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El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha elevado al Consejo de Ministros un informe de ejecución de la Hoja de Ruta con las actuaciones desarrolladas en 2009 en el marco de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, así como un Acuerdo que incluye la aprobación de la programación para 2010.

En esa programación se contemplan las fases necesarias para la aprobación en Consejo de Ministros del Programa de Desarrollo Rural Sostenible como Real Decreto, cuya aplicación beneficiará a unas 200 zonas rurales, lo que supone cerca de las 2/3 partes del territorio nacional, constituyendo el mayor esfuerzo de planificación ascendente con base territorial desarrollado hasta la fecha.

En el informe de ejecución del año 2009 se desarrollan el conjunto de actuaciones realizadas durante el pasado ejercicio, de acuerdo con la Hoja de Ruta aprobada por el Consejo de Ministros, que incluyeron la adopción de los criterios comunes para la delimitación y calificación de las zonas rurales de aplicación; el trabajo concertado de elaboración del PDRS coordinado por el MARM, con implicación de 16 Departamentos Ministeriales, y las participación tanto de las 17 Comunidades Autónomas, como numerosos sectores y colectivos sociales implicados, y la Federación Española de Municipios y Provincias.

La Hoja de Ruta también recoge la actividad normativa, señalando que se firmaron 31 convenios de colaboración para la puesta en marcha de la ley, incluyendo aquí 19 convenios referidos a la Red de Reservas de Biosfera. Esto supone que, en estos momentos, 169 territorios tienen un programa piloto que está en estas fechas comenzando su ejecución, siendo el gasto público total asociado próximo a los 195 millones de euros.

El informe sobre las actuaciones del pasado año explica como a finales de septiembre e 2009 se dispuso de una primera versión preliminar del PDRS y de su informe de sostenibilidad ambiental, totalmente consensuada con todas las partes, que fue sometida a información pública. Por último también indica que en el proceso de información pública se recibieron 617 alegaciones, la mayor parte referidas a las zonas propuestas por las CCAA. De ellas 571 corresponden a Castilla y León, Comunidad.

Por otra parte, el nuevo Acuerdo elevado hoy al Consejo de Ministros precisa el conjunto de actuaciones a realizar en el año 2010, en particular las fases que restan hasta la culminación de la aprobación por Consejo de Ministros del PDRS como Real Decreto y su desarrollo ulterior. En este sentido, el acuerdo ratifica el compromiso y los medios para la colaboración entre los diferentes Departamentos, estableciendo el procedimiento de urgencia para la finalización de la elaboración del PDRS.

El Acuerdo incluye también un anexo con la anunciada Hoja de Ruta para el año 2010 en la que se relacionan las actuaciones que restan para la aprobación del Programa mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, prevista a principios del mes de julio.

Se estima que a finales de marzo habrá concluido el proceso de análisis de las alegaciones, pasando entonces a la respuesta a las mismas y a poder disponer de una versión definitiva del PDRS, previsiblemente a finales del mes de abril.

La Hoja de Ruta contempla igualmente los pasos a realizar tras la aprobación del PDRS, desarrollando el despliegue de la concertación con las Comunidades Autónomas y la elaboración de los Planes de Zona, uno por cada territorio en atención a sus singulares circunstancias y necesidades.

En el proceso de elaboración de los Planes de Zona se requerirá un esfuerzo adicional de las Comunidades Autónomas para que estos sean elaborados bajo los principios de la sostenibilidad, la multisectorialidad, y la participación real y efectiva de las corporaciones locales y de los agentes económicos, sociales y ambientales de cada zona.

Dentro de los plazos previstos se contempla tener a finales de 2010 todos los Planes de Zona aprobados, todos los Protocolos y Convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas suscritos, y movilizadas las dotaciones AGE correspondientes a la primera anualidad en las actuaciones cofinanciadas.