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Artículo de Javier Millán, publicado en Diario de Teruel.

Evaluar el efecto que todas las políticas públicas puedan tener en el medio rural es ya de obligado cumplimiento por ley, después de que a finales del año pasado entrara en vigor la norma que lo regula. La misma establece el llamado Mecanismo Rural de Garantía, también conocido como rural proofing por tratarse de una iniciativa que surgió en la Unión Europea, que obliga al Estado español a tener en cuenta la incidencia en las zonas rurales de cualquier norma y política pública que ponga en marcha.

El rural proofing es un mecanismo que garantiza que las políticas que se desarrollen no dejen de lado a estos territorios, y que pretende evitar incluso que puedan afectarles negativamente a su desarrollo. Es una política impulsada por la Comisión Europea hace quince años, cuando se creó la Red Europea de Desarrollo Rural en 2008.

La figura acaba de ser introducida en la legislación española a través de la Ley de Evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, aprobada por el Congreso a finales de año y que entró en vigor el 22 de diciembre pasado.

La ley introduce en su disposición adicional sexta el Mecanismo Rural de Garantía, que obliga al Gobierno a impulsar esta figura correctora y asegurar la participación en su diseño y aplicación de los actores interesados.

Red Europea de Desarrollo Rural

De acuerdo con la Red Europea de Desarrollo Rural, el Mecanismo Rural de Garantía debe contribuir  a potenciar la revitalización rural para que todas las políticas que se desarrollen, de cualquier tipo, se ajusten a las necesidades y realidades rurales.

Ha sido una reivindicación constante de las organizaciones que trabajan en estos territorios para que se tenga en cuenta la especificidad de los mismos en las políticas públicas.

El Hueco, el espacio de coworking de Soria que organiza la feria Presura para la repoblación de la España despoblada, presentó en 2021 un total de 70 propuestas para conseguir una legislación más justa para el medio rural mediante la aplicación de un mecanismo de rural proofing. Ese mismo año, el Congreso de los Diputados aprobó por amplia mayoría una Proposición no de ley impulsada por Teruel Existe en la que se instaba al Gobierno a implantar un mecanismo de garantía rural.

Ley de Evaluación

Ahora la aplicación de ese mecanismo ya existe por ley, con independencia de los cambios de gobierno que se puedan producir. El Ejecutivo está obligado a aplicar ese mecanismo corrector en sus políticas públicas, tal como recoge la Ley de Evaluación de políticas públicas.

En la disposición adicional que lo regula se establece que dicho mecanismo deberá incorporar "la evaluación de los efectos territoriales y sobre el medio y la sociedad rural de las políticas públicas", de acuerdo con el artículo 2.1 de la ley.

El mismo dice que deberán tenerse en cuenta el conjunto de actuaciones "dirigidas a la satisfacción del interés general o a la solución de un problema o necesidad públicos, en cualquiera de sus formas de despliegue en normas, estrategias, planes, programas, medidas, o cualquier otra denominación equivalente".

La disposición obliga igualmente a la elaboración de una metodología de evaluación específica "que tenga en cuenta los principios, recomendaciones y herramientas propuestas por la Unión Europea" en este ámbito.

Se trata por tanto de una herramienta que está enfocada a analizar, evaluar y adaptar al medio rural las políticas públicas, las leyes y las normativas. Una adaptación que debe tener en cuenta la realidad de estos territorios para que sean tenidos en cuenta a la hora de legislar, y evitar que puedan verse perjudicados.

Cultura

La Ley de Evaluación de las políticas públicas pretende promover una cultura de la evaluación de sus políticas para ver su impacto real y consecuencias, a través de mecanismos que permitan el análisis de las medidas adoptadas. El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo del año pasado y de forma definitiva en diciembre, tras una tramitación parlamentaria en la que se consiguió introducir la puesta en marcha del Mecanismo Rural de Garantía.

La nueva norma establece la prevención de la despoblación y el reto demográfico como criterios a tener en cuenta en su desarrollo. En su preámbulo se indica que la norma abordará "de una forma decidida la evaluación de las políticas públicas, con el fin de analizar y evidenciar el impacto de las políticas públicas en cuestiones tan determinantes para la ciudadanía y la mejora del Estado de Bienestar como "la igualdad de género, el medio ambiente y la transición energética, la extensión de los derechos sociales, la despoblación y el reto demográfico", entre otras cuestiones, adecuándose a la normativa y directrices europeas.