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02/08/2013 Área: Unión Europea Fuente: Agroinformacion.com
Artículo de opinión de José Luis Rojas, director de
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, aparecido originalmente en Agroinformacion.com
En el momento de escribir este
artículo, acaba de hacerse público el acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial
de Agricultura entre Comunidades Autónomas y Ministerio para la aplicación de
la reforma de la PAC
en España, si bien quedan pendientes por definir importantes temas en los que
no ha habido compromiso y que pueden tener suma importancia en el resultado
final, especialmente en los ámbitos de los pagos directos y el desarrollo
rural. Con la posibilidad de sorpresas, de lo que queda por concretar, podemos
ya ver la cara y la cruz de esta Reforma.
La cara nos habla de novedades y
posibilidades que ofrecen el desarrollo rural y la Organización Común
de Mercados Única para la integración y desarrollo de las cooperativas; y en la
cruz está la contención de cualquier mejora en el régimen de las ayudas
directas, ya que teniendo un modelo francamente mejorable, vamos a emplear
mucho tiempo y dinero para crear un sistema que intente dejarlas igual y a
perder una oportunidad que sólo pasa por nuestra puerta una vez cada siete
años.
En lo que concierne a la cruz,
todos nos felicitábamos de las conclusiones contenidas en la Comunicación de la Comisión al Parlamento y
al Consejo, titulada “La PAC
en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito
territorial, de los recursos naturales y Alimentario” en la que se establecía
que la débil presencia de los productores en la cadena de valor era la causa
fundamental de su continuada pérdida de renta.
Buenos diagnósticos, pero
ineficaces tratamientos, haciendo un símil médico. Dos años después, donde dije
“digo” digo “Diego”. Y en España, salvo por los que entendemos que la verdadera
POLÍTICA AGRARIA debe tener como fin la mejora constante del sector
agroalimentario –no confundiéndola con el mero reparto presupuestario-, el
objetivo de la mayoría de las administraciones, incluso de organizaciones
agrarias, ha sido textualmente “minimizar los efectos de la convergencia
interna de las ayudas y evitar transferencias de importes entre agricultores,
ganaderos y territorios”. No es que desde Cooperativas tengamos el objetivo de
que haya trasvases, pero sí de que se mejore la situación actual en el reparto
de ayudas. Si el principio que guía las
decisiones es fundamentalmente garantizar la actual situación, es muy difícil
obtener mejoras sustanciales, desaprovechando una nueva oportunidad de
evolución.
Retroceso en el sector del vino
Finalizando con los pagos
directos, y por la relevancia del sector vitivinícola en nuestra región,
consideramos que no ayudará a su mejora el que se haya acordado transferir, de
forma definitiva, los 142,749 M€ del programa de apoyo al vino al régimen de
pagos directos. Pasamos un presupuesto que se podía dedicar a cambiar las
estructuras para incrementar en un
porcentaje ínfimo los derechos de pago básico en toda España. Además ahora que
se abre la promoción del vino a países miembros de la UE se necesitarán más fondos
para promoción, y no todo lo contrario. Nuevamente ha primado en los
responsables “dar pescado, que enseñar y
ayudar a pescar”.
Afortunadamente, “no sólo de
ayudas directas vive la PAC”,
y en esta mesa de tres patas, hay dos que creemos mejoran la situación actual, la OCM única y el desarrollo
rural, aunque tendremos que estar preparados para solventar ciertos “peligros”
de nuevos instrumentos, que bien usados pueden propiciar mejoras, pero que si
no se utilizan adecuadamente pueden traer al sector agrario regional grandes
inconvenientes y distorsiones. Así ocurre con las Organizaciones de Productores
(OP) y las atribuciones que se les otorgan.
Organizaciones de Productores
Estas OP pueden realizar ciertas
actuaciones en caso de perturbaciones graves de mercado, además pueden generar
extensiones de norma para que todo el sector de un área determinada realice
contribuciones económicas para una serie de fines; e incluso se establece que
los acuerdos entre agricultores, asociaciones de agricultores y Organizaciones
de Productores estarán exentas de las normas de competencia en temas de
producción, venta de producto, almacenamiento o transformación (no fijación de
precios). Esto abre un abanico de posibilidades de mejora.
Desgraciadamente no se ha
incorporado que las OP tengan que concentrar oferta y comercializar. El
Ministerio ha acordado legislar en todos los sectores las condiciones de las
OP, y ahí las cooperativas tendremos un importante trabajo por delante, para
aclarar este y otros aspectos, y sobre todo para aprovechar estas
organizaciones de cara a la intercooperación y concentración de actividades de
las cooperativas y socios.
Desarrollo Rural
Es muy positivo que haya
compatibilidad de los Programas de Desarrollo Rural regionales y un Programa de
Desarrollo Rural Nacional, y que se haya acordado dotar financieramente el
programa nacional, de manera que con él se pueda soportar las medidas de la Ley de Integración
cooperativa. En este aspecto no podemos más que alegrarnos de tener el
instrumento y además tener los fondos.
También en Desarrollo Rural se ha
acordado a nivel español instaurar un mecanismo de flexibilización y
transferencia de fondos entre Programas de desarrollo Rural regionales, para
evitar la pérdida de fondos, con lo que por fin se dará solución a la
irracional situación que había hasta el momento, por la que si una Autonomía no
gastaba sus fondos, ninguna otra los podía ejecutar y gastar.
Un hito histórico
Asimismo, nos congratula
constatar que el Congreso ha aprobado la
Ley de Fomento de la Integración Cooperativa,
impulsado por el ministro Arias Cañete y con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios,
totalmente en línea con nuestra filosofía de un modelo cooperativo empresarial,
rentable, competitivo, profesionalizado, generador de valor y con una dimensión
relevante.
Esta Ley es un hito histórico y, sin duda, un espaldarazo al papel de las cooperativas en el sector agroalimentario, pero dado que solo tendrá alcance en el ámbito supra autonómico, necesita el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, desarrollando legislación propia y en la misma dirección que la elaborada por el Ministerio, para establecer un marco legal regional, con suficiente presupuesto, que nos permita desarrollar ese modelo empresarial competitivo en nuestra región.
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