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Hace poco más de una década, al comienzo de la última crisis económica, se vislumbró la posibilidad de un cambio de tendencia poblacional, activándose el movimiento de personas de zonas urbanas a rurales. El motivo era las cada vez menores posibilidades laborales en las ciudades, lo que supuestamente animó a no pocos a buscar nuevas oportunidades en espacios tradicionales, donde el coste de la vida era más bajo y en dónde las raíces todavía existentes de muchos de estos neo-rurales podían ofrecer nuevas opciones profesionales. Por supuesto, la tozuda realidad ha demostrado que, con carácter general, las zonas rurales no han sido ese semillero de nuevas oportunidades.

La cifras demuestran que este cambio migratorio no se produjo. De acuerdo con el Informe Anual de Indicadores: Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 2017, hecho público por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), desde el año 2000 la población rural ha bajado un 9% en España; un 10,2% si se consideran los pequeños municipios con menos de 5.000 habitantes. De las diecisiete comunidades autónomas solo ha aumentado la población rural en Canarias y Madrid. El descenso se ha producido paralelamente al crecimiento del 15% en el total de la población española, para el mismo periodo.

Es interesante destacar que el 16,5% de la población española vive en las llamadas zonas rurales, que corresponde al 84% del territorio español. En total son casi 6.700 municipios. En Extremadura hay 537.928 habitantes rurales, la mitad de los que habitan en esta región; esto la sitúa como la comunidad autónoma con más población rural. Además, de este más de medio millón de personas, el 72% viven en municipios pequeños.

En cuanto a la evolución de la población rural extremeña, su tasa de disminución ha sido del 10,5%, superior a la media nacional. Por otro lado, esta pérdida poblacional se ha producido casi al 50% en el periodo de 2000 a 2007, y la otra mitad de 2008 a 2017. Sin embargo, si se hace referencia a pequeños municipios, la bajada de un 6,5% de su población se ha desarrollado a un ritmo menor que la media española, y se ha generado en su inmensa mayoría entre 2000 y 2007, casi estabilizándose en el periodo de crisis. En definitiva, en ningún caso el efecto crisis supuso una vuelta al campo extremeño de descendientes de sus pueblos, ni de nueva población urbanita.

Una de las herramientas que puso en marcha la política europea para poder frenar el despoblamiento de las zonas rurales fueron las iniciativas de desarrollo rural denominadas Leader y Proder, si bien es cierto que este no era su única función. Se trata de proyectos cofinanciados con fondos europeos, nacionales, regionales, municipales y particulares, que se gestionan a través de los llamados Grupos de Acción Local, para promover del desarrollo rural. Estos grupos son organizaciones asociativas con representación de diversos agentes sociales, económicos y administrativos, y con la capacidad de gestionar fondos públicos sujetos a procedimientos más flexibles que el de las propias administraciones; pero sobre todo, con una proximidad mucho mayor a la realidad local. Queda claro que el objetivo de reducir el despoblamiento no lo han conseguido, si bien era un utópico pensar que con organizaciones y recursos micro, se pudiera revertir un problema macro.

En todo caso, el mandatario Chino, que hace unos días visitó nuestro país, se ha fijado en este modelo de gestión del desarrollo rural y se ha planteado importarlo a su país, donde el problema del despoblamiento rural es acuciante y está ejerciendo una presión cada vez más insostenible sobre las grandes conurbaciones de este gigante asiático. Cuesta creer que un modelo político administrativo tan centralizado y autoritario, permita la transferencia de la gestión de fondos públicos a organizaciones locales.