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25/07/2013 Área: Unión Europea Fuente: ElEconomista.es
El consejero de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, asistió este miércoles en Madrid a la Conferencia Sectorial
de Agricultura y Desarrollo Rural en la que el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas definen el modelo de
aplicación en España de la nueva Política Agrícola Común (PAC), donde defendió
la actual ficha presupuestaria de la Comunidad y el modelo de regionalización del pago
básico y rechazará trasvases de fondos entre pilares en la nueva PAC.
El consejero mantuvo el pasado
martes 22 de julio un encuentro en Sevilla con representantes de las
organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y de la Federación Andaluza
de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca) con el objetivo de ultimar la
propuesta andaluza que defenderá en Madrid.
La Junta ha recordado que esta
negociación es clave para Andalucía, que es "la comunidad autónoma que más
dinero recibe de la PAC,
unos 2.000 millones de euros anuales y más de 270.000 agricultores
beneficiados". El volumen de ayudas que ingresa es superior a la suma de
los volúmenes de 13 comunidades autónomas y recibe más fondos de la PAC que 19 estados miembros.
Por ello, el objetivo prioritario
de la Junta es
que "se preserve la ficha presupuestaria actual, que permita que los
agricultores y ganaderos andaluces mantengan su nivel de renta y garantice
seguir realizando una actividad moderna, sostenible y competitiva".
El posicionamiento andaluz,
consensuado con las organizaciones profesionales agrarias y Faeca, con quienes
se ha respondido al cuestionario enviado por el Ministerio en el que se
incluyen 52 preguntas sobre distintas cuestiones del modelo de aplicación de la PAC, se basa en defender un
modelo de regionalización del pago básico, de forma que "depende de como
se defina en este momento la unidad de convergencia de las ayudas, es decir 'la
región', se podrá limitar en el futuro el efecto de la 'tasa plana', que en
este momento se aplaza en el tiempo, pero que queda bajo los objetivos de la CE".
Para Andalucía, la comarca
agraria "debe ser el punto de partida en la definición de región, con los
usos agrarios homogéneos de la misma y teniendo en cuenta la intensidad de
ayuda percibida por los beneficiarios".
También aboga por la limitación a
nuevas superficies entrantes y de nuevos beneficiarios y demanda que las ayudas
deben dirigirse "a los agricultores verdaderamente activos y las superficies
con real actividad agraria y ganadera". En ese sentido, Andalucía plantea
una ampliación de la lista negativa de entidades que 'a priori' no podrían
recibir ayudas, así como la necesidad en el futuro de incorporar criterios
adicionales de dedicación a la actividad agraria. Asimismo cree que hay que
reforzar las exigencias de actividad agraria, introduciendo, por ejemplo, una
carga ganadera mínima en los pastos y evitando el abandono de los cultivos.
Considera que la limitación o
reducción progresiva de las ayudas a los grandes beneficiarios o 'capping' es
"un mecanismo necesario para legitimar las ayudas a la agricultura ante la
sociedad". Cree que los fondos del 'capping' detraídos en una región
"deben incorporarse en el Programa de Desarrollo Rural de la
correspondiente región para seguir financiando medidas para agricultores y
ganaderos".
Asimismo, Andalucía indica que el
pago redistributivo debe ser "un nuevo mecanismo voluntario para favorecer
a las explotaciones que mayor empleo generan por unidad de superficie,
aumentando las ayudas en pequeñas y medianas explotaciones". Para ello
habrá de hacerse un análisis pormenorizado para determinar el nivel de
presupuesto a ello destinado o la posible aplicación sectorial, "pero todo
ello se debe hacer tras conocer el detalle del modelo de aplicación".
Considera que el régimen de
pequeños productores "favorece la simplificación y es garantía de recursos
para los beneficiarios que perciben menos de 1.250 euros", mientras que
rechaza los posibles trasvases entre el primer (ayudas directas y medidas de
mercado) y el segundo pilar (desarrollo rural).
INCORPORACIÓN DE JÓVENES
Asimismo, para Andalucía, la
incorporación de jóvenes "debe ser una prioridad en el primer pilar de la PAC" y considera
"prematuro" abrir un debate sobre ayudas acopladas y ayudas a zonas
con limitaciones naturales "sin conocer el resultado del modelo de
aplicación".
La Junta y el sector andaluz
cree que las medidas de gestión y regulación de mercado suponen "una
prioridad que necesita mayor desarrollo y análisis en profundidad" y exige
una política de desarrollo rural regional con los máximos niveles de subsidiariedad.
Respecto al desarrollo rural, la
posición de Andalucía es que, dada la importancia de nuestro sector
agroalimentario y del volumen de ayudas que recibimos, y sobre todo, las
características de este sector, muy diverso y a su vez, diferenciado en muchos aspectos
del resto de España, su diseño debe realizarse "esencialmente a través de
un programa regional robusto y potente". Considera que la comunidad
autónoma "tiene la dimensión suficiente y las necesarias capacidades para
poder definir e implementar un PDR autonómico que recoja todas las medidas
establecidas en el futuro Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader)".
Se opone "rotundamente"
a la existencia de un programa de desarrollo rural de ámbito nacional, así como
a la definición de un marco nacional "que introduzca rigideces
innecesarias a los programas regionales", aunque se admitiría un programa
dedicado al fomento de la integración cooperativa entre entidades de distintas
comunidades autónomas.
Considera asimismo que el reparto del presupuesto de desarrollo rural "debe tener en cuenta el histórico recibido por cada comunidad autónoma, como elemento de estabilidad, así como la casuística especial de las regiones menos desarrolladas y en transición". Asimismo, los dos criterios fundamentales a tener en cuenta, a la luz de la situación económica actual, son el empleo agrario y el PIB/per cápita de cada comunidad autónoma.
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