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Las negociaciones entre el Ministerio y los consejeros de Agricultura para pactar la aplicación de la reforma de la PAC en España serán el hilo conductor de la política agraria durante el curso que acaba de comenzar.

Arias Cañete y su equipo tienen prisa por cerrar las grandes cuestiones que están pendientes, como lo prueba el hecho de que esta misma semana comienzan las reuniones de los grupos de trabajo que se decidió crear en la última Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada a finales de julio. La definición de agricultor activo, la limitación de la superficie con derecho a recibir las ayudas directas, los sectores a los que se aplicarán las ayudas acopladas, el modelo de regionalización del llamado pago de base, los criterios para fijar las zonas con limitaciones naturales, la definición del Marco Nacional de Desarrollo Rural y los criterios de reparto de los fondos de desarrollo rural figuran entre los asuntos más importantes. Además de las negociaciones para aplicar la nueva PAC, habrá que prestar atención al funcionamiento de la cadena alimentaria tras la entrada en vigor de las nuevas leyes sobre la mejora de la misma y la integración de las cooperativas.

Durante este próximo curso se enviarán a las Cortes nuevas normas sobre la representatividad en el sector agrario, incluidas elecciones; sobre los montes y política forestal, y otro proyecto para modificar la vigente Ley de Desarrollo Rural. Por otro lado, ya han llegado las alegaciones de Bruselas y de los estados miembros a la Norma de Calidad del Porcino Ibérico, que se aprobará definitivamente en las próximas semanas. En el caso del aceite de oliva, los expertos del Ministerio trabajan en la redacción de un real decreto para prohibir las aceiteras rellenables.