de Castelló.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha propuesto abaratar los costes de la Administración Local a costa de las poblaciones de menor tamaño y ya tiene a punto el proyecto de ley tras aprobar en febrero un informe sobre esta normativa. Ha realizado hasta ocho borradores en los últimos seis meses por la oposición de los representantes locales y de la Federación Española de Municipios y Provincias. En el último borrador ha excluido la reducción del número de concejales, el ajuste de los salarios de los alcaldes de grandes ciudades y la supresión de los pueblos de menos de 5.000 habitantes. Sin embargo, mantiene su intención de reforzar las diputaciones frente a los citados municipios. Así, deja sin sueldo a los alcaldes de los pueblos de menos de 1.000 vecinos y plantea intervenir de forma temporal a través del Ministerio de Hacienda las localidades de 5.000 habitantes cuya deuda supere el máximo establecido. También baraja la posibilidad de que las localidades de menos de 20.000 cedan sus competencias a las diputaciones provinciales.
Este documento parece que será el definitivo a pesar de la oposición trasladada por un buen número de alcaldes del PP, además de la totalidad de los ediles del resto de fuerzas de la oposición. Como muestra, la junta de portavoces de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), integrada por representantes del PP, PSPV, Esquerra Unida y Bloc-Compromís, acordó en su última reunión de finales de marzo instar al Gobierno a modificar el borrador de la reforma de la Administración Local a fin de preservar la autonomía de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Al respecto, los cuatro portavoces pactaron presentar ocho alegaciones al proyecto, y entre otras, reclama tirar atrás la intervención de estos pueblos. "Entendemos que existen mecanismos suficientes para el control económico de los municipios ", subraya el escrito de la FVMP.

Mancomunidades
El Gobierno central tiene en el disparado las mancomunidades, unos entes supramunicipales formados por diferentes poblaciones con el afán de abaratar los costes de algunos de sus servicios. Esta medida también ha soliviantado a los alcaldes del Partido Popular al estimar que mermará la calidad de la atención social. Estas entidades tienen ahora tres meses para presentar sus cuentas al Ministerio de Hacienda.

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