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Las cuatro comunidades sellan un pacto contra la crisis demográfica en el que exigen al Gobierno central prioridad en el reparto de fondos

Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León urgen cambios en el modelo de financiación

«Esta declaración no va contra nadie. Va a favor de los ciudadanos». José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León resumía así el pacto cerrado ayer en Oviedo entre las cuatro comunidades autónomas -Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León- que no sólo tienen la mayor tasa de envejecimiento del país -más del 20% de su población supera los 64 años-, sino que registran la tasa más baja de natalidad, la edad media de sus residentes está en 45 años y suman el 70% de las pueblos que hay en todo el país.

Aclaraba el consejero castellano leonés ese «no va contra nadie» porque, en la práctica, la declaración institucional contra la crisis económica les convierte, según explicó Beatriz Mato, consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, «en un lobby contra la despoblación». Es decir, en un grupo de comunidades que han superado sus barreras ideológicas -Asturias tiene un gobierno socialista mientras el resto está en manos del PP- para exigirle al Ejecutivo de Mariano Rajoy que «el envejecimiento, la baja natalidad y la dispersión de la población tengan más peso en el nuevo modelo de financiación autonómica». Es el que el Gobierno central tiene que poner en marcha el año próximo y por el que ya están chocando todas las autonomías.

Sin embargo, las cuatro integrantes de esta I Cumbre por el Cambio Demográfico -que tendrá su continuidad en Zaragoza, en febrero del año próximo- se comprometieron ayer a «un apoyo leal» al documento suscrito para imponer la tesis de la población como criterio de reparto de financiación. Porque el actual modelo, como resumía gráficamente Santiago-Juárez, «es un traje del que se nos han saltado las costuras». Según sus cifras, «en estos momentos, en Castilla y León nos faltan 500 millones de euros para hacer frente a los gastos sanitarios y de servicios sociales».

«No retrocederemos»

Galicia, Aragón y Asturias sufren similares problemas de financiación, «porque nuestra obligación es ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos y es obvio que, en una población envejecida, estos servicios son más caros», precisó Guillermo Martínez. Fue él quien aseguró que, pese al «no vamos en contra de nadie» que marcó el espíritu de la región, las cuatro comunidades tienen claro que «no retrocederemos» en la defensa del cambio de modelo de financiación.

El consejero de Castilla y León aseguró que no se plantea un panorama en el que el Gobierno central no atienda estas peticiones «porque soy optimista y lo que planteamos es que es necesario un pacto de estado, porque este es un problema de Estado. No sólo de España, sino de toda Europa». De hecho, entre los acuerdos cerrados ayer en el pacto de Oviedo destaca el compromiso de «elevar este acuerdo a las instituciones de la Unión Europea, especialmente al Comisario de Trabajo y Servicios Sociales».

Porque, como explicaban ayer los cuatro consejeros, las cuatro comunidades integran un grupo de 272 en las que la tasa de envejecimiento y de natalidad vuelcan la pirámide poblacional. «No es un problema sólo nuestro, sino de todos», para lo que esperan conseguir también prioridad en la financiación europea de los años 2014-2020. «Sabemos que nos la jugamos, pero no somos una isla», sentenció Martínez.