REDR

El Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, presidió el pasado viernes 4 de marzo el Consejo para el Medio Rural en una nueva convocatoria para informar los primeros treinta y ocho planes de zona rural, presentados por Aragón, Asturias y Navarra en aplicación del Primer Programa de Desarrollo Sostenible (PDRS).

En la reunión, los representantes de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias y Navarra han informado a los asistentes acerca del enfoque y sobre el proceso seguido en la elaboración de sus proyectos de Planes de Zona Rural, incluido el preceptivo programa de participación pública, y los principales rasgos de sus contenidos.

En total, Aragón ha presentado treinta y dos planes de zona rural (en Huesca: Alto Gállego, Bajo Cinca, Cinca Medio, Hoya de Huesca, La Jacetania, La Litera, Los Monegros, Ribagorza, Sobrarbe y Somontano de Barbastro; en Teruel: Sierra de Albarracín, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Cuencas Mineras, Gúdar-Javalambre, Jiloca, Maestrazgo, Matarraña, Comunidad de Teruel, Aragón, Bajo Aragón; y en Zaragoza Aranda, Bajo Aragón-Caspe, Comunidad de Calatayud, Campo de Daroca, Campo de Belchite, Cinco Villas, D.C. Zaragoza, Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja, Tarazona y EL Moncayo).

Asturias ha presentado sus dos planes de zona (Occidente y Oriente); y Navarra, sus cuatro Planes de Zona (Montaña Atlántica, Pirineos, Montaña Estellesa y Sierras de la Navarra Media Oriental).

Estos planes ya fueron informados favorablemente por la Mesa de Asociaciones para el Medio Rural el pasado 15 de febrero, foro de participación e información en el que concurren los principales agentes sociales, económicos y ambientales de ámbito estatal relacionadas con el medio rural.

Con el informe de estos dos órganos creados por la ley de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, las tres comunidades autónomas podrán pasar a suscribir los correspondientes convenios de colaboración con el MARM, con el objetivo de materializar los compromisos de ambas administraciones para la ejecución, financiación, seguimiento y evaluación de las actuaciones previstas e incluidas en los planes de zona, todo ello para el periodo 2011-2015.

La puesta en marcha de estos planes de zona redundará en un aumento de la calidad de vida y el bienestar social, y favorecerá la estabilización del empleo y la fijación de la población del medio rural. Con estos objetivos, los planes de zona incluyen acciones en los ámbitos del desarrollo económico, el fomento del empleo, los servicios y del bienestar de la población rural, las infraestructuras y la mejora del medio ambiente.

Para ello, durante el periodo 2011-2015, la Comunidad de Aragón cuenta con una previsión presupuestaria de 147,7 millones de euros y Asturias con 82,36 millones de euros, para la concertación de actuaciones de competencia autonómica, que se cofinanciarán al 50% con la AGE. A esta cantidad hay que sumar la dotación estatal de 1,833 millones de euros para Aragón y 1,021 millones de euros para Asturias, para la ejecución de infraestructuras públicas que se declaren de interés general.

Con respecto a la Comunidad Foral de Navarra, dado su régimen económico especial, la cuantía aportada por el Estado es de 17,32 millones de euros, que se dedicarán a la ejecución de infraestructuras que se declaren de interés general, misma cantidad que deberá aportar la Comunidad Foral para la ejecución de las actuaciones de competencia autonómica contempladas en los planes de zona.

El Secretario de Estado de Medio Rural y Agua ha enfatizado el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Administración General del Estado y de todas las comunidades autónomas, y muy en particular de las tres que han presentado hoy los primeros planes de zona al Consejo, para poner en marcha la ejecución de la ley y del Programa de Desarrollo Rural Sostenible en el medio rural español. En la reunión se ha reconocido que el Programa, con independencia de otros aspectos, posee el valor de estar iniciando un verdadero proceso de construcción institucional y una nueva forma de hacer política rural basada en la integración y en el compromiso de múltiples actores, creando un marco favorable para que cada territorio rural se dote de su propio proyecto de futuro.