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Al debatir la ayuda de los fondos de la UE, se subraya con frecuencia que sus políticas son complejas, tanto para los beneficiarios como para las autoridades de gestión. Esta complejidad se puso de manifiesto en el punto 9 de la Declaración de Cork, el referente a la mejora de la aplicación y la simplificación de las políticas, donde se afirmaba que es necesario flexibilizar y orientar mejor el diseño y la ejecución de las políticas, pero ello no debe dar lugar a una complejidad innecesaria.

 El CESE subraya que se precisa una simplificación, tanto a escala de la UE como en la aplicación de las políticas a escala nacional y regional. El sistema actual es tan complejo que algunas personas evitan solicitar ayudas, por lo que se pone en peligro la ejecución de las políticas y el cumplimiento de los objetivos. Para poder cumplimentar correctamente ciertos tipos de solicitudes se requiere, en principio, la ayuda de un consultor. La seguridad jurídica de los particulares debe ser un elemento preponderante.

Para el período de programación actual 2014-2020, las normas administrativas aplicables a los Fondos EIE se han fusionado en un único Reglamento . Esto es, básicamente, algo positivo, ya que una mayor coordinación puede ofrecer ventajas en términos de eficacia, sobre todo para las autoridades de gestión, mientras que las ventajas para los beneficiarios individuales son probablemente menores, en especial porque no es frecuente que los mismos beneficiarios soliciten ayuda de diferentes fondos. Los beneficios pueden ser mayores para el desarrollo local participativo en aquellos países en los que este tipo de desarrollo recibe apoyo de varios fondos. Los efectos de un Reglamento común son una cuestión que puede ser necesario examinar en mayor detalle.

La actual política de desarrollo rural financiada por el Feader se concreta a través de programas de desarrollo rural que establecen prioridades y áreas focales, lo que ha creado un sistema en el que el presupuesto para el programa es muy fragmentado, ya que las medidas, las áreas focales y las prioridades cuentan con partidas presupuestarias propias. La visión general de los programas se ha visto afectada y el modelo ha implicado una mayor carga administrativa para las autoridades, lo que a su vez merma los recursos para la aplicación de los programas y limita la posibilidad de cumplir sus objetivos.

En el punto 10 de la Declaración se discute cómo mejorar los resultados y la rendición de cuentas. Esto sirve también de guía para la gestión presupuestaria de la Comisión, que en 2015 lanzó la Iniciativa para un presupuesto de la UE orientado a los resultados. Los ciudadanos y los contribuyentes deben poder obtener información sobre los resultados de las políticas y en qué medida estas cumplen sus objetivos.