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Las representantes de las asociaciones se han mostrado unánimes en su apoyo al Real Decreto sobre la titularidad compartida -aunque con preocupación ante la falta de publicidad en algunos territorios-, así como en la apuesta por políticas de discriminación positiva y la formación como otras líneas fundamentales de trabajo.

Ha asegurado, además, que es necesaria una política activa en los territorios rurales, que ocupan el 80 por ciento de la superficie y acogen sólo un 20 por ciento de la población; servicios sociales, como colegios, médicos o guarderías; formación para respaldar la actividad innovadora y emprendedora de la mujer.

La presidenta de la Federación de la Mujer Rural (Femur), Juana Borrego, ha planteado que se impulse una "política mucho más activa" en el medio rural, que fije la población y asegure su supervivencia, por lo que ha pedido que se apoye la agricultura y la ganadería, porque si estos sectores van bien, "las zonas rurales irán bien".

Borrego ha reclamado al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) "ayudas económicas" para las asociaciones de mujeres para divulgar la titularidad compartida de las explotaciones, ya que a su juicio "no llega información suficiente", y que se amplíe de los 45 hasta los 50 años, la edad para solicitar ayudas económicas en el campo agrario.

Por su parte, la presidenta de la Confederación de Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), Carmen Quintanilla, ha subrayado las "carencias que sufre el mundo rural y las mujeres en particular", así como la "dejación de la defensa de los intereses de nuestra agricultura y ganadería en Europa".

Quintanilla ha indicado que el Decreto "es un paso hacia adelante" aunque es un "registro administrativo" que no prevé beneficios fiscales ni laborales, y que "va a dar una serie de deberes a las mujeres que ni se han planteado", por lo que propone "limar" las deficiencias de esta normativa.

La presidenta de la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar), Lola Merino, ha resaltado la actual crisis de precios en origen de los productos agrarios, lo que desanima tanto "a mujeres como a jóvenes a hacerse cargo de las explotaciones".

Merino ha recordado que las mujeres no están en "las estadísticas económicas" y que se deben tener en cuenta sus distintas situaciones laborales, que no se reconocen en el Real Decreto, y por lo que deben recibir prestaciones económicas para hacer frente a los gastos de seguridad social.

La vicesecretaria de UPA, en representación de la Federación de Asociación de Mujeres Rurales (Fademur), Montse Cortiñas, ha anunciado la redacción de "una guía de la cotitularidad" de las explotaciones agrarias para "revisar" el funcionamiento de esta normativa en cada una de las Comunidades Autónomas.

Cortiñas ha insistido en que las mujeres sean visibles en el medio rural y en la explotaciones, porque "los derechos hay que ejercerlos para que se universalicen", en que la Política Agraria Común (PAC) cuente con un "presupuesto definido" y en que los avances derivados de las nuevas leyes de igualdad lleguen a los territorios a la misma velocidad que al mundo urbano.

La presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (Ceres), Belén Verdugo, ha apostado por un modelo de agricultura ecológica, más cercano a la producción local y "más acorde" con las necesidades de las mujeres.

Verdugo ha remarcado el "carácter administrativo" del Real Decreto y las pocas solicitudes que hasta el momento se han detectado, aunque esta normativa permita a las mujeres "participar en las organizaciones agrarias en igualdad".