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11/06/2013 Área: Ayudas y Subvenciones Fuente: Agrodigital.com
El dictamen del Consejo Económico
y Social (CES) sobre el anteproyecto de la Ley de Emprendedores, que se aprobó ayer, recoge
literalmente, a propuesta de COAG, que “se debe dedicar especial atención al
emprendimiento de las actividades económicas que se desarrollan en el medio
rural e impulsar las medidas oportunas para acortar la brecha digital entre el
medio rural y medio urbano”.
Debido a las dificultades
presupuestarias de las Administraciones, no se están cubriendo en su totalidad
el aumento de las solicitudes de incorporación de jóvenes al campo, (+79% en el
último año [1]). Además, se están produciendo demoras en las resoluciones
definitivas y en algunos casos se adeudan cantidades ya concedidas a los
agricultores jóvenes instalados. “Ante la elevada tasa de paro juvenil y la
ausencia de alternativas laborales en el medio rural es vital apoyar la
incorporación de jóvenes al sector agrario en la Ley de emprendedores para impulsar el desarrollo
económico y social de nuestros pueblos”, ha remarcado Eduardo Navarro,
representante de COAG en el CES, a lo que ha añadido, “además, es una gran
oportunidad para acometer el necesario relevo generacional en el campo”. Según
datos de la Comisión
Europea, sólo el 5,3% de los agricultores españoles se
encuentran por debajo de los 35 años, mientras el 56,3% sobrepasaba los 55
años.
En referencia a la brecha digital
entre el mundo urbano y rural, que sigue superando el 10% según datos del INE
[2], Navarro ha apuntado que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación
sería muy importante para fomentar actividades como la venta directa de
productos agrarios. “Los últimos estudios apuntan que de cada 12 euros gastados
en un esquema de canal corto de comercialización genera 30 euros para la economía
local”.
A nivel general, el dictamen del CES valora positivamente las medidas que pretenden facilitar el inicio, desarrollo y consolidación de actividades económicas, aunque considera que el “objetivo de la norma es confuso y el contenido complejo y heterogéneo. Asimismo, considera “oportuno” el criterio de caja en el IVA, pero entiende que la “regulación restrictiva de la norma complica y encarece la gestión del impuesto” y “echa en falta” medidas para paliar la restricción del crédito que sufren las empresas españolas.
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