REDR

El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha presentado la Ley de Fomento del Emprendimiento (LAFE) de Andalucía en el Parlamento andaluz y ha asegurado que la norma nace para garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de emprender en cualquier territorio, eliminando obstáculos relacionados con la procedencia económica o social, el género, la edad o la ubicación territorial de la persona que quiera poner en marcha un proyecto empresarial.

El consejero ha destacado que el proyecto de Ley presta especial atención a dos modelos de emprendimiento: el rural y la economía social. En el primero, con el que se persigue eliminar desigualdades territoriales, contempla la realización de un estudio para la clarificación de zonas rurales con el fin de detectar necesidades específicas en cada área y que serán la base para crear microprogramas rurales para emprender. Asimismo, se creará el Estatuto de la Persona Emprendedora Rural.

En este ámbito se pretende mejorar el atractivo de las actividades del medio rural, mejorar la formación en sectores de interés estratégico, potenciar el emprendimiento en yacimientos de empleo verde y con altos niveles de cualificación; potenciar el uso de las TIC, en especial para facilitar el acceso a mercados; potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales e impulsar el comercio rural vinculado al sector artesano, además de reforzar el trabajo de las estructuras ya existentes en el entorno rural.

En cuanto al emprendimiento en el ámbito de la economía social -donde destacan las cooperativas-, se pretende potenciar la innovación y la aplicación de soluciones prácticas; impulsar la diversificación de sus actividades, mejorar el acceso a fuentes de financiación, elevar los niveles de formación y atraer al sector iniciativas con altos niveles de cualificación, así como impulsar la creación de redes y de espacios compartidos de cooperación.

El instrumento organizativo para poner esta ley en marcha será el Plan General de Emprendimiento, que será la herramienta básica de planificación, coordinación y ejecución de acciones. El documento tendrá carácter cuatrienal, estará consensuado con los agentes económicos y sociales y en él se definirán las prioridades de acción, los programas específicos sectoriales así como los objetivos a alcanzar e indicadores de seguimiento que permitirán su evaluación.