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• Asomados al abismo de la despoblación, los vecinos de Siete Aguas, en Valencia, reclaman que se reanuden las obras de la prisión, paradas desde 2014, a la que se opusieron hace una década.

Artículo de Ignacio Zafra, publicado en El País.

Las estructuras de hormigón que se alzan frente a un idílico paraje de pinos en el término de Siete Aguas parecen a primera vista un resto del naufragio inmobiliario valenciano. Pero no son casas a medio hacer. Son las obras, paralizadas desde 2014, del Centro Penitenciario Levante II, diseñado para 1.194 reclusos. El Ejecutivo estudia qué hacer con ellas tras haber invertido 14,5 millones de euros de los 89 previstos. Y el pequeño pueblo, asomado al abismo de la despoblación, reclama su finalización y apertura tras haber salido a la calle contra el proyecto hace una década.

Sentado en su pequeño despacho del Ayuntamiento de Siete Aguas, situado a 50 kilómetros al oeste de Valencia, el alcalde, el socialista Santiago Mas, solo ve ventajas en la prisión. "Generaría puestos de trabajo. Pagaría el IBI. Con que solo 100 de los 600 funcionarios que se dijo que tendría se queden a vivir, ya sería una gran ayuda. El colegio se reforzaría. Y los familiares de los reclusos que vinieran de visita algo comprarían", enumera. El regidor añade que el Ayuntamiento ya recibió 1,2 millones de euros al inicio de las obras, que sirvieron para enjugar parte de los tres millones y medio de deuda que arrastraba el Consistorio.

El Gobierno adquirió hace una década una parcela de 50 hectáreas dedicada al cultivo de cereal ubicada a seis kilómetros del núcleo urbano para construir la prisión. Los vecinos crearon entonces la Plataforma No a la cárcel en Siete Aguas, un movimiento en la estela del que años antes frenó la instalación de un gran vertedero en el término municipal. Sus impulsores reunieron 5.000 firmas de habitantes de la comarca, lograron que el Consell Valencià de Cultura, un organismo asesor de la Generalitat, reclamara a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios que reconsiderara su decisión por el valor ambiental del entorno, y empujaron a los partidos con representación en el Ayuntamiento a posicionarse en contra.

Diez años y 315 vecinos menos más tarde, el sentir popular es otro. "Según el último censo tenemos 1.171 vecinos, un 20% menos. Mucha gente se ha ido a vivir a Chiva, a Buñol y sobre todo a Valencia, porque aquí no hay trabajo", señala Mas. "En su momento se dijo que los presos se iban a escapar e iban a venir a robar. La gente se asustó. Pero cuando luego se les explicó que los pueblos con una cárcel están muy vigilados, han visto que son más los beneficios que las desventajas. La despoblación da más miedo", añade el alcalde.

Todos los grupos municipales, desde el PP a Compromís, son ahora partidarios del centro penitenciario. Hasta el diputado de Izquierda Unida en el Congreso Ricardo Sixto, uno de los pocos políticos que ha mantenido el asunto en su agenda, cree que llegado este punto lo mejor es acabar la infraestructura.

"Aquí nos estamos quedando solo los jubilados", comenta, sentado en la terraza del bar El Parque, Pedro Sánchez, de 74 años, antiguo obrero de la planta de Ford en Almussafes. "No hay más que una fábrica, y si cierra el pueblo se queda sin nada". Sánchez se refiere a Dorcas, que fabrica porteros automáticos y cerraduras, emplea a 48 personas y absorbe la producción de tres empresas cooperativas en las que trabajan otras 24 gracias a las exportaciones a países como China. La economía local, tradicionalmente agropecuaria, es por lo demás frágil. "Ya tenía que estar abierta hace 10 años. Mi hija se ha ido. Cada vez hay menos gente. Lo que le hace falta a este pueblo es marcha", afirma Emilia Zahonero, dueña de la Multitienda Los Cisnes".

El Gobierno quiere terminar las obras, cuya vigilancia le cuesta 171.000 euros anuales. Pero todavía no ha decidido su destino. Cuando se proyectó, España tenía 73.000 presos y hoy hay 59.000. Una de las opciones que se barajan es habilitarla como centro psiquiátrico penitenciario, indica una portavoz de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Riesgo de incendio

El economista Joaquín Rodrigo, uno de los impulsores de la plataforma ciudadana ya disuelta, no ha cambiado de opinión. Rodrigo no vive en el pueblo, pero tiene una casa aquí a la que lleva viniendo 50 años. "El terreno se compró sin analizar los riesgos. El Ministerio de Medio Ambiente obligó a hacer un informe de impacto y en la casilla del año 1994 se dejó en blanco el número de hectáreas quemadas en el término municipal cuando ese año ardieron 6.350 y hubo que evacuar el pueblo. Meter a 1.200 presos en una zona catalogada por la Generalitat como de riesgo extremo de incendio es una locura".

"Las prisiones", sigue Rodrigo, "no las quieren en ningún pueblo y el beneficio para Siete Aguas será mínimo. La construcción dará trabajo, pero uno o dos años. Y los funcionarios no se quedarán a vivir aquí. Valencia necesita otras inversiones antes que una cárcel cuando la población reclusa ha caído tanto".

El portavoz del sindicato de prisiones Acaip Alberto Téllez mantiene, sin embargo, la necesidad del nuevo centro penitenciario para descongestionar la cárcel de Picassent, la mayor de España, cuya capacidad es de 2.000 reclusos y el 7 de diciembre tenía 2.121 debido, afirma, al elevado número de presos locales.