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En un contexto económico marcado por la urgencia de la recuperación post-pandemia, España se enfrenta a un desafío significativo al encontrarse a la cola de la ejecución de los fondos estructurales europeos destinados al periodo 2014-2020. Según el último informe de la Comisión Europea, las administraciones españolas apenas han invertido el 63% de los 75.000 millones de euros comprometidos, destacándose como el país con la tasa de gasto más baja entre los estados miembros de la Unión Europea.

A finales de septiembre del año pasado, España había desembolsado solo 47.315 millones de euros, mientras que la media europea alcanzaba el 85%. Esta situación la posiciona por debajo de naciones como Italia (70%), Dinamarca (73%), y Eslovaquia (76%). Portugal, por su parte, destaca como el único país que ha logrado ejecutar el 100% de los fondos en ese periodo.

El informe revela que el retraso en la ejecución de los fondos supone una retribución del 3,5% para el Gobierno y las comunidades autónomas, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). A pesar de este panorama, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que "todo va según lo previsto", enfatizando que se trata de un plan a medio plazo.

El Banco de España había advertido en un informe anterior sobre el importante retraso en las inversiones vinculadas a los fondos europeos, proyectando un impacto máximo en el Producto Interno Bruto (PIB) para los años 2025 y 2026, en contraste con la senda proyectada en septiembre, que apuntaba a un efecto máximo en el PIB para 2024.

El Ejecutivo ha dado prioridad al despliegue de las subvenciones Next Generation para la recuperación tras la crisis de la Covid-19, pero ha quedado rezagado en la gestión de las ayudas regionales europeas ordinarias. España se posiciona a la cola entre los países de la UE en la ejecución de los fondos estructurales y de inversión del periodo 2014-2020.

El director general de Política Regional de la Comisión, Marc Lemaître, ha señalado la atención exclusiva del Gobierno español en los 70.000 millones del Fondo de Recuperación Next Generation, descuidando la gestión de las ayudas regionales ordinarias. A pesar de las críticas, el diálogo entre la Comisión Europea y el Gobierno español ha cobrado velocidad, y se espera que el Acuerdo de Asociación y los programas regionales se aprueben antes de finales de 2022.

El riesgo de perder fondos es latente, ya que los Estados miembros tienen de plazo hasta 2023 para gastar la totalidad de las ayudas del periodo 2014-2020, según la regla n+3 que amplía en tres años el plazo para ejecutar los fondos estructurales una vez concluido el presupuesto plurianual. En este escenario, España, que ha programado el 89% de estas subvenciones, deberá acelerar el ritmo de ejecución para evitar perder ayudas y aprovechar los 36.300 millones de euros de fondos regionales asignados para 2021-2027.

La compleja situación económica y política de los últimos años, sumada a la aprobación tardía de los programas del periodo 2014-2020, son las justificaciones esgrimidas por el Gobierno español. Sin embargo, el desafío persiste, y la ejecución de los fondos estructurales se presenta como un elemento clave para la recuperación económica del país en los próximos años.