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Artículo de opinión de Francisco Martínez Arroyo, publicado originalmente en RuralsigloXXI.

El tiempo se va agotando y, una vez aprobados los nuevos Reglamentos para el período 2014-2020, cuya publicación -¡por fin!- está prevista para este mes de diciembre, le toca mover ficha al Ministerio de Agricultura, y, posteriormente, a las Comunidades Autónomas.

Pero, antes de entrar en el debate nacional, conviene hacer algunas consideraciones a nivel comunitario. La primera es que los principales objetivos de la propuesta inicial de la Comisión -es interesante consultar los vídeos de presentación del Comisario Ciolos en http://ruralmedia.eu/nueva-pac-2014-2020/-   (de forma resumida, producción de alimentos, gestión sostenible de los recursos naturales y desarrollo territorial equilibrado), quedan muy difuminados en el acuerdo final, y es difícil hablar de mayores compromisos ambientales (cuando el pago verde queda prácticamente en un “café para todos”) y de equilibrios entre territorios (cuando se limita la convergencia externa a un tercio de la diferencia entre el nivel de ayudas actual en un determinado Estado Miembro, y el 90% de la media de la Unión Europea en 2020).

Tampoco parece que la nueva PAC vaya a permitir controlar la volatilidad de precios, avanzando, más si cabe, en un modelo basado en la autoregulación de los propios sectores, a los que, además, no se les dota de las herramientas suficientes para llevar a cabo tan difícil misión.

Ya en España, la aplicación de la PAC incide, todavía más, en el mantenimiento de los desequilibrios territoriales (quedando, la convergencia interna absolutamente desdibujada, como se ha comentado ya en ocasiones anteriores en este blog (ver http://ruralsiglo21.wordpress.com/2013/09/06/iniciando-el-curso-con-la-pac/ ). La propuesta del Ministerio de apostar por una “comarcalización” de las ayudas, diferenciando para el cálculo de las mismas, entre superficies de secano, regadío, leñosos y pastos, sigue sin conocerse en su totalidad y pretende, exclusivamente, según el propio Ministerio, que no haya trasvases significativos de fondos entre Comunidades Autónomas y particulares. Puede que para este objetivo sea una buena opción, pero parece muy pobre para cumplir los teóricos objetivos de la reforma.

Sí parece razonable la limitación de la superficie elegible para el pago básico -sin decidir aun si el límite será el de la superficie declarada en 2011 o 2013-, aunque la discriminación para las frutas y hortalizas y el viñedo (la superficie no declarada de estos dos sectores no podrá tener pago básico) es de difícil explicación, teniendo en cuenta, de nuevo, el teórico objetivo de la propuesta de la Comisión, de “convergencia” de las ayudas, supuestamente, también, entre sectores.

También parecen buenas opciones, la puesta en marcha del régimen de pequeños agricultores  -por debajo de 1.250 euros anuales-, y la decisión de dedicar hasta el 2% del primer pilar de la PAC a ayudas a jóvenes agricultores -compatible con las ayudas a la instalación del segundo pilar-.

Finalmente, entre los temas más relevantes del primer pilar, quedan todavía por concretar, la definición de actividad agraria y agricultor activo, con margen para España, de ir más allá de las limitadísimas definiciones acordadas a nivel europeo. Esperemos que la Conferencia Sectorial de enero, en la que, en principio, se va a cerrar el acuerdo sobre la PAC a nivel nacional, sea ambiciosa y apueste -de verdad- por los profesionales de la agricultura.

También queda pendiente la “asignación” de hasta el 15% del pago básico en forma de ayudas acopladas, aunque parece que se priorizará, en ete punto, la ganadería y cultivos con dificultades, como la remolacha, los frutos secos, de cáscara o proteaginosas.

Mucho todavía por decidir.

Por otra parte, y aunque le hayamos dedicado más espacio en ocasiones anteriores en este blog, merece la pena poner encima de la mesa, las cuestiones aun pendientes, que afectan al segundo pilar.

La primera de ellas es, sin duda, el establecimiento de los criterios de reparto de los fondos que le han correspondido a España entre los distintos programas de desarrollo rural -hasta el momento sólo se conoce la dotación del Programa Nacional, 238 millones de euros-. Es un tema capital que es necesario acordar cuanto antes para que las Comunidades Autónomas puedan, desde ya, preparar sus programas.

Es bueno insistir en este punto, en la obligación del Ministerio y de las Comunidades Autónomas de elaborar los documentos de programación en colaboración con los agentes representativos del medio rural (Organizaciones agrarias, cooperativas, redes de desarrollo rural y organizaciones ambientales), abriendo los programas a la participación; lo que debe redundar en un mejor encaje de las medidas en los distintos territorios.

Y, además de establecer los criterios de reparto de los fondos, para poder cerrar los programas regionales -en los que se debería estar ya trabajando con los diferentes agentes en las Comunidades Autónomas-, es necesario conocer el contenido del Acuerdo de asociación -que elabora el Ministerio de Hacienda-, el Marco Nacional y el Programa nacional -para el que, en principio, se reservarían la Red Rural Nacional, la innovación, y la integración cooperativa (ver http://ruralsiglo21.wordpress.com/2013/11/25/el-gran-desafio-de-las-cooperativas/ ) -.

La previsión del Ministerio es que los programas se puedan presentar a lo largo de 2014, con lo que podrían funcionar a partir de 2015. Hay que acelerar el paso para que puedan aplicarse cuanto antes y no se desaprovechen años de la programación.

En fin, muchas cosas pendientes, y cada vez menos tiempo. Esta misma semana, el jueves,  la Editorial Agrícola organiza, en Madrid, un foro sobre el estado de aplicación de la reforma en España con representantes del Ministerio y de las Comunidades Autónomas (http://www.editorialagricola.com/v_portal/apartados/apartado.asp# ).

Conviene estar pendientes por si hay novedades…