REDR

Texto de Ignacio del Castillo, publicado en su blog Tecnoestrategias

El Gobierno español (el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, METAD) deberá intentar llegar a un acuerdo con Telefónica, Vodafone y Orange para diseñar un plan que permita a las tres operadoras cumplir con los objetivos que tienen marcados como obligatorios: dar cobertura para acceso a Internet al 90% de la población española de los pueblos de menos de 5.000 habitantes con una velocidad de, al menos, 30 megabits por segundo (Mbps).

El problema es que, aunque aún tienen tiempo, el casi año de parón político del Gobierno en funciones ha ido acortando el margen temporal con el que contaban. La fecha límite para ofrecer esa red al mundo rural español es el 31 de diciembre de 2019. Aún quedan tres años, pero ese objetivo no es ni fácil, ni barato, ni se puede alcanzar en unos meses. Hace falta planificación.

La decisión, en última instancia, corresponde al METAD, que puede encontrar aquí un atractivo banderín de enganche político repleto de contenido social, puesto que ofrecer banda ancha a las zonas rurales puede ser un triunfo político de primera magnitud.

Sin dinero público

El problema es que la decisión del Ministerio sobre cobertura no va a suponer un coste de dinero público, sino que los paganos serán los tres operadores de telecomunicaciones. ¿Y cuál es la razón? Pues que asumieron ese compromiso. Obligadas, pero lo asumieron. Cuando el Gobierno del PSOE licitó en 2011 el llamado dividendo digital, -las frecuencias de la banda de 800 Megahercios (MHz) que usaba la TDT y que fueron adquiridas por los tres operadores para ofrecer servicios de 4G-, incluyó en el decreto que regulaba la subasta la obligación de ese compromiso de cobertura rural para quien comprase las frecuencias. Es decir, o se renunciaba a las frecuencias u obligatoriamente se tenía que hacer frente a la cobertura rural. Y como las frecuencias eran indispensables -por eso Movistar pagó 457 millones, Vodafone 459 millones y Orange 392 millones por ellas- no les quedó más remedio que aceptar el regalo envenenado que incluían. Por eso, Yoigo, que no compitió por las frecuencias de 800 MHz, sabedor de que no tenía nada que hacer frente a sus tres rivales, está exento de la obligación de cobertura rural que sí afecta a sus tres rivales. La decisión del Gobierno de incluir en la subasta esa obligación era la forma más sencilla de asegurarse el cumplimiento de la Agenda Digital Europea, que establece para 2020 la obligación de que el 100% de la población tenga acceso a Internet al menos a 30 Mbps.

Para empezar, habrá que fijar el mecanismo de colaboración entre los tres operadores. Dando por sentado que en estos pequeños municipios sólo se va construir una red -si no es rentable una sóla, mucho menos lo serían tres- habrá que decidir si los tres operadores crean una UTE para cubrir todo el territorio juntas o si se reparten España geográficamente y cada uno cubre la zona que le corresponda.

¿Cuánto son 30 Mbps?

Pero el otro gran asunto es la exigencia de calidad y capacidad que puede incluir el METAD. Porque, aunque parezca que los requisitos están muy claros, ya que la definición que establece el decreto señala que la red debe permitir "el acceso a una velocidad de 30 megabits por segundo (Mbps) o superior", esa definición deja mucho margen a la interpretación. Y es que existe una gran diferencia entre que los 30 Mbps sean la velocidad promedio en condiciones óptimas, es decir, con pocos usuarios conectados, o que se exija ofrecer un mínimo 30 Mbps en todo momento y a todos los usuarios, estén donde estén en el municipio, aunque sea en el borde de la zona de cobertura.

Muchos millones de diferencia

La distancia entre una interpretación laxa y otra más exigente puede suponer que baste una cobertura de 4G en la banda de 800 MHz -algo relativamente asumible porque las frecuencias de 800 Mhz cubren mucho territorio con pocas antenas- o que se exija el uso de otras frecuencias para reforzar la velocidad y la capacidad de la red por el método de agregación de frecuencias (carrier aggregation) que las operadoras están instalando en las grandes ciudades y que permiten ofrecer velocidades más altas. Y si los operadores tienen que reforzar su cobertura rural con otras frecuencias (más altas, como 1.800 Mhz o 2.600 Mhz, que cubren menos espacio), tendrían que instalar muchos más emplazamientos radioeléctricos, de forma que la diferencia entre aceptar la primera propuesta de los operadores o ponerse más exigente podría traducirse en muchos cientos de millones de euros más de inversión, millones que saldrían exclusivamente del bolsillo de los operadores.

A este respecto, los grupos de telecomunicaciones señalan en privado algo así como que no tendría sentido matar moscas a cañonazos. La población rural tiene, en general, unas características que la llevan a ser poco usuaria de la banda ancha, puesto que se trata de población de edades altas, con poca alfabetización digital, y que en muchos casos no cree necesario o útil el acceso a Internet. Ese contexto lleva a que, en general, la demanda de uso de esas redes de banda ancha en poblaciones rurales muy pequeñas se vaya a producir sólo por parte de un porcentaje reducido de la población, por lo que los operadores consideran que la cobertura con la banda de 800 MHz puede ser suficiente.

Sin embargo, el Ministerio no parece que vaya a conformarse con esa solución, más barata, y como en su mano está definir qué son y cómo se deben proporcionar los famosos 30 megabits, tiene la sartén por el mango para obligar a los tres operadores a dotar a ese porcentaje de la población menos favorecido, de accesos similares a los del resto del país, un propósito que, previsiblemente, no podría más que ser aplaudido por todo el arco de formaciones políticas.