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Artículo de Raúl Conde, publicado en El Mundo.

El problema no es vivir más años, sino la falta de medidas políticas para afrontar el reto demográfico, la baja tasa de natalidad española y la "inacción" a la hora de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Ésta es la principal conclusión de la jornada convocada ayer en Madrid por el Círculo de Empresarios y la Fundación Transforma España, que reunió a un panel de especialistas en materia de demografía y longevidad, una cuestión clave sobre la que se ha activado el interés público a raíz de la inquietud por el futuro no sólo de las jubilaciones sino de la mitad del territorio nacional afectado por la desertización y el envejecimiento.

Eduardo Serra, presidente la Fundación Transforma España, advirtió de que «no se está dando una solución a las pensiones desde la política y, por tanto, debe ser la sociedad civil la que se implique». El ex ministro de Defensa, que pidió la convocatoria del Pacto de Toledo, subrayó que «ya no hay lucecitas de la Moncloa, lo que no hagamos nosotros no lo van a hacer otros. Hay que tomarse en serio el problema de las pensiones. Hablamos poco de la solidaridad intergeneracional».

Por su parte, el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, aseguró que el desafío demográfico supone «un enorme reto que nuestros políticos no se toman en serio. Necesitamos políticas que favorezcan la natalidad y que ayuden a la conciliación».

España es un país profundamente envejecido, una tendencia que, a juicio de los expertos, no se va a mitigar en las próximas décadas. De hecho, el grupo de población que registrará un mayor crecimiento es el de los mayores. La población española que supera los 65 años de edad, que en 1960 representaba el 8,2% del total, ahora frisa el 19%. En 2031 se disparará al 26,2%, si bien en algunas regiones, como Asturias, ya ha alcanzado el 25%.

«El envejecimiento individual no tiene vuelta de hoja. Y el colectivo es muy difícilmente reversible. Debemos cambiar los umbrales de medición porque hoy en día una persona con 65 años no puede considerarse una anciana, pero lo importante es que apliquen políticas globales socioeconómicas que vayan más allá de la natalidad o la inmigración», recomendó Rafael Puyol, ex rector de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Geografía Humana.

En materia de pensiones, teniendo en cuenta que actualmente hay 1,9 cotizantes por cada jubilado, Puyol defendió la necesidad de alargar la edad de jubilación más allá de los 67 años. «El actual sistema de reparto es insostenible, por lo que habrá que completarlo con una fórmula de capitalización», matizó.

A su lado, José Viña, catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia, arguyó la necesidad de impulsar un envejecimiento «saludable y sostenible», mientras José Antonio Serra, jefe del servicio de Geriatría del madrileño Hospital Gregorio Marañón, denunció la «estigmatización de la vejez, como si el aumento de la esperanza de vida fuera un lastre. Y la cuestión es que no tenemos hijos. Ese es el problema, no que se viva más.