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Artículo publicado en eldiariorural.

La entidad pública creada hace seis años por el Gobierno de Mariano Rajoy ha levantado un vendaval por sus recomendaciones sobre el servicio postal universal que presta Correos.

En un extenso informe, la Airef termina recomendando "reducir el número de días en los que se entrega correspondencia en la medida en que no parece que sea una demanda ciudadana", y citan el caso de Italia, que ha optado por una medida similar. Así mismo, recomiendan no fijar el número mínimo de oficinas para la prestación del servicio o el número de puntos de recogida, además de fomentar la externalización de la red "como ocurre en países como Francia o Reino Unido".

La Airef se refiere en su informe, encargado por el anterior Gobierno del PP, a la compensación de las cuentas de Correos vía presupuestos, que cifran en 1.450 millones en el periodo 2011-2020. Y aconsejan que esta "ayuda" se limite a zonas rurales, donde "los volúmenes sean bajos y no permitan una rentabilidad". Esto es, en poblaciones de menos de 5.000 habitantes.

El servicio postal no es un lujo

Las recomendaciones de la Airef han causado el enfado del mundo rural. "Es un descaro, han señalado desde organizaciones como UPA, que propongan "liquidar" a los carteros rurales, "un servicio que es público, histórico y muy valorado por la población.

"El servicio postal no es un lujo, es un servicio básico del que goza toda la sociedad". El desmantelamiento de Correos en el mundo rural supondría dañar también el acceso de la España vacía a la representación democrática o a la viabilidad de muchos negocios. "No podemos tolerarlo", han dicho desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, a la par que han comparado los recortes propuestos con los que se acometieron en transporte público, sanidad y educación, que se cebaron especialmente con las zonas rurales.

Correos es la mayor empresa pública de España, con más de 53.000 empleados y casi 2.400 oficinas. De ellas, más de 7.500 personas trabajan en el medio rural español. La Airef apuesta por una reducción mayor plantilla y critica que otros operadores postales europeos hayan sido más "decididos" en la reducción de costes de personal, que representan según el organismo, el 70% del total de la empresa pública.