Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
18/07/2013 Área: Unión Europea Fuente: ruralsiglo21
Tras el acuerdo político entre el
Parlamento Europeo y el Consejo, del que hablábamos en el anterior post de este
blog, la pelota pasa ahora al tejado de los 28 Estados Miembros que, en esta
ocasión, tienen un papel muy relevante en la definición de lo que será la PAC en sus respectivos
territorios en el período 2014-2020. En períodos anteriores, en general, el
papel de los Estados Miembros se había limitado a decidir la política de
desarrollo rural, y, en su caso, sobre los pagos acoplados.
Ahora, sin embargo, la palabra
subsidiariedad se lleva hasta límites insospechados, desnaturalizando (y
dejando atrás) aquella afirmación de que “la PAC es la única política verdaderamente común en la Unión Europea”. Esta
afirmación ya sólo es cierta si nos fijamos en la procedencia del presupuesto
(al menos en el primer pilar).
Pues bien, España es uno de los
Estados Miembros que más ha batallado por poder tomar decisiones sobre la
aplicación de la PAC
al sur de los Pirineos, argumentando las características distintas de los
sectores agrarios en los 28 Estados Miembros.
Y ahora toca mojarse. Para ello,
el Ministerio ha puesto encima de la mesa un documento que lleva por título,
“Reflexiones para la definición del modelo de aplicación de la nueva PAC en
España” .
El objetivo es que las CCAA y las OPAS se posicionen sobre la aplicación de la PAC en España, respondiendo a
las 52 preguntas que incluye el documento.
Hay algunas cuestiones que merece
la pena analizar al respecto. En primer lugar, el Ministerio fija tres
principios “irrenunciables”, la limitación al máximo de la convergencia interna
, la limitación de la incorporación de
nuevas superficies elegibles
(intentando, con las dos cuestiones anteriores, que los agricultores, los diferentes sectores y
las CCAA, sigan recibiendo la misma ayuda , y que, por lo tanto, parezca como
si no hubiera habido reforma de la
PAC) y que no haya transferencia de fondos del primer al
segundo pilar (una obviedad, a pesar de que en el propio documento se le
pregunta a las CCAA y a las OPAS sobre dicha posibilidad).
Una de las cuestiones más
relevantes (y que más abiertas ha quedado) es la definición de agricultor activo.
En realidad, a nivel comunitario, se han excluido como potenciales perceptores
de las ayudas a los aeropuertos, compañías ferroviarias, inmobiliarias,
depuradoras, campos de deporte y áreas recreativas, siempre que no sean capaces
de demostrar que su actividad agraria no es insignificante. Esta lista puede
ampliarse (a decisión de los Estados Miembros). El Ministerio no se posiciona
en absoluto sobre esta cuestión y pide opinión a sus interlocutores (CCAA y
OPAS), cuando aquí si hay una verdadera oportunidad, como mínimo, de excluir
más “sectores”, que nada tienen que ver con la agricultura, concentrando los
fondos en los que realmente se dedican a esta actividad.
Otro elemento de debate es la
primera asignación de derechos de pago básico en los sectores del viñedo,
frutas y hortalizas, patatas, y plantas ornamentales. Son sectores que, hasta
el momento no recibían (salvo algunas excepciones) pago único y que, en algunos
casos (cuando los agricultores no percibían pagos por otros cultivos incluidos en
el régimen de pago único), no se habían incluido como superficie declarada en la PAC.
Está en cuestión si la superficie
de estos cultivos que no reciba ayudas en 2013 debe o no incluirse en la
asignación de derechos de pago básico. Aquí el Ministerio sí se posiciona, al
haber incluido como uno de sus principios básicos el limitar la incorporación
de nuevas superficies. Lógicamente, de incluirse nuevas superficies, esto
repercutiría en una reducción de las ayudas que perciben los actuales
perceptores. La filosofía de la reforma (al menos al principio) era que toda la
superficie percibiera el pago básico, pero parece que, al menos en España, a la
hora de la verdad, esto está en cuestión…
El modelo de regionalización es
en España otro tema de suma importancia. El Ministerio propone utilizar la
comarca agraria como “región”, y diferenciar, dentro de cada una de ellas,
entre secano, regadío, cultivos permanentes, y pastos. Puede ser un modelo interesante, pero, para
poder tomar decisiones, sería necesario contar con los mapas y los cálculos en
que se ha basado el Ministerio. Es quizá
el elemento más interesante de lo que será la aplicación de la PAC en España y habrá que
estar atentos a en que queda todo esto y que implicaciones económicas (más o
menos fondos) tiene para las CCAA, que seguro que en estos momentos están
echando sus cuentas….
En cuanto a los pagos para
jóvenes agricultores y para zonas con limitaciones naturales del primer pilar
(este último voluntario), el Ministerio plantea claramente la posibilidad de
financiarlos con fondos del segundo pilar (transferidos al primero), lo que
contribuiría a salvar el escollo de la falta de fondos para cofinanciar el
desarrollo rural, suponiendo, al mismo tiempo, una merma de fondos para el
sector agrario y el medio rural, en su conjunto.
Finalmente, dentro del primer
pilar, destacamos la posibilidad de realizar un pago adicional a las primeras
hectáreas, que puede afectar a las primeras 30 hectáreas de la
explotación y que puede alcanzar (por hectárea) hasta el 65% como máximo del
pago medio regional. Si este pago se aplicara, se estaría dando un importante
respaldo a los agricultores profesionales, de tamaño medio, para los que las
ayudas PAC son imprescindibles para hacer la explotación rentable.
Y en cuanto al desarrollo rural, al que dedicaremos más espacio próximamente, basten ahora dos reflexiones.
En primer lugar, parece
conveniente (teniendo en cuenta la experiencia y las demandas del sector) que
coexistan un programa nacional y programas regionales (que pueden ser más o
menos flexibles para que no se pierdan fondos FEADER por dificultades de
gestión en alguno de ellos, pudiendo, en ese caso, trasvasarse los fondos a
otro programa). No obstante, el programa nacional debería reservarse,
exclusivamente, medidas que afecten, o pudieran afectar a más de una Comunidad
Autónoma, o cuestiones de especial relevancia (como podría ser el regadío o las
cuestiones de innovación), por lo que se debe ser muy cuidadoso con la elección
de las medidas.
La segunda reflexión es sobre las
medidas agroambientales. El Ministerio plantea la posibilidad de armonizarlas a
nivel nacional. No parece conveniente (ni posible), pues son estas, justamente,
las medidas más específicas de cada territorio, variando entre humedales,
parques naturales, estepas, llanuras, etc, (incluso dentro de cada Comunidad Autónoma),
resultando un cálculo del valor de la ayuda (según el lucro cesante y la
pérdida de renta que le supongan al agricultor el cumplir con los compromisos
de la medida) muy distinto entre territorios. Quizá, la única susceptible de
armonizarse es la producción ecológica, y ésta ya lo está a nivel comunitario….
Es todo por ahora. Lo dejamos aquí para seguir reflexionando durante el verano….
Copyright © 2008 Red Española de Desarrollo Rural
C/ Duque de Medinaceli, 12 1º izda. 28014 Madrid
Tel.: 911 289 748 Email: redr@redr.es