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Los cinco grupo de trabajo que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acordó crear con las comunidades autónomas a finales de julio para definir el modelo de aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) 2014-2020, arrancaron su trabajo el miércoles, día 4, tal y como se acordó en aquella reunion. Los grupos se encargarán de definir el nuevo modelo sobre: la definición de agricultor activo; el modelo de regionalización y convergencia del Pago Básico, todas las cuestiones sobre el reparto de fondos relacionados con el Desarrollo Rural o la aplicación a la asignación de los fondos disponibles entre las autonomías.

En el acuerdo firmado en su momento entre el Ministerio y los consejeros autonómicos en la última reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, se detallaron hasta 22 puntos con un consenso mayor que el que se preveía inicialmente.

Entre ellos, estaba la creación de distintas comisiones o grupos de expertos para perfilar los aspectos más problemáticos del acuerdo final. Así, se determinó que "la aplicación de este modelo de regionalización del Régimen de Pago Básico debe permitir minimizar los efectos de la convergencia interna de las ayudas, evitando las transferencias de importes entre agricultores, ganaderos y territorios", por lo que para el análisis de este modelo de aplicación "y de sus efectos sobre los distintos territorios, se constituirá un grupo de alto nivel permanente, que comenzará sus trabajos la primera semana de septiembre y que deberá presentar sus conclusiones a la Conferencia Sectorial, para que ésta adopte los acuerdos pertinentes antes de final de año".

Zonas con limitaciones naturales

Asimismo, se determinó que que las ayudas a las zonas con limitaciones naturales se concederán en el marco del segundo pilar. Para ello, un grupo técnico se encargará de ajustar el modelo de aplicación de los criterios de delimitación de dichas zonas.

Asimismo, se especifica que "que se aplique un mecanismo de limitación cuantitativa de la superficie a la que se asignarán derechos en 2015. Como en los otros casos, un grupo técnico analizará "qué mecanismo de limitación de las superficies es el más adecuado, bien limitar la superficie a la declarada en 2013, bien aplicar el porcentaje del 135 al 145% de la superficie ajustada a derechos en 2009".

Determinar quién es un agricultor activo

De igual forma,un grupo de trabajo de alto nivel analizará "la aplicación de los requisitos ligados a la figura de agricultor activo, incluida la ampliación de la lista negativa, y el umbral mínimo para la verificación de estos requisitos. Asimismo, este grupo de trabajo analizará los requisitos que se exijan en relación con la actividad agraria sobre las superficies con derecho a ayuda".

Sin duda, éste va a ser uno de los aspectos más polémicos de toda la negociación, en especial para las organizaciones agrarias, que llevan todo el verano reclamando y denunciando situaciones incongruentes y poniendo sobre la mesa sus peticiones, que van desde prohibir el denominado "agricultor de sofá" hasta que haya un máximo de 100.000 ó 1500.000 euros de ayuda que pueda cobrar un agricultor, así como que su cotización a la Seguridad Agraria sea un requisito indispensable.

Desarrollo Rural

La existencia de un programa nacional, en coexistencia con los Programas de Desarrollo Rural autonómicos, al que se destinará como máximo el montante "extra" de fondos del periodo 2014-2020 respecto de los fondos del periodo 2007-2013, es decir, 238 millones de euros ha provocado que se constituya "un grupo de trabajo de alto nivel que estudiará las medidas que se incorporarán al programa nacional y la compatibilidad de la inclusión de las mismas en los programas autonómicos. Entre dichas medidas, se considerará la posible inclusión en el programa nacional de las cuestiones relativas a la integración cooperativa y a la Asociación Europea para la Innovación, su funcionamiento, selección de grupos operativos y establecimiento de redes.

Incorporar la Red Rural Nacional en el programa nacional".

Asimismo, se consensuó establecer un marco nacional acordado con las CCAA para armonizar las condiciones de aplicación de determinadas medidas de DR. Para definir el contenido de este marco nacional, se acordó la constitución de un grupo de trabajo, que ayude a establecer mecanismos "que flexibilicen la transferencia de fondos entre programas nacionales y autonómicos con el objetivo de evitar la pérdida de fondos comunitarios, dentro de lo que fijen los reglamentos comunitarios".

Reparto de fondos

Por último, se aceptó crear un grupo de trabajo de alto nivel para "analizar los criterios de reparto utilizados por la Comisión para distribuir fondos entre Estados miembros y su posible aplicación a la asignación de los fondos disponibles entre las CC.AA. Este mismo grupo valorará la posible inclusión de otros criterios objetivos adicionales y podrá ponderar, entre otros aspectos, el grado de ejecución de los programas en el presente periodo.

La primera reunión tuvo lugar el pasado miércoles día 4 de septiembre y deberá concluir sus trabajos antes del 30 de septiembre.