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Artículo de opinión de Francisco Martínez Arroyo, Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, publicado en su blog ruralsigloXXI

Inmersos en el debate más importante que ha vivido la Unión Europea en las últimas décadas, hacer posible la reconstrucción de la economía, después de la mayor crisis sanitaria que ningún europeo vivo haya sufrido nunca, es momento de hablar, una vez más, de la PAC.

Tras el cierre sin acuerdo de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno este fin de semana, y a la espera de que antes de que finalice este mes, los 27 Estados Miembros (EEMM) de la UE, alcancen un pacto, las negociaciones caminan de forma tortuosa entre los intereses de los países más europeístas, que además son los más afectados por la crisis del coronavirus, y aquellos denominados "frugales", que apuestan por menos subvenciones directas, menos presupuesto y más condiciones a cambio de ayudas.

La propuesta de la presidenta de la Comisión Europea de incrementar, de manera excepcional, el presupuesto europeo, denominado Marco Financiero Plurianual (MFP), con un techo de gasto del 2% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE, para este periodo de programación, 2021-2027, dividiendo las cuentas en un presupuesto que podemos denominar ordinario, con 1,1 billones de euros, y otro excepcional, dotado con 750.000 millones de euros entre ayudas directas y préstamos para hacer frente, de 2021 a 2024, a la crisis económica causada por el coronavirus es, sin duda, ambiciosa, teniendo cuenta la difícil situación que atraviesa el proyecto europeo.

La Comisión Europea, con el impulso de Francia y Alemania, ha decidido apostar fuerte por el proyecto europeo, en tiempos de turbulencias. Es necesario reconocer su compromiso. Pero las negociaciones no son fáciles.

En los últimos días se han puesto encima de la mesa ideas y posibles alternativas para el acuerdo, basadas en la reducción del fondo extraordinario o en condicionar estas ayudas a reformas de pensiones, mercado laboral o gasto público, de los EEMM más afectados que tengan que recurrir a estos fondos extraordinarios. Esto supone un gran peligro para la imagen del proyecto europeo y la solidaridad entre paises, y pone en tela de juicio el compromiso con la reconstrucción económica en toda Europa. Toca recodar aquello que hemos repetido tantas veces en estos meses pasados, de que tenemos que salir, todos juntos, adelante, sin que nadie -ni ningún país- se quede atrás. Es momento de políticos audaces, solidarios y con visión de Europa.

El presidente del Gobierno de España ha sido muy claro en su compromiso europeísta y en su defensa de las políticas más clásicas como la PAC o la de cohesión. Así insistió recientemente el pasado 6 de julio con el primer ministro portugués, defendiendo a los agricultores y su papel imprescindible durante la pandemia. O, como sucedió en la cumbre del pasado mes de junio, fijando una defensa de la PAC, como nunca antes había hecho un presidente del Gobierno español en una negociación presupuestaria europea.

Y, en toda esta vorágine negociadora sobre los distintos fondos europeos, se enmarca el debate sobre la Política Agraria Común (PAC). La última propuesta de la Comisión Europea supone un recorte del 9% a precios constantes de 2018, o un ligero incremento del 2% a precios corrientes, disminuyendo en el primer pilar, el de las ayudas directas a los agricultores y ganaderos, y aumentando en el segundo, gracias a 15.000 millones de euros adicionales para el FEADER en los fondos extraordinarios para la reconstrucción. Estamos todavía a tiempo  de pelear por un presupuesto suficiente para la PAC. La seguridad alimentaria, tanto desde el punto de vista del abastecimiento como de la salubridad y calidad de los alimentos, el papel imprescindible de los agricultores y ganaderos para alcanzar los objetivos de las estrategias europeas del Campo a la Mesa o de la Biodiversidad, en el marco del denominado Pacto Verde, o el reto demográfico en el medio rural, son argumentos muy sólidos para seguir defendiendo una PAC fuerte.

La PAC no es una política antigua o anticuada, si no la política europea más común y una de las más justas, pues compensa el papel imprescindible de los agricultores y ganaderos europeos y las externalidades que aportan al proyecto europeo en términos de conservación del medio ambiente, desarrollo rural y activación de la economía en nuestros pueblos.

Berrendas en Almodovar del Campo (Ciudad Real)

De forma paralela a la negociación europea y al "remate" de los Reglamentos que supongan las bases de la nueva PAC, ha llegado, por fin, el momento de iniciar el debate político sobre la aplicación de la PAC en España. Conviene, en primer lugar, recordar que las decisiones quizás más importantes las tenemos que tomar entre el Ministerio de Agricultura  y las Comunidades Autónomas (CCAA). El debate comenzará esta semana y será, previsiblemente, complejo.

Es momento de gestionar de manera eficiente los recursos públicos. Hay que priorizar las ayudas, olvidar el planteamiento del actual ‘café para todos', apostando de verdad por los agricultores y ganaderos profesionales y, por primera vez, por los asalariados del campo, considerando el empleo generado en las explotaciones.

También hay que priorizar a las pequeñas y medianas explotaciones, el secano, la ganadería extensiva o los leñosos de bajo rendimiento, en definitiva, aquellas explotaciones que necesitan más de las ayudas de la PAC, que explotaciones intensivas de regadío. También a los jóvenes, que hacen de nuestra agricultura una actividad moderna e innovadora.

Y, por supuesto, no dejar sin ayudas a ningún agricultor o ganadero pequeño por el mero hecho de no tener derecho a un mínimo de ayuda por explotación, como ha sucedido estos años, por decisión del PP y su ex-ministro Arias Cañete. Recordemos hoy que se han perdido estos últimos siete años, unos 200.000 perceptores en España, solo por el hecho de no alcanzar los 300 euros de ayudas de la PAC. Fue una decisión muy negativa para el medio rural y el campo español que está vez no puede ocurrir.

La eliminación de los derechos históricos, la convergencia de las ayudas o el establecimiento de un techo de ayudas por explotación, son decisiones urgentes que debemos adoptar en esta ocasión.

No podemos volver a dejar pasar este tren. Que es el definitivo para legitimar la PAC en la sociedad europea y apoyar de verdad a quienes están esperando de los responsables políticos respuestas para garantizar el futuro sostenible de la agricultura europea.