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Un reciente estudio del Institut Metròpoli revela un creciente éxodo desde el área metropolitana de Barcelona hacia zonas rurales en Cataluña. Según los datos del 2021, un 40,1% de las nuevas inscripciones en áreas rurales provienen de las grandes ciudades, marcando un aumento del 5% desde el año 2019. La pandemia ha consolidado esta tendencia, proyectando que más de 70.000 personas abandonarán la ciudad condal para establecerse en pequeñas localidades antes de 2027, representando aproximadamente el 30% de las mudanzas previstas en la región.

El estudio, titulado "Rural y Urbano: Migraciones, Entorno Residencial y Estructuras de Oportunidad", elaborado por el Instituto Metrópoli de la Universidad Autónoma de Barcelona, analiza las motivaciones detrás de este fenómeno. La Encuesta de Cohesión Urbana (ECURB) revela que casi la mitad de la población que opta por abandonar la vida urbana busca mejorar sus condiciones de vivienda y entorno residencial (47,3%). Motivaciones familiares representan el 35,4%, mientras que factores laborales, económicos y relacionados con la vivienda conforman el resto.

El informe prevé que unas 51.000 personas se trasladarán dentro de la misma región metropolitana de Barcelona, mientras que otras 18.000 lo harán a municipios del resto de Catalunya. Aunque este flujo migratorio no revertirá la despoblación rural, el estudio sugiere que es una oportunidad para revitalizar estas áreas.

En cuanto a la migración negativa en grandes ciudades catalanas, el Idescat destaca que Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet lideran las estadísticas con saldos migratorios negativos en 2021. Este fenómeno refleja un proceso de desconcentración urbana en Cataluña.

El perfil de quienes optan por la "contraurbanización" son mayormente familias jóvenes, con una edad media de 36 años y de población autóctona. Aunque la satisfacción con la vida rural supera el 45%, el estudio señala áreas de mejora en servicios como transporte público, centros médicos y actividades culturales.

El informe destaca la importancia de abordar riesgos potenciales, como la presión sobre los precios de la vivienda y la posible transformación de áreas rurales en dormitorios urbanos. La descentralización de la actividad económica, la mejora del transporte público y el fomento del teletrabajo se presentan como clave para mitigar estos riesgos y garantizar un flujo residencial urbano-rural sostenible.