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Almúdevar acaba de ganar un pastor y, en total, cinco vecinos nuevos: un matrimonio y sus tres hijos. Se trata de una familia que hace no tanto tiempo tenía unas mil ovejas y trabajaba el maíz y el algodón de sus propias tierras. Hasta que todos tuvieron que salir huyendo de su casa y de un día para otro se convirtieron en migrantes, después en refugiados y poco a poco en personas que aterrizaron en Aragón 'en situación de extrema vulnerabilidad'.

Es solo una de las miles y miles de familias afectadas por la guerra en Siria y es la primera que se ha beneficiado de un plan piloto impulsado por el Gobierno de Aragón para trasladar e integrar en el medio rural aragonés a población migrante que se encuentre en la Comunidad en riesgo de exclusión social.

El contrato del padre de esta familia entró este lunes en vigor, de modo que acaba de empezar a trabajar para Ernesto, uno de los pocos pastores de la zona que siguen haciendo cada año la trashumancia hacia los pastos de montaña de Panticosa. La Fundación Cepaim ha sido la encargada de gestionarlo todo para que esta familia siria encontrase un lugar en el que empezar de cero con dignidad y, al mismo tiempo, una localidad aragonesa ganase habitantes con vocación de echar raíces en el territorio.

No es algo del todo nuevo. Cepaim lleva 15 años gestionando a nivel estatal un proyecto para facilitar el asentamiento de familias de migrantes en pueblos afectados por el fenómeno de la despoblación. Lo ha estado financiando el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y estaba enfocado a personas inmigrantes no comunitarias y regularizadas que vivían en grandes ciudades. En este proyecto, Zaragoza era 'ciudad de origen' (o de partida) y los pueblos de las provincias de Teruel y de Zaragoza, 'lugares de destino'.

Con esta experiencia en la mochila, la fundación se hizo en el mes de octubre con un contrato menor del Gobierno de Aragón que pretendía replicar una experiencia parecida salvo que esta vez incluiría todo el territorio de la Comunidad y abarcaría también a las personas con condición de refugiadas así como cualquier inmigrante en situación de extrema vulnerabilidad.

Plan piloto autonómico: dos meses, tres familias

Se trata de un plan piloto que ha durado dos meses (finalizó este lunes), en el que se han invertido 14.000 euros. La directora general de Igualdad y Familia del Gobierno de Aragón ya anunció que, de resultar satisfactoria la experiencia, se implementaría de nuevo en 2019 pero con una partida mayor.

Además de la familia siria, el proyecto ha logrado la inserción de otras dos unidades familiares en Manzanera. En este caso, dos personas refugiadas (una de Guinea y otra de Camerún) que vivían en la ciudad de Teruel se han trasladado al pueblo turolense y han empezado a trabajar en una fábrica textil.

"En estos dos meses se ha trabajado también con otras tres familias. Una de refugiados de Mali que rechazó el empleo que encontramos porque encontró otro en Zaragoza capital y otras dos monoparentales con varios hijos a su cargo con las que seguiremos trabajando, aunque haya concluido ya el plazo del plan piloto de la DGA, en el marco del programa estatal Nuevos Senderos", cuenta Rocío Gregorio, coordinadora de los dos proyectos en Zaragoza. Una de estas familias procede de Nicaragua y si todo sale bien se trasladará a un pueblo de Huesca para gestionar el bar social. La otra, es de Guinea (una madre con cuatro hijos menores) y parece que pronto podría empezar a trabajar en un vivero de Calatorao.

Migraciones y despoblación, una oportunidad

Este martes se celebra el Día Internacional del Migrante y son muchas las entidades públicas y asociaciones que han organizado actos en los últimos días para reivindicar el importante papel que juegan a día de hoy los inmigrantes en la sociedad española y, especialmente, la aragonesa.

Mientras las administraciones y habitantes del medio rural reclaman medidas para luchar contra la despoblación, los últimos datos publicados apuntan a que ya casi uno de cada cuatro bebés que nacen en Aragón procede de madres extranjeras y casi el 30% de los nacimientos que se registran en la provincia de Teruel son de padre o madre extranjera.

Sin embargo, tal y como dio a conocer este lunes Comisiones Obreras en su informe sobre inmigración en la Comunidad, lejos de acoger a los inmigrantes como una oportunidad para frenar el envejecimiento de la población aragonesa, el colectivo acapara trabajos en sectores que destacan por su elevada temporalidad y la precariedad laboral y, de hecho, la tasa de pobreza entre los extranjeros procedentes de fuera de la Unión Europea asciende hasta el 52,1%.

La contradicción se veía venir y por eso la Fundación Cepaim impulsó ya en el año 2002 el proyecto Nuevos Senderos.

Mientras en los núcleos urbanos más poblados, como Zaragoza, abundan las familias de inmigrantes con dificultades de acceso a los recursos y servicios básicos, algunas provincias, como la de Teruel necesitan habitantes. "Envejece la población, desaparecen servicios, recursos e inversiones en infraestructuras y equipamientos públicos y los territorios quedan en un peligroso abandono", exponen desde Cepaim: "El medio rural atesora un importante patrimonio natural, paisajístico y cultural que ofrece muchas oportunidades para favorecer procesos de inclusión social que a la vez contribuyan a la dinamización y el desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales".