REDR

ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias para informar en relación con la materia objeto de estudio de la Comisión, a petición del Grupo Parlamentario Socialista: (Página 2)

-- Del Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), D. Aurelio García Bermúdez. (Número de expediente 715/000244). (Página 2)

-- De la Presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), D.ª Juana Angulo Fernández. (Número de expediente 715/000246). (Página 12)

Se abre la sesión a las once horas y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Buenos días, señorías, feliz año a todos.

COMPARECENCIAS PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA MATERIA OBJETO DE ESTUDIO DE LA COMISIÓN, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA:


-- DEL PRESIDENTE DE LA RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL (REDR), D. AURELIO GARCÍA BERMÚDEZ (Número de expediente 715/000244).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos, en primer lugar, con la comparecencia de don Aurelio García Bermúdez, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), que viene a informarnos a esta comisión puesto que, en función de su cargo, seguro que conoce una serie de problemas y circunstancias especiales que se enmarcan en su responsabilidad en el ámbito de la zona rural. Nosotros, como mujeres y personas comprometidas con la igualdad, decimos que las mujeres tienen más dificultades, pero todavía más aquellas que viven en las zonas rurales. Me imagino que, en el marco de este trabajo en el que esta comisión está realizando sus labores, también nos encontraremos con algunas especificidades y, a lo mejor, con problemas añadidos a los que, sin duda, ya tienen otras muchas personas en este momento.

Le agradecemos sinceramente su disponibilidad para venir a informar a esta comisión, que está trabajando con seriedad, con rigor. Esperamos que al final del período podamos elaborar unas conclusiones que ayuden a la gente que en estos momentos está teniendo problemas; unos problemas que son los que nos han llevado, precisamente, a constituir, por unanimidad de todos los grupos políticos, esta comisión especial.

Muchísimas gracias.

Tiene usted la palabra por espacio de tiempo de veinte minutos.

El señor PRESIDENTE DE LA RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL (REDR) (García Bermúdez): Gracias, señora presidenta.

Buenos días, y muchas gracias por invitar, en este caso, a la Red Española de Desarrollo Rural.

Haré hincapié sobre todo en la labor que llevamos a cabo los grupos de acción local en todas las comunidades autónomas desde el año 1991. La red española está compuesta por 220 o 225 grupos. Como ustedes saben, señorías, en el anterior período teníamos 307 grupos de acción local en 307 comarcas que se están desarrollando a la vez en este país, casi 7000 ayuntamientos, miles de empresarios y miles de colectivos que participan, sobre todo jóvenes y mujeres, en los grupos de acción local. En este nuevo período 2008-2013, por el retraso que llevamos, se ha reducido el número de comarcas que se están desarrollando por la metodología Leader. Vamos a ser aproximadamente 260, porque Galicia ha bajado el número de grupos de acción local, ha reconstruido su territorio, Cataluña también y, además, en este período se ha decidido que no haya grupos de acción local interregionales, con lo cual aproximadamente 260 comarcas estamos en este momento intentando poner en marcha lo que se conoce como el Feader, el Fondo Europeo Agrario para el Desarrollo Rural.

Basaré mi intervención en cuatro patas, y lo haré muy brevemente para no excederme del tiempo. En primer lugar, está la necesidad de un pacto urgente entre lo rural y lo urbano, un nuevo pacto social, un nuevo pacto que nos lleve a hacer un análisis serio de lo que está pasando en este país en las zonas rurales respecto a las urbanas y en las zonas urbanas respecto a las zonas rurales. En segundo lugar, están los PDR de las comunidades autónomas en este nuevo período hasta 2013, con programas de desarrollo rural elaborados en el anterior período, cuando todavía no se vislumbraba esta crisis en la que, quizás, deberíamos dar más de una vuelta al eje 3, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, para ver qué va a pasar en estos PDR de las comunidades autónomas. En tercer lugar, está la Ley para el desarrollo rural, que se ha puesto muy lentamente en marcha con proyectos piloto, pero ahora, efectivamente, hay que hacer la zonificación y, sobre todo, los programas desde el territorio. En cuarto lugar, hay que hacer un llamamiento o una petición para que los planes de empleo y de formación para este período en las zonas rurales se territorialicen, sobre todo para que sean los ciudadanos del mundo rural los que participen directamente en esos planes de empleo desde su territorio. Esta es la explicación de las cuatro vertientes.

Empezaré diciendo que en la Red Española de Desarrollo Rural, en los grupos de acción local, creemos que, en estos treinta años, la Comisión Europea no ha hecho una buena política de desarrollo rural. Desde aquella famosa Ley Agricultura de Montaña que ya hablaba de las desigualdades en el mundo rural hasta el Reglamento Feader del 2005, han pasado casi treinta años y no ha habido una política real de desarrollo rural para España y para otros países de la Unión Europea. Sin embargo, España ha hecho una buena labor en el mundo rural, sobre todo en infraestructuras. Las comunidades autónomas, en general, también han hecho una buena labor teniendo en cuenta las diferencias entre ellas, puesto que en algunas el 60% está en una ciudad, en otras el 50% está en la capital, en otras hay un triángulo emergente y el resto está desprotegido, en otras están teniendo muchas dificultades por el abandono de los pueblos, pero creo que, en general, se ha hecho una buena labor en general en el mundo rural. Los ayuntamientos también han cambiado un poquito el chip de los años ochenta sobre ese abecé de aceras, locales, cemento, etcétera, y han intentado echar una mano también en el empleo, en la innovación, en las escuelas taller, en las políticas de desarrollo rural, a pesar de todo lo que les está cayendo a los ayuntamientos. Por tanto, esa es nuestra primera reflexión desde la red, y lo hemos dicho en Bruselas  y en todos los foros. En el año 2005, cuando se aprobaron el Reglamento Feader y las nuevas estrategias para el desarrollo rural en Europa y en España, nosotros pedimos un fondo propio para el mundo rural y no lo conseguimos, y, como ustedes saben, seguimos siendo dependientes. Somos el segundo pilar de la PAC y del desarrollo rural, más bien un pilarín, pues vamos a ser el 6 o el 7%. Nosotros reivindicamos una política seria con fondos propios para el mundo rural desde la Unión Europea y también, como después veremos, desde el Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, donde -repito- se ha hecho una labor aceptable en el mundo rural español desde hace treinta años hasta hoy. Además, como ustedes saben, en el marco nacional, en este período, se rechazaron en Bruselas los temas relativos al género y a los jóvenes, lo cual nos pareció algo increíble, pero luego, en los programas de desarrollo regional y en la ley sí se tratan expresamente las dificultades de algunos sectores especiales como el de las mujeres, los jóvenes, los minusválidos, los mayores, etcétera.

Pero si existe un país diverso en el medio rural -lo decía el otro día en la Comisión Europea-, ese es España, y si existe un país en donde haya que hacer políticas de desarrollo rural territorializadas, ese es España. En España, además, se asienta, como ustedes saben, un porcentaje de población española importante; la OCDE lo cifra en el 35%, la ley lo baja un poquito, dependiendo de en dónde pongamos el número de habitantes de los pueblos, si con 30 000 se considera rural, con 20 000 o con 5000, etcétera, pero aproximadamente y, como ustedes saben, el 90% del territorio de nuestro país es rural.

Superado el gran éxodo de los sesenta que, como ustedes saben, vació muchas áreas españolas al empujar hacia la emigración a sus mejores generaciones de hombres y mujeres, pero que también propició la modernización de las economías locales, la realidad del medio rural español en las tres últimas décadas ha evolucionado de forma muy distinta de unos territorios a otros. Mientras en algunas áreas se ha producido una gradual y paulatina recuperación del dinamismo social y económico gracias a una buena combinación de factores internos y externos, en otras ha continuado el fenómeno del despoblamiento, dando lugar a un preocupante proceso de envejecimientos y masculinización de extensas áreas que no consiguen ni siquiera asegurar la permanencia de un cierto número de centros poblacionales capaces de ofrecer servicios y de realizar una mínima actividad económica y social. Esto ha llevado a una dualidad creciente de nuestros territorios.

Entre los factores de índole externa que han fomentando el dinamismo de algunas áreas, destaca por encima de todos la entrada de España en la Unión Europea y con ello la llegada a nuestro medio rural de cuantiosos recursos económicos, ya sea a través de las ayudas de la PAC a los agricultores, ya sea mediante los fondos estructurales destinados a financiar nuevas infraestructuras viarias y a promover importantes inversiones tanto en el ámbito de la producción como en el de la primera transformación o a través de los fondos sociales y de cohesión. Asimismo, el incremento general de la renta nacional española ha posibilitado un flujo de capital que ha alcanzado al medo rural de muchas formas, potenciando su utilización como espacio de ocio, aunque también provocando problemas de sostenibilidad en las áreas rurales, que exigen nuevas formas de ordenación del territorio.

Entre los factores de índole interna que han marcado el dinamismo del medio rural español, destaca el proceso de democratización iniciado por la Constitución al decir que todos somos iguales. Ambos procesos han significado, de un lado, la potenciación del ámbito regional y, en menor grado de lo que hubiera sido deseable, del ámbito municipal en todo lo relacionado con las políticas de desarrollo. Por otra parte, ha significado también la extensión a nivel local de importantes servicios públicos, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población residente en las comunidades rurales. A ello habría que añadir también la importante fuente de renta que para la población de todos estos territorios ha supuesto la transferencia de recursos derivada de las diversas prestaciones sociales del Estado de bienestar: pensiones, subsidios, ayudas asistenciales, etcétera, aunque haya tenido también consecuencias negativas -y lo digo sin ningún rubor- al inculcar en algunos grupos ciertos elementos de pasividad, frenando así el desarrollo de inactivas emprendedoras.

También es necesario reconocer las nuevas oportunidades de empleo que se están generando en el ámbito local gracias a las políticas públicas y que se han convertido en vías importantes de inserción social y económica para grupos tradicionalmente excluidos de la actividad laboral. De forma evidente, todo ese proceso ha propiciado el acceso de determinados colectivos, sobre todo el de las mujeres, a nuevos yacimientos de empleo gracias a las mejoras en el transporte y a la mayor movilidad y disponibilidad del tiempo libre, y todo ello en el marco de un significado proceso de cambio cultural en el ámbito familiar, especialmente en lo que se refiere al rol de la mujer, a su autonomía personal y a su relación con el mundo del trabajo. No obstante, es necesario reconocer las carencias que aún existen en infraestructuras y equipamientos sociales en áreas del interior rural, así como las ineficiencias que se han producido en todo este proceso de descentralización y que, por el momento, estamos lejos de superar.

Obviamente, la situación de los territorios rurales españoles no es homogénea, sino que está marcada por una heterogeneidad interna que se hace aún más nítida conforme aproximamos nuestro punto de mira a la realidad concreta de tales territorios. Nosotros creemos que hay distintas áreas de desarrollo; la ley habla de unas, nosotros creemos que acierta, aunque deberíamos establecer alguna tipología de zonas en los territorios rurales españoles: áreas con buen nivel de desarrollo basado en la agricultura y que cuentan con sistemas alimentarios locales bien articulados; zonas de interior rural con importantes déficits estructurales y problemas demográficos -importante es la que la ley llama zonas prioritarias, de las que han salido aproximadamente 160 entre las que se han presentado a la Ley de desarrollo rural-; áreas intermedias,  donde puede haber alguna dificultad, pero que se están desarrollando bien; y una nueva clase de áreas, que nosotros no recogíamos hasta ahora, que establece la ley, y que son las áreas periurbanas. Con ello estamos hablando de cuatro tipos de áreas a nivel estatal.

Estos cuatro tipos de territorios rurales descritos hasta aquí de manera somera y con un inevitable ejercicio de simplificación, responden en definitiva a áreas caracterizadas por rasgos diferenciales cuyo desarrollo exige actuaciones también diferenciadas para asegurar el bienestar de la población que reside en ellas. Todos contribuyen de algún modo a la cohesión social y económica de un país tan vasto y diverso como España, por lo que las políticas públicas deben recogerlos en su singularidad, estableciendo el correspondiente diagnóstico, promoviendo las instancias de concertación más adecuadas y formulando las medidas más convenientes para propiciar su desarrollo.

En la red española creemos que el principio de multifuncionalidad puede ser el elemento común que dé una cierta coherencia y unidad a las estrategias de desarrollo, evitando que se reproduzcan las dinámicas aisladas y sectoriales que tanto daño hacen al objetivo final de la cohesión territorial. Sea cual fuere su situación o especificidad, y con independencia de las iniciativas individuales, las estrategias de desarrollo en los territorios rurales españoles deben incardinarse en una lógica multifuncional tanto en su dimensión territorial como en su dimensión agraria. La misión de los poderes públicos sería asegurar el funcionamiento de un buen sistema de gobernanza en el territorio, de modo que la cohesión económica y social pueda garantizarse. La experiencia en la aplicación de la Agenda 21 local, junto con otras experiencias participativas, podía facilitar y acelerar estos procesos, si bien cualquier estrategia local debe tener en cuenta las dinámicas sectoriales y las estrategias en el ámbito regional como elemento indispensable para su éxito.

La existencia de los grupos de acción local, creados en el marco de la inactivo Leader, constituye un importante patrimonio social y cultural de los territorios rurales españoles, y es un elemento destacado del sistema de gobernanza antes señalado. Gracias a su experiencia de gestión ascendente y participativa, mejorable sin duda pero positiva en términos generales, y al hecho de haber facilitado la implicación de los diversos actores públicos y privados en el proceso de pensar sobre el territorio, estos grupos de acción local son hoy referencias significativas para la canalización de las iniciativas de desarrollo.

Como ustedes saben, desde el año 1991 los grupos de acción local venimos trabajando en estos territorios, como decía al principio, en este claro ejemplo de territorialidad y gobernanza. Empezamos muy pocos grupos, en el año 1991, concretamente 52; posteriormente, en el Leader II pasamos a una cantidad importante de ciento y pico. El Estado español fue el único que puso en marcha la iniciativa Proder, parecida a la iniciativa comunitaria Leader, con unas pequeñas especificidades, que ha supuesto que este país tenga 300 grupos de acción local, como he dicho anteriormente, en los que participan 7000 ayuntamientos, muchos técnicos, muchos empresarios y muchos colectivos sociales, en una participación que, con luces y con sombras, ha supuesto crear territorio, ha supuesto crear una nueva gobernanza de abajo arriba, y ha supuesto dar participación a los territorios.

En este nuevo periodo hemos pasado de ser un programa a ser una línea de trabajo, un eje transversal en metodología Leader, si bien debo decir que, una vez puestos en marcha los 17 PDR, más el que hace el número 18, la Red Rural Nacional, creíamos que iban a ser cuatro ejes de trabajo en conjunto, pero la metodología Leader ha quedado prácticamente en el eje 3, mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, con un 12,5 o un 13%, y el resto, el eje 1 y el eje 2, se lleva prácticamente todo el Feader, con todas las dificultades que eso supone. A pesar de ello, los grupos de acción local se están poniendo en marcha, y en este período que acaba de terminar más del 45% de nuestras ayudas se ha destinado a mujeres emprendedoras. Dentro de las medidas adoptadas de formación, de capacitación, de adquisición de capacidades, etcétera, hemos podido llegar a todos los proyectos emprendedores en el mundo rural, aunque no sin dificultades, y según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino hemos creado más de 35 000 puestos de trabajo y se han consolidado otros tantos en empresas pequeñas de la diversificación económica del mundo rural. Esta es una pata fundamental para la Red Española de Desarrollo Rural.

En este período, los grupos de acción local estamos dando una mayor participación en los territorios. Consideramos que las asociaciones agrarias deben estar dentro de los grupos de acción local y romper esa dinámica que en ocasiones surge entre lo rural y lo agrario. Las OPA, los grupos de acción local y las cooperativas deben estar incluidos como factores importantes en el mundo rural, y nos encontramos en ese período de puesta en marcha. Vamos con cierto retraso: la mitad de las comunidades autónomas ha empezado ya a trabajar y la otra mitad está todavía intentando elaborar los reglamentos.

Como ya he dicho, la siguiente pata en el territorio es la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. La red española y los 300 grupos de acción local apoyamos la iniciativa de esta ley para el mundo rural. Es una ley de carácter territorial que nos va a permitir opinar más directamente desde el territorio. La ley lleva un retraso de año y medio o dos años. Se han puesto en marcha algunos proyectos piloto en algunas comunidades autónomas, como ustedes saben, pero los plazos para la zonificación finalizaron el 7 de diciembre. Algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, han presentado 400 o 500 enmiendas. Nosotros, junto a la FEMP, también hemos presentado alguna, porque la ley dice claramente que son las comunidades autónomas las que deben establecer las zonas, pero creemos que, como dice también la ley, el territorio debe estar presente en esa zonificación. Hay comunidades en las que estamos presentes y hay otras en las que no se nos ha permitido pero, como tenemos voz y voto a través de las asociaciones, ya hemos presentado estas enmiendas.

Esta es una ley de carácter territorial, y aunque es cierto que las comunidades autónomas tienen que hacer un esfuerzo para realizar su zonificación con zonas prioritarias, intermedias y periurbanas, y aunque también es cierto que se ha hecho un esfuerzo serio de trabajo y de las 300 comarcas se van a presentar aproximadamente unas 160, consideramos que ha habido un déficit de compromiso con el territorio, si bien es verdad que todavía estamos a tiempo de trabajar a este respecto, porque la ley permite que, una vez presentadas las zonas, podamos trabajar desde el territorio, y en este momento estamos trabajando con las comunidades autónomas.

La ley dice que el territorio elaborará un plan para cuatro años que posteriormente firmará al 50% con el ministerio, y es ahí donde intentamos que todos los sectores del territorio -empresarios, emprendedores, jóvenes, mujeres, minusválidos, mayores, grupos de acción local, asociaciones agrarias, cooperativas, alcaldes, mancomunidades, diputaciones de las áreas de trabajo- se junten para elaborar un plan -algo que ya hemos conseguido en algunas comunidades autónomas- porque la ley, con sus ochenta y tantas medidas transversales, permite llegar donde no podemos llegar ni con políticas directas de los Gobiernos regionales, ni con políticas de los grupos de acción local, porque nos encontramos muy encajonados en algunas medidas muy concretas, ni con otras medidas sectoriales, pero sí podemos llegar con un proyecto de desarrollo territorial que permita la ley y que nos haga ver un poco más allá de lo que estamos trabajando en el día a día. Podemos poner en marcha un plan para los jóvenes, un proyecto comarcal para cuatro años para las mujeres, un proyecto para ir un poco más allá en educación, un poco más allá en sanidad, un poco más allá en transportes, porque ahí también podemos caer en la exclusión social, y, sobre todo, un poco más allá en las TIC, las nuevas tecnologías, porque todavía no llegamos a muchas zonas de la España rural.

Este plazo termina en febrero o marzo, y los grupos de acción local vamos a intentar que todas las comunidades autónomas presenten el plan territorial a través de la ley. Como ya he dicho, la ley establece que el territorio elaborará un plan, y ahí estamos trabajando para presentar los 160 planes durante los próximos cuatro años y los posteriores, como marca la ley.

En tercer lugar, me gustaría hablar, al menos por encima, de la territorialización de los planes de empleo y de los planes de formación para las zonas rurales. Venimos demandando formación a la carta, que en ocasiones no tenemos, mediante el fondo social, los planes de formación de las comunidades autónomas, los planes de formación de las diputaciones, los planes de formación de los ministerios, etcétera. Creemos que ha llegado el momento de territorializar los planes de empleo y los planes de formación. El territorio debe elegir, porque no todos los territorios son iguales, y a través del proceso de elaboración de los planes territoriales deberíamos intentar por todos los medios realizar la planificación y el desarrollo en un ámbito territorial, demarcando un conjunto de medidas activas de empleo, complementarias entre sí, recogidas en un documento que podríamos denominar planes territoriales de empleo, y que deberían ser pactados y seguidos por una mesa local de empleo, en el marco del diálogo social de todos los sectores.

Se trata, pues, de una política de cooperación territorial en la que participen las administraciones públicas, los agentes sociales y económicos y otras instituciones del territorio objeto del plan, que asuman un grado de cooperación muy intenso al objeto de mejorar la eficiencia local de las políticas activas de empleo en un marco de diálogo social ampliado y territorial.

Se espera que los planes territoriales de empleo que demandamos, a fin de que puedan llegar a todos los yacimientos de empleo y a todos los nuevos escenarios en el mundo rural, mejoren la eficacia local de la integración de políticas de empleo, ofreciendo un escenario de la adecuación de las necesidades de las personas y del territorio. Supondrá para los servicios de empleo un nuevo modelo de gobernanza al hacer partícipe del diseño y la aplicación de las diferentes actuaciones a los agentes locales y a las personas usuarias de los centros de empleo. Se espera, como consecuencia de la participación, una mayor comprensión de la política local de empleo y un mayor grado de compromiso con ella.

Los planes territoriales que demandamos pondrán de relieve la complementariedad entre sus acciones y otras medidas activas de empleo: programas de desarrollo y diversificación rural, medidas de promoción empresarial e industrial y de innovación con las inversiones públicas para la puesta en marcha de nuevos servicios locales. En particular, la complementariedad sería visible si fuera capaz de incluir en las acciones programadas la participación de cualquiera de las medidas mencionadas con su propio soporte administrativo y financiero.

En el análisis que estamos efectuando en los 300 territorios, esta es una de las mayores demandas; es decir: déjennos hacer formación a la carta en nuestro territorio; déjennos hacer nuestro propio plan de empleo para el territorio, porque en muchas ocasiones llevamos a cabo formación a través del fondo social para mujeres, para jóvenes, para mayores de 45 años, pero a veces no llegamos a la empresa que necesita juntar todos estos sectores o que tiene un yacimiento de empleo distinto del que le puede ofrecer el grupo de acción local, distinto del de la Ley de desarrollo rural, distinto de una convocatoria de cualquiera de las consejerías.

Estas serían para nosotros las tres patas del futuro de los territorios rurales para acabar con esa diferencia entre lo rural y lo urbano. Repito: una buena política europea; fomentar los grupos de acción local en el eje 3 desde los PDR, logrando una visión distinta para el nuevo período porque la que tenemos de antes no nos vale; aplicar la Ley de desarrollo rural, de manera que los territorios participen en su propio proceso de elaboración, y aplicar los planes de empleo con objeto de que el territorio participe en su propio proceso de desarrollo.

Por último, quiero señalar que para llevar a cabo este pacto social entre lo urbano y lo rural es necesario que todos participemos. No decimos que el pacto sea solo para el mundo rural y no para las ciudades, porque si desarrolla en las zonas rurales se desarrollará en las ciudades y viceversa, pero, señorías, todavía queda mucho por hacer.

El otro día, en un curso en la Universidad de El Escorial, se me ocurrió decir que una sola obra de esta ciudad de Madrid ha costado más que todos los programas de desarrollo rural para toda España hasta 2013. Alguien que estaba entre el público se enfadó mucho conmigo y me preguntó si es que estábamos en contra del desarrollo de Madrid o de las grandes ciudades. No es así; en absoluto. Pero es que el día anterior habíamos acudido a un seminario en la zona norte y no había ni cobertura de móviles, ni banda ancha, ni un autobús para volver a la ciudad de Madrid. Estas son las cosas que hay que compaginar entre todos en un país como el nuestro, con cuarenta y tantos millones de habitantes, con 17 comunidades autónomas con zonas rurales muy diferentes, pero en donde vive el 90%, el 25%, el 30%, el 35% o el 40% -depende de dónde pongamos el listón.

Con la actual crisis, este es un buen momento para que la gente vuelva al mundo rural, como de hecho está sucediendo. Hay nuevos escenarios, cabemos todos para poner las bases de estas cuatro patas que en la red española consideramos que son fundamentales para que nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros emprendedores y nuestros mayores decidan dónde quieren vivir. En este caso hemos decidido vivir en el mundo rural.

Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias a usted por su intervención.

Pasamos al turno de portavoces.

En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Raquel Miriam Andrés Prieto.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, presidenta.

Buenos días a todas y a todos.

En primer lugar, agradezco la importante comparecencia en esta comisión de don Aurelio García Bermúdez, porque nos ha dado una visión que hasta ahora no teníamos. Es verdad que todos los comparecientes anteriores nos han hablado -para ello se ha formado esta comisión- de los efectos de esta crisis económica en la población, pero todos lo han hecho desde una esfera muy social dentro de las grandes ciudades. En mi opinión, por las características de nuestro territorio y de nuestro país, era necesaria esta visión sobre cómo puede afectar la crisis y cómo se está viviendo así como sobre las políticas en el mundo rural. Por tanto, le doy las gracias por ello.

Además, quiero resaltar, porque considero que es el momento, todas las acciones y todas las políticas que están llevando a cabo los grupos de acción local desde el año 1991. Esos grupos, al tener una pluralidad de visiones, al estar compuestos por diferentes agentes sociales y económicos, pueden dar esa visión más completa que la que se da en ocasiones en los despachos de cualquier administración.

En cuanto a los ejes de su intervención, he de señalar que estoy totalmente de acuerdo, en primer lugar, en la necesidad de ese pacto urbano-rural. Me gustaría desarrollar mi intervención sobre una premisa importantísima cuando hablamos de las políticas del medio rural: la responsabilidad de la política. Usted ha hablado de la importancia de una buena política europea para llevar a cabo importantes y eficaces acciones en el medio rural. En mi opinión, no ha sido tanto una mala política europea sino más bien una mala gestión en casa, y le pongo un ejemplo. Soy de una provincia con una comarca muy singular, no oficial, que es la montaña palentina. Es una comarca que vivía esencialmente de la minería, y cuando casi todas las minas cerraron se pusieron en marcha políticas desde la Unión Europea, en concreto los Fondos Miner, que todavía se siguen aplicando. Pues bien, un pueblo esencialmente minero, como Guardo, con todos los millones que ha recibido a través de los Fondos Miner, podría estar mucho mejor de lo que está. Pero la gestión de esos fondos, la responsabilidad de las administraciones que reciben ese dinero no es tan buena como la voluntad cuando se observa la decadencia de algunas actividades estructurales económicas para que aquello se desarrolle. Por tanto, la responsabilidad política en el mundo rural es vital, aunque también lo sea en cualquier otro aspecto.

En cuanto al pacto urbano-rural -usted lo ha dicho de pasada en su última apreciación de su comparecencia-, quizá se necesite una mayor solidaridad. Es verdad que las zonas que marca la ley como prioritarias, intermedias y periurbanas no son lo mismo, y vemos cómo, alrededor de esas ciudades, hay núcleos de población que pueden tener otros problemas, como, por ejemplo, de abastecimiento, porque se va a vivir mucha gente, como es el caso de las ciudades dormitorio, pero no tienen ese problema estructural de los municipios que quizá reciban la mayor parte de las políticas de los grupos de acción local, algo que ocurre mucho en mi comunidad, pues es la que cuenta con más núcleos de población, con la más dispersa, y en el territorio más extenso de toda España.

Hace falta esa zonificación, y la Ley de desarrollo rural es una oportunidad única para atajar el fenómeno de la despoblación que tanto daño está causando en el medio rural. Prioritariamente, sería necesaria una ordenación del territorio y una comarcalización -diría- obligatoria. Sabemos que, en cuestiones de ordenación del territorio, las comunidades autónomas son las que tienen la principal responsabilidad de establecer mecanismos para la comarcalización de su territorio para poder hablar de una eficiencia de los servicios públicos y de una buena planificación de los recursos públicos.

En cuanto a prestar una atención especial a los colectivos más susceptibles, he de señalar que estoy de acuerdo con lo manifestado por la presidenta al inicio de su intervención. Si existen colectivos más vulnerables de exclusión o de marginación en el ámbito urbano ante una crisis como la actual, como es el de los jóvenes o el de las mujeres, esto se acentúa más en el medio rural por esa falta y esa desigualdad de recursos públicos existente entre el

mundo urbano y el rural. Por tanto, es una responsabilidad política de todos.

Por último, quiero formularle tres preguntas. En primer lugar, como usted está acostumbrado a observar la vida en el mundo rural, ¿en este año y medio se han notado especialmente los efectos de la crisis, como ha ocurrido en el medio urbano? O, por el contrario, como está ocurriendo en pueblos de mi comunidad, ¿es verdad que muchas familias están volviendo al núcleo rural porque quizá sea más barato vivir allí? Es cierto que el 60% del paro procede de la construcción, por ello quizá no se haya notado tanto en los núcleos rurales, aunque no podemos obviar que la agricultura y la ganadería están pasando por una situación delicada. En segundo lugar, me gustaría saber si sabe qué comunidades autónomas no han permitido la participación de la red en ese primer proceso que acaba de terminar y que marcaba la Ley de desarrollo rural. En tercer lugar, ¿nos podría hablar de alguna experiencia conocida donde participen grupos de acción local, relativa a la territorialización de los planes de empleo y formación?
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, senadora.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora doña María Ángeles Font Bonmatí.

La señora FONT BONMATÍ: Muchas gracias, señora presidenta.

Bienvenido, señor García Bermúdez, a esta comisión y a este Senado, que es la Casa de todos los españoles y en la que, por tanto, usted siempre será muy bien recibido.

Quiero sumarme a las palabras de bienvenida de los portavoces que me han precedido, en este caso el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y de la señora presidenta.

Usted tiene muy clara la finalidad de esta comisión. Atravesamos un período en el que cada vez son más las personas que no tienen acceso al empleo, en el que cada vez son más las personas que tienen que vivir del subsidio, llámese paro u otro tipo de prestación económica, para poder subsistir -más de un millón y medio de familias ya carecen de todas estas prestaciones-, y en el que cada vez es mayor el número de personas que, por desgracia -los datos de la EPA así lo confirman-, no tienen con qué mantener a su familia.

Uno de los motivos por los que se ha creado esta comisión ha sido precisamente la crisis económica y cómo está influyendo en el desarrollo de la vida cotidiana de los españoles. Ya son 9 millones las personas que en España están justo por debajo del umbral de la pobreza. La mayoría de los comparecientes -y en eso coincido con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- nos han hablado del mundo urbano. Usted es el primero que nos habla del mundo rural. El mundo rural está claramente en recesión desde los años sesenta. No sólo cuenta la crisis económica de este año y medio, llevamos muchos años de recesión en el mundo rural. Esto ha ocasionado que su población esté -como usted ha dicho- muy envejecida y que sea prácticamente masculina.

Muchos jóvenes en los años sesenta emigraron a las ciudades en busca de trabajo en fábricas, en busca de otro medio de vida para cubrir unas expectativas que el mundo rural no les daba pues para ellos eran insuficientes. La consecuencia fue la gran despoblación de muchas zonas, sobre todo de la zona centro. En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la que pertenezco, la despoblación es impresionante. En mi provincia tenemos más de 400 núcleos de población, que en muchos casos no llegan ni a diez habitantes. Conozco lo que ha dicho la portavoz socialista de que muchos pueblos están prácticamente abandonados. Pues en mi provincia incluso algunos ya lo están.

Usted ha hecho un buen diagnóstico de la situación en este momento y coincidimos. Los fondos Leader y Proder han posibilitado que algunos municipios de estas comunidades autónomas, que son Objetivo 1, porque nuestras regiones son las más pobres no solamente de España sino, en algunas ocasiones, de Europa, puedan salir un poco más a flote que si solo contaran con los medios propios de las comunidades autónomas y los municipios.

Es cierto que esta situación ha mejorado mucho en nuestros pueblos, pero también es verdad que esto va a tener un fin. Con la ampliación de la Unión Europea posiblemente en el reparto llegarán menos fondos europeos y habrá un momento en el que no sólo no recibiremos fondos, sino que los tendremos que aportar nosotros para el desarrollo, de la misma manera que hizo el resto de Europa.

Me gustaría saber si la Red de Desarrollo Rural tiene alguna visión sobre este futuro que parece no muy lejano y de qué manera seguirá afectando al desarrollo de nuestros pueblos, de nuestros municipios, pues todavía no hemos podido salir de la pobreza en la cual estamos sumidos.

Es verdad que el campo está en crisis pero no ahora, lleva mucho tiempo. Está en crisis. Los precios de la producción son muy elevados. Los beneficios que reciben por lo que producen son menores en algunos casos que el costo que tienen para producir. Yo he visto, porque procedo de una familia de agricultores, cómo no se han podido recoger las cosechas porque el costo de la mano de obra era superior al beneficio que se podía obtener por la misma. Además, ahora se une una falta de créditos para refinanciar estas deudas.

El envejecimiento de la población ha sido y es una de las causas por las cuales el campo tiene un serio problema de abandono. Por muchas iniciativas que se presenten no conseguimos ver el futuro. Parecía que con la inmigración íbamos a tener una renovación, por decirlo de alguna manera, del campo, que íbamos a tener un campo un poco más joven, pero la crisis les ha afectado también y muchos de ellos tienen que retornar a sus países de origen.

Usted ha hablado de la necesidad de que haya un pacto social entre lo urbano y lo rural. A mí me gustaría que me dijera en qué cree usted que tiene que basarse ese pacto social, qué debe contener y en qué medida ayudaría a solucionar la pobreza, problema que tenemos en nuestros pueblos y que es el motivo de esta Comisión de Exclusión Social.


Me gustaría que me dijese si debería ir asociada a la Ley de Desarrollo Rural -que usted ha dicho que tiene una lenta puesta en funcionamiento- una nueva ley de financiación local. Muchos municipios están asumiendo funciones que les corresponderían al Estado y a las comunidades autónomas y que lo están pagando de sus fondos. Por tanto, le pregunto ahora que hemos visto que hay una nueva Ley de Financiación Autonómica si no cree que se debería impulsar una nueva ley de financiación local, de tal manera que esas funciones que están cubriendo los ayuntamientos, los municipios, se financiasen por otra vía: bien que las asumiesen las comunidades autónomas, bien que las comunidades autónomas, que son las competentes en algunas materias, tuvieran que financiar la prestación de estos servicios.

Además de esta reflexión, voy a hacerle una serie de preguntas. ¿Afecta o ha afectado la crisis económica que estamos sufriendo de igual manera a las zonas rurales que a las zonas urbanas? ¿Hay más o menos pobres en las zonas rurales? Se lo pregunto porque en el mundo rural hay una solidaridad que no existe en el mundo urbano, en el mundo rural todos nos conocemos y la gente es mucho más solidaria entre sí. Cuando se conoce que determinadas familias están pasando por una necesidad, todo el mundo tiende a ayudar a esas familias, circunstancia que a lo mejor no es tan patente en el mundo urbano. Además, mucha de esta gente que emigró en los años sesenta a las ciudades en busca de un nuevo trabajo -en fábricas,...- está retornado al mundo rural, sobre todo aquellos que todavía poseen la casa de sus padres y que tienen algún trozo de tierra. La consecuencia es que está iniciándose otra vez una agricultura de subsistencia familiar más que de explotación agrícola. Quisiera que hiciera usted algún comentario en este sentido si lo estima usted oportuno.

Me gustaría preguntarle también si cree usted que se está apostando demasiado por las zonas urbanas en perjuicio de las zonas rurales. ¿Cómo podemos actuar eficazmente ante los viejos y nuevos problemas que han surgido como consecuencia de la crisis, de modo que podamos impulsar determinadas políticas -usted ha mencionado algunas, pero quisiera que concretara un poquito más- que reduzcan o que permitan que el desarrollo rural mitigue de alguna manera la falta de trabajo que hay en las grandes ciudades, la falta de trabajo que tiene nuestra población joven, que es el sector que en peores condiciones está en este momento para enfrentarse al reto diario, y para que puedan asegurarse los medios de vida de nuestros pueblos?
Para finalizar diré que la situación es bastante mala, es obvio -los datos de la EPA nos confirman todos los meses que cada vez hay más gente que acude a las oficinas del paro-, y lo peor es que puede ir a peor. Eso es lo peor, que la situación puede ir a peor. ¡Ojalá vaya a mejor!, pero las perspectivas en un principio no auguran que en los próximos meses vayamos a reflotar.

En mi opinión la pobreza ha dejado de ser, aunque quizás nunca lo fue, un compartimento estanco en el que han confluido los marginados del sistema. Estábamos acostumbrados a saber quién era el pobre -los alcohólicos, los drogadictos, los inmigrantes-. Ahora hay nuevos pobres, nuevos tipos de pobreza. En este momento no se trata de ser o no ser pobre -ya sabemos que hay 9 millones por debajo del umbral de la pobreza-, sino de que hay muchos que están rozando ese umbral de la pobreza y que están en riesgo de exclusión social. Es un compromiso que debe adoptar toda la sociedad española, todos: el mundo rural, el mundo urbano, políticos, no políticos, empresarios... Es un reto que tenemos enfrente de manera palpable a diario. Nueve millones de personas en situación de exclusión social constituyen un grupo demasiado grande que no puede ser ignorado.

Por mi parte, me gustaría que me respondiese a los planteamientos que le he expuesto en la medida que pueda.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, senadora Font.

Tengo que advertirles que el letrado, en el momento de iniciar esta comparecencia, me hizo llegar la documentación que ha aportado el compareciente y que se les enviará por Internet para que dispongan de ella todas sus señorías. Seguro que ahí habrá datos complementarios de lo que ha expuesto don Aurelio.

Para contestar, en la medida de sus posibilidades, para dar respuesta a las intervenciones de las dos portavoces, tiene la palabra don Aurelio García.

El señor PRESIDENTE DE LA RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL (REDR), (García Bermúdez): Muchas gracias.

Es un debate muy interesante. Si me lo permiten los dos portavoces, les diré que, cuando comparecí en el Congreso durante el trámite de la ley, también me chocó -como dicen en mi pueblo- que todas las señorías, todos los diputados me dijeran lo mismo. Hasta ahora los debates son siempre sobre el mundo urbano. Eso tiene que hacernos pensar por qué los que vivimos en el mundo rural no somos capaces de debatir sobre ese mundo rural más a menudo en esta Cámara, en la otra Cámara y donde haga falta. Por ejemplo, la aprobación de la ley no salió en ningún medio de comunicación, nunca. Para mí, una ley que se refiere al 35% de los españoles, a zonas de exclusión, a zonas intermedias y a zonas periurbanas, que contiene 80 medidas y que está dotada con 6000 millones de financiación debería haber despertado interés. Sin embargo, a mí no me llamaron nunca. Perdón por decir esto, pero me gustaría que pudiéramos debatir más a menudo sobre lo que está pasando en el mundo rural. Supongo que los debates son de otro tipo y se hacen en otros momentos.

Estuve hace poco en Canadá, en el encuentro mundial sobre desarrollo rural, de la OCDE. Ya saben ustedes que la OCDE, cuando habla, sienta cátedra, y a veces acierta y otras veces, no. Su conclusión principal sobre el mundo rural en España fue que la crisis era menor en el mundo rural que el mundo urbano, y que este último tenía que aprender de lo que se había hecho en el mundo rural; que

la solución para el futuro estaba en las políticas de diversificación del mundo rural, que ahí estaba el futuro. Entonces yo les pregunté a los de la OCDE: ¿estamos mejor preparados porque siempre hemos vivido en crisis o porque realmente lo estamos? Porque si siempre hemos vivido en crisis y nos conformamos con poquito, la OCDE acierta siempre. Sin embargo, esa no es la solución.

Es verdad, no obstante, que en los pueblos pequeños, de menos de 5000 habitantes, en los que hemos hecho estudios, la crisis no ha golpeado de la misma forma que en las ciudades o en los pueblos grandes. En primer lugar, porque hay políticas activas, escuelas-taller, casas de oficios, casas de empleo, agrupaciones locales, actuaciones políticas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y planes del Gobierno central; hay obras. Como sabía que vendría aquí esta mañana, ayer hablé con el alcalde del pueblo en el que yo vivo, de 1000 habitantes, situado en una zona fronteriza con Portugal, de montaña, Objetivo 1, muy cerca de Las Hurdes y muy cerca de Castilla y León; es decir, con todos los ingredientes para ser un ejemplo de lo que tratamos. Pues el alcalde me decía: No, no, hemos tenido mucha suerte, porque con los planes especiales de la Diputación, de la Junta y del Gobierno, es al revés: nos cuesta a veces encontrar parados para algunas labores agrícolas y, sobre todo, para la construcción. Quiero decir que en estos pueblos quizá la crisis no ha golpeado tanto. Pero, claro, eso no puede ser porque haya planes especiales con plazo de ejecución, tiene que ser porque hay políticas reales con escenarios a medio plazo por lo menos.

También es verdad que estamos recibiendo a muchas personas, no solo a los que se fueron en los años sesenta y vuelven ahora, sino a muchos que vivían a caballo entre el pueblo o la comarca y Madrid, que trabajaban en la construcción de lunes a viernes o durante meses y volvían después. En los pueblos nos toca -entre comillas- ahora hacerles un hueco. El año pasado no hubo tanto problema porque estaban cobrando el paro, un paro muy alto además, de modo que a algunos ni siquiera les interesaba trabajar, así de claro, pero este año sí tenemos que intentar que todas esas personas que han vuelto al mundo rural, sobre todo trabajadores de la construcción, tengan futuro a corto y medio plazo. Yo creo que en los pueblos pequeños se está consiguiendo. También se está trabajando más en el campo, quizá en perjuicio de algunos inmigrantes que hacían antes estas labores. También hay gente que ha pasado del trabajo en la construcción al trabajo en el campo, en la agricultura, en la ganadería o en trabajo temporal. En Extremadura y en Andalucía, con el PER o la AEPSA, o cómo se llame ahora, se acoge a la renta agraria gente más joven que ha vuelto al pueblo. En resumen, yo no veo más crisis en el mundo rural que en el mundo urbano. Lo malo es que esto vaya a resultar coyuntural y que no se sienten las bases para que esto no vuelva a ocurrir en los próximos años.

Deberíamos aprovechar los yacimientos de nuevo empleo con que cuenta el mundo rural, los escenarios de futuro que ofrece y dejar de mirar los problemas desde la perspectiva de lo local para hacerlo desde la perspectiva del territorio, de la zona, de la comarca, que nos permite, en un tiempo de diez, veinte, treinta minutos acudir al trabajo, al instituto, al colegio, al centro de salud o a la residencia. Ya les digo, no veo que estemos tan golpeados, y, repito, la OCDE cree que el futuro está en la diversificación del mundo rural.

Usted me preguntaba por la ley. Hace unos meses se presentó en Madrid y las 17 comunidades autónomas presentaron sus planes de zonas y la forma en que iban a desarrollar los proyectos de cada zona -con qué actores iban a contar, etcétera-. Nosotros sufrimos cierta desilusión, porque, de las 17 comunidades, aproximadamente la mitad lo iba a hacer de arriba a abajo, cosa que no permite la ley, aunque otras lo harían, como dice la ley, articulando un instrumento de participación de los ciudadanos en el territorio. Igualmente, según la ley, las comunidades autónomas cuentan con un órgano consultivo, con los ministerios, y las asociaciones tienen voz y voto en la forma de ejecución de la ley.

Yo les pido a los representantes políticos aquí presentes, que pertenecen a las comunidades autónomas, que hagan un esfuerzo por conseguir que el proyecto se diseñe en el territorio. Ya he pedido en otros foros y no ha sentado bien, aunque lo digo pensando en que las cosas se hagan bien, que no se haga trampa con el 50% que pone la comunidad autónoma al cofinanciar con el Estado y se dedique a políticas que ya están aprobadas. Hay que dedicarlo a proyectos innovadores, que vayan más allá de lo que se hace a diario. Lo digo porque, en una comarca concreta, el proyecto, dentro de la Ley de Desarrollo Rural, consistía en comprar camiones de la basura, y eso no es. Hay que ir un poquito más allá de las políticas que se están llevando a cabo en el territorio. Ya he dicho que la ley contiene 80 medidas transversales y se puede aplicar cualquiera de ellas. Podríamos diseñar un buen proyecto territorial que diera cabida a las personas que han llegado al pueblo a trabajar, a las emprendedoras, a los jóvenes, a los afectados por la Ley de dependencia, a los centros de día, a la telemedicina, a la formación profesional, más allá del desarrollo que haya alcanzado hasta ahora en la comarca, etcétera. Eso es lo que dice la ley, y no que se compren camiones o que se arregle una carretera de la diputación. Por eso insisto en que debe participar desde el territorio.

Planes territoriales de empleo. Hay algunas comunidades que tienen cosas muy interesantes. Castilla-La Mancha, por ejemplo. También Andalucía diseñó un plan de interés, que no recuerdo cómo se llama. Creo que todas las comunidades autónomas están trabajando en planes territoriales, pero esto hay que llevarlo al territorio. En Extremadura, por ejemplo, lo estamos llevando al territorio. Contamos con una mesa constituida por políticos locales, mancomunidades de municipios, grupos de acción local, el Sexpe -el servicio de empleo- y las dos áreas de Diputación. Todos los colectivos están representados y está dando resultado. Allí se suscitan ideas novedosas y el ciudadano puede decir: a mí me gustaría ir por aquí; yo estoy parado por esto y he intentado esto otro que no encuentro, pero podría encontrar aquello. En fin, territorializar es bueno.


Ya saben ustedes que al Inem y a los servicios de empleo se les ve como sitios en los que se sella la cartulina y poco más, y esa no puede ser la política de empleo del futuro. A veces se hacen talleres de empleo, casas de oficios o escuelas-taller con unos talleres que no tienen salida en el pueblo. Se hace un taller de electrónica en una zona muy rural, con pueblos de 500 habitantes, donde no se apunta prácticamente nadie o se apuntan por la beca, y además la Electrónica 2 hay que hacerla luego en la ciudad. Eso sí que es importante que se haga desde el territorio.

La compañera del Grupo Popular hablaba del fin de los fondos. Para los grupos de acción local y para los programas de desarrollo no puede haber en el 2013, lo digo sinceramente, fin de fondos porque hasta ahora prácticamente solo hemos tenido filosofía, casi no ha habido fondos. Estamos haciendo un documento para la Presidencia española, se lo vamos a entregar dentro de unos días, en el que ha participado la Red española, la Red estatal, todos los grupos, las universidades, todas las OPAS, las cooperativas, los medioambientalistas, los ecologistas, los paisajistas. Es un documento para la Presidencia, que van a ver ustedes en unos días, explicando esto. No es un tema de fondos, es político y de filosofía por el mundo rural.

Para el período 2007-2013 no vamos a llegar a 2000 millones de euros para siete años, para 300 comarcas. Es decir, de los 16 200 millones que hay para el mundo rural, el Eje 1, de Competitividad agraria, se va a llevar el 60% aproximadamente; el Eje 2, medio ambiente, se va a llevar 30 o 35, y nos va a quedar el 10 o el 12% para la diversificación económica del mundo rural. Estamos hablando de entre 1700 y 1900 millones de euros para seis o siete años. Por eso decía que eso es mucho menos que una gran obra de la ciudad de Madrid, de Barcelona o de otra ciudad.

No se nos puede decir que no va a haber fondos porque estamos hablando de unas cantidades pequeñas. De hecho, la Ley de Desarrollo Rural, que personalmente creo que es donde se deben incardinar o se deben enganchar los grupos de acción local para el futuro -porque habla de participación ciudadana, de capital privado, etcétera- va a salir con 2000 millones de euros, más o menos, que es lo mismo que vamos a tener en todo el período siguiente a través de los PDR. Los gobiernos regionales han puesto una parte muy importante de esos 16 000 millones para el desarrollo rural: Bruselas puso 5900, el Estado añadió 3000 y el resto lo han puesto las comunidades autónomas, que han hecho una labor muy importante para llegar a los 16 200 millones de euros que tienen los PDR para desarrollo regional.

La partida de los 2000 millones de euros para los grupos de acción local de diversificación, nosotros vamos a multiplicarla por dos y van a ser 4000 millones, porque nosotros trabajamos con el dinero que ponen los empresarios privados para que les demos la ayuda. Si les estamos dando de media ayudas del 35%, quiere decir que los emprendedores, sobre esos 2000 millones, van a poner otros 2000 millones -si le quitamos la pequeña parte de formación, pagar a los técnicos, al grupo de acción local, etcétera-; estamos hablando de unos 4000 millones para diversificación. Son cantidades que, repartidas en siete años, son asumibles para cualquier Estado, aunque vengan menos fondos de la Comunidad.

Por eso nosotros pedimos un fondo propio de Bruselas para el mundo rural fuera de la PAC, para que no entren en si a la PAC se le quita para el desarrollo rural, ya que ahí ha habido bastante discrepancia. Pedimos que la PAC continúe pero que nosotros tengamos fondo propio y unas directrices propias de Bruselas; que esas directrices, a través de los Gobiernos centrales con más fondos, lleguen a los regionales; y que los PDR, que son absolutamente regionales, inviertan más en diversificación económica en el territorio rural, fuera de lo que es la PAC, repito, porque, aparte de la PAC el Eje 1, de Competitividad agraria, y el Eje 2, de Agroambientales, se van a llevar el 88% de los 17 PDR de España, y nos va a quedar el 12% para diversificación económica, para multifuncionalidad, para atender todos estos problemas, que el eje muy bien llama para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en el mundo rural.

No llega a 2000 millones de euros, que divididos, repito, son 200 o 300 millones cada año, lo que es una cantidad asumible para que cuando Europa ponga menos fondos o ponga un fondo distinto el Estado pueda seguir invirtiendo, y que además lo puede hacer a través de la ley.

La ley hablaba de 6000 millones en este primer período. Dado el momento en que estamos, vamos a llegar a unos 2000. Si las comunidades autónomas ponen el 50%, podemos estar cerca de los 4000, podemos estar trabajando en 160 comarcas. Creo que sale una media de unos 20 millones de euros por comarca, mucho más que los programas Leader, que sale una media de 5, con lo cual la ley puede ser un instrumento muy importante para diversificar de una vez, aparte de que te da una cartera de medidas que no te permite Bruselas con los grupos de acción local, que no te permiten los PDR, que están muy encajonados -no te permiten hacer ciertas medidas, tienes que ir para lo que te dicen-. La ley te permite hacer un proyecto propio para cuestiones muy concretas, como decía usted, para cuestiones de gente que vuelve, de gente que le ha ido mal en el campo, de jóvenes que se quieren enganchar a la agricultura, a la ganadería, etcétera.

Nosotros en este documento que va a salir en unos días explicamos un poco lo que es el pacto social. Es la solidaridad que nosotros no vemos. Nosotros pedimos tener los mismos servicios que las ciudades, pero a distinto nivel. Si hay un hospital en una ciudad, que haya un buen centro de salud con telemedicina y con todos los sistemas en cada comarca o cada dos comarcas; que si hay AVE -dentro de un rato voy a unas jornadas que hay en Zaragoza, iré muy tranquilo en el AVE, pero para venir a Madrid desde Extremadura todavía tengo que venir en mi coche, o para ir a Cuenca o a otros lados a hacer una ponencia tengo que ir en coche-, que tengamos transportes intercomarcales como los tienen las ciudades. Un alcalde me decía el otro día que si ponen servicios intercomarcales muy próximos a la ciudad se corre el peligro de que los ciudadanos de la

ciudad se vayan al mundo rural. Ese no es el pacto, el pacto es que se puedan ir al mundo rural y nosotros podamos venir a la ciudad y hagamos esa confluencia de pacto.

Hay otra cosa más importante todavía sobre el pacto local, y podríamos tirarnos aquí mucho tiempo debatiendo el tema de los ayuntamientos, y es que el ciudadano del mundo rural vale 70 euros en la cesta y el ciudadano de Madrid vale 300 euros. En mi pueblo, de 1000 habitantes, por cada ciudadano el Estado da 70 euros. Yo estoy censado en mi pueblo, pero si yo me censo en Madrid mañana paso a valer automáticamente 300 euros y ese es el pacto que nosotros reivindicamos. A nosotros, que tenemos que ir a un hospital a 100 kilómetros o que tenemos que ir a un hospital a 30 kilómetros -depende de la comunidad autónoma-, o que nuestros jóvenes tienen que ir a la universidad y no hay ayudas para que vuelvan al mundo rural, -y esa es una petición que hemos hecho en todas las comunidades autónomas y a todos los Gobiernos centrales y a todos los Gobiernos locales: que los jóvenes puedan volver al mundo rural, por lo menos a su comarca, cuando acaban los estudios universitarios, para ver si somos capaces de engancharles, y no pueden porque no hay ayudas de ese tipo- nos gustaría llegar a ese pacto, y ese pacto es un pacto, como decían las dos portavoces, de solidaridad de todas las instituciones, y si tenemos que aflojar un poquito en el mundo urbano, que se entienda, porque que el mundo rural necesita ponerse al día.

No me inventaba cuando decía lo del móvil y lo de las telecomunicaciones, es una realidad todavía. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo muy importante en lo que respecta a las nuevas tecnologías, pero hay pueblos, núcleos, ciudades, parroquias que todavía tienen muchas dificultades para engancharse, y eso nos daría un yacimiento de empleo muy importante en el mundo rural, porque los profesionales que vivieran en ciertas comarcas, en ciertas zonas revitalizadas o a revitalizar podrían trabajar a través de las nuevas tecnologías con su comunidad autónoma, con su empresa o con Madrid. Sin embargo, eso todavía nos cuesta mucho.

Me preguntaba usted sobre si el paro puede ir a peor. En las zonas rurales -lo he intentado decir al principio- estamos mejor, pero dentro de una situación en la que venimos aguantando un poco lo que usted dice: la gente trabaja unos jornales distintos; la gente está empezando a echar una mano en el campo, lo que antes hacían emigrantes; la gente está trabajando en otros yacimientos de empleo; la gente está volviendo a la construcción y está metiéndose en trabajos del ayuntamiento, de la diputación o de los Gobiernos regionales. Yo creo que eso sí nos ha enseñado algo y es que con la diversificación económica del mundo rural, con todas sus dificultades, es más fácil captar emprendedores en el ámbito rural que en las ciudades. Y les diré algo: hemos abierto ventanillas en siete u ocho comunidades autónomas -no en todas porque vamos con cierto retraso en el FEADER, y a mí eso sí me preocupa porque hay emprendedores esperando a que les demos la ayuda- y las cantidades para los emprendedores se han quedado bajísimas respecto a la correspondiente a proyectos emprendedores de jóvenes, de mujeres, de empresarios o empresarias que están presentando a los grupos. Hay una comarca donde se ha puesto un millón de euros en ventanilla para este año para el Eje 3 y se han presentado 102 proyectos por valor de 20 millones de euros. Igualmente, me acaban de decir que otra comarca de Aragón ya se ha gastado prácticamente los fondos previstos para este año, y los tienen hasta 2013 porque los fondos están anualizados por comunidades autónomas.

Esto quiere decir que todavía hay emprendedores en el mundo rural, que todavía hay muchas ideas, mucha innovación, aunque las ayudas que nosotros prestamos no son suficientes. Y respecto a las que ofrecen los Gobiernos regionales, que son muchas más, no sé por qué, pero los emprendedores prefieren pedir la ayuda en el territorio que ir a la ciudad, lo cual nos tiene que hacer pensar acerca de elaborar políticas desde el territorio, puesto que el ciudadano va más fácilmente a su comarca, a su territorio para informarse de cuáles son las ayudas con las que puede contar.

Es en ese sentido en el que venimos trabajando desde la Red Española de Desarrollo Rural, y estamos encontrando muchas dificultades para poner en marcha el FEADER, que, repito, cuenta con 2000 millones de euros para los emprendedores que quieran ir a los grupos de acción social, además de otros 14 000 para los dos primeros ejes de las comunidades autónomas que van por otro lado. Y en este momento, que debería ser un tiempo de premura para dar ayudas a los emprendedores y multiplicar ese dinero, sin embargo, nos está costando mucho la puesta en marcha del FEADER.

En este sentido, insisto en que tendríamos que hacer una petición a las comunidades autónomas para que con el plan de zona que ya han presentado en el ministerio salgan 160 proyectos innovadores y así gastar esos casi 4000 millones de euros que se van a poner en marcha en estos próximos cuatro años, que son importantes para dar un plus más al mundo rural.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, don Aurelio García.

Solo me resta despedirle y reiterarle el agradecimiento de todos los grupos políticos por su intervención, que estoy segura de que nos ha dejado un sabor agridulce, puesto que, por una parte, nos ha reconfortado cuando decía que la crisis no estaba afectando más respecto a los problemas que usted ha reconocido que existen y que había muchos emprendedores en la zona rural -lo que, sin duda, resulta dulce, agradable-, pero, por otra parte, también nos ha hablado de que hay más desempleo, sobre todo femenino y juvenil, y de que los niveles de estudio también son inferiores, de modo que son otras muchas cosas las que se necesitan para, en definitiva, elevar la calidad de vida de la zona rural.

Y ha expresado usted una queja que me parece muy procedente. Decía que muchas veces la zona rural no tiene la relevancia política y social que debiera, idea que compar-

to porque, como le decía al inicio -se me notaba en la intervención-, llevo años trabajando por las políticas de igualdad y lamentablemente veo que no son las que demandan la atención de los medios de comunicación, aunque, desgraciadamente, a veces sí por algún tema sangrante y trágico.

Por tanto, sepa que cuenta con esta comisión, y le agradecemos su intervención, que será tenida en cuenta, como cualquier otra iniciativa que nos pueda hacer llegar. Hablaba de que en ese marco del pacto social entre lo urbano y lo rural iban a presentar una documentación. Le agradeceríamos también que nos la hiciera llegar.

Muchísimas gracias.

Se interrumpe la sesión por diez minutos. (Pausa.)

-- DE LA PRESIDENTA DE LA UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES (UNAF), D.ª JUANA ANGULO FERNÁNDEZ (Número de expediente 715/000246).

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar la comparecencia de la presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares, Unaf, doña Juana Angulo Fernández, que viene a informar en relación con la materia objeto de estudio de esta comisión. Le agradecemos su presencia en ella porque estamos seguros de que va a ser muy útil a la hora de elaborar sus conclusiones. Estamos viviendo un momento complicado y difícil, pero estoy segura de que gracias a su trabajo y a su experiencia podrá realizar aportaciones que serán tenidas muy en cuenta.

Sin más, le cedo la palabra, por un tiempo de veinte minutos.

La señora PRESIDENTA DE LA UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES (UNAF) (Angulo Fernández): Buenos días a todas y a todos.

Antes de nada quiero manifestar en mi nombre, y en el de la organización a la que represento en esta Comisión Especial de Estudio sobre las Nuevas Formas de Exclusión Social como Consecuencia del Fuerte Incremento del Desempleo, nuestro agradecimiento por su invitación a participar en ella, máxime teniendo en cuenta que aborda un tema que nos preocupa y nos ocupa a todas las organizaciones a las que representa Unaf.

Con su permiso, quisiera hacer una breve introducción explicativa de quién compone la Unión de Asociaciones Familiares y qué objetivos persigue.

Pues bien, la Unaf es una organización no gubernamental, creada en 1989, aconfesional, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública en 1998 y que aglutina a su vez a otras 27 organizaciones, algunas de carácter local, otras regionales y, en su mayoría, de carácter estatal.

La Unaf, a su vez, participa y pertenece a otras importantes organizaciones, todas ellas sin ánimo de lucro, como la Organización Mundial de las Familias, perteneciente a Naciones Unidas, en su parte europea; a la Coordinadora Europea por el Derecho de los Extranjeros a Vivir en Familia, al Foro Europeo de Mediación, además de ser un miembro consultivo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.

La Unaf defiende que todas las familias y todos los seres humanos, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, nacionalidad, origen étnico, situación familiar o social, convicciones políticas o de otra índole tienen derecho a vivir con dignidad y a gozar libremente de los frutos del proyecto social y, por su parte, contribuir a él, y a formar familias independientemente de cuáles sean las características de estas.

Comienzo ya mi intervención recordando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que el hombre solo puede satisfacer plenamente sus aspiraciones en un orden social justo y de que, por consiguiente, es de importancia capital acelerar el progreso social y económico necesario en un mundo globalizado en el que nos vemos inmersos.

La sociedad española ha sufrido una gran transformación en los últimos treinta años y, como consecuencia, la institución de la familia ha estado y está en el centro de todos estos cambios, tanto políticos como económicos y sociales. En las últimas décadas, el modelo de familia ha ido transformándose de un modelo único y exclusivo -el modelo tradicional del patriarcado- a varios y diferentes modelos de familias: mononucleares, homoparentales, mixtas, transnacionales, monoparentales, etcétera. La importancia de estos cambios y sus potencialidades no se han visto reflejados como nos hubiera gustado en la reducción de las desigualdades de la pobreza y de la exclusión social, lo que es una clara manifestación de la vulnerabilidad de la sociedad y de la necesidad de políticas de desarrollo social en referencia a los términos de la pobreza relativa y la pobreza absoluta, por lo que la situación actual exige que el desarrollo social constituya una prioridad en la toma de las decisiones que gobiernan nuestras vidas en pro de la dignidad de las personas y el bien común; lo que nosotros venimos en llamar justicia social.

El desarrollo propio de nuestro siglo nos enfrenta cada vez más a la complejidad que supone asumir la globalización como un nuevo concepto de desarrollo social, incluso cuando alcanza a cuestiones que pueden parecer locales y cotidianas; cuestiones como la economía, la política, lo social, lo afectivo, lo ético, lo ideológico, etcétera, todas ellas necesariamente entrelazadas para un desarrollo social integral y solidario de los individuos y de nuestra sociedad en general. Es necesario disminuir el umbral de la pobreza cuantitativa y cualitativamente y, para ello, hay que desarrollar estrategias de inclusión social y, en particular, la denominada estrategia de inclusión activa.

Casi 80 millones de europeos corren el riesgo de caer en la pobreza; es decir, viven en la inseguridad y se pueden ver privados de lo que la mayoría de las personas daba por sentado que era su modelo de vida. Solo podemos asumir la globalización entendiendo las diferentes realidades y las conexiones entre el Tercer Mundo y su presencia en el Primer Mundo, con sus efectos y sus consecuencias, como una nueva forma de desarrollo social porque aunque los problemas son cada vez más generales, dan la cara dentro de su propio contexto local.


En palabras de Inés Alberdi, la familia es la institución que conecta a los individuos y a la sociedad desde el comienzo de la vida humana y que cumple con una función esencial para ambos; a la sociedad le ofrece un apoyo fundamental socializando cada ser individual y a cada uno de estos les abre el camino hacia aquellas con el proceso básico de socialización.

Es cierto, y creo que en ese punto estamos todos de acuerdo, que la familia siempre ha sido el centro de las transformaciones sociales; por ello, a la hora de hacer políticas de familia se deberá, como cuestión previa, abordar los nuevos modelos de convivencia, las relaciones familiares, el papel de la mujer dentro y fuera de la familia, la educación y crianza de los niños y niñas, la salud sexual reproductiva, el envejecimiento de la población, la dependencia, etcétera. Los cambios en los modelos de familia son un hecho y reconocerlo es imprescindible para la construcción de una nueva sociedad.

De acuerdo con el artículo 39.1 de la Constitución española, los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica de las familias, lo que significa que todas las administraciones públicas son responsables de atender las necesidades básicas y de apoyar a las familias en situaciones de bonanza y, fundamentalmente, cuando atraviesan situaciones de especial dificultad, siempre desde los tres niveles administrativos: general, autonómico y local, lo que implica necesariamente la coordinación entre ellos.

Para una protección más efectiva a las familias en momentos de crisis, como primer paso, tenemos que detectar a los colectivos más vulnerables y la situación en la que se encuentran en referencia al empleo, ingresos económicos, educación, salud, viviendas, ayudas personales o el acceso que tienen a los diferentes recursos asistenciales. Según hemos constatado a través de nuestras organizaciones, que trabajan diariamente con los colectivos más desfavorecidos, los indicadores de mayor vulnerabilidad se acentúan en los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, la infancia, las personas dependientes, por la baja formación para acceder al mundo laboral en algunos casos y por el desempleo de larga duración en otros.

Para las familias, la principal causa de preocupación es el aumento del desempleo, la inestabilidad en los contratos, los contratos temporales y la falta de poder adquisitivo de aquellas familias que, acostumbradas a un ritmo de vida determinado, han visto rebajadas sus expectativas de poder adquisitivo por la situación de crisis generalizada y en este momento se les conoce como los nuevos pobres de las sociedades industrializadas.

Según datos de la encuesta de población activa, del Instituto Nacional de Estadística, el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro es de 1 220 000. Esta falta de empleo estable y la falta de expectativas favorecen el aumento de la economía sumergida, lo que lleva a una mayor explotación laboral y a una inferior inversión de las empresas en recursos humanos, lo que ha originado que muchas pequeñas y medianas empresas hayan tenido que cerrar.

Esta situación de desamparo ha producido en estas familias una necesidad de mayor cobertura de las necesidades más básicas, como el alimento, el vestido, el pago de las facturas de la luz, el agua, etcétera, a través de peticiones de ayuda a los servicios sociales más directos, fundamentalmente los servicios más próximos, que son los ofrecidos por las administraciones locales, así como a otros niveles, y donde estas alternativas no han llegado aumenta la necesidad de utilizar a las organizaciones del tercer sector, y nos estamos encontrando en estos momentos sin las infraestructuras necesarias para asumir la avalancha de personas que se acercan pidiendo información, comprensión y solución para sus problemas. Es imprescindible una estrategia europea de empleo -lo que se denomina flexiseguridad- y buscar soluciones conjuntas que contribuyan a crear, mejorar e incentivar el empleo en los países miembros a partir de indicadores comunes y metas que puedan ser cuantificables.

Uno de los modelos de familia que más vulnerabilidad manifiesta es el de las familias monoparentales, más de 460 000 familias, de las cuales alrededor de 390 000 son familias monoparentales cuyo cabeza de familia es una mujer y de ellas 130 000 están paradas o inactivas. Este colectivo en situación normalizada ya adolece de determinadas carencias asistenciales por tener que hacer frente en solitario y compatibilizar la maternidad con la formación profesional, con el empleo, el ocio, las relaciones sociales; aún ahora, con los cambios políticos y sociales producidos en nuestra sociedad, con los que se está haciendo un gran esfuerzo por visibilizarlas, falta mucho camino por recorrer para cambiar los roles de género durante tantos años establecidos. Para poder tener y conservar un empleo las mujeres deben adaptarse a las condiciones de horario y tipo de jornada de cualquier trabajo, lo que al final les lleva a terminar en el paro o, en el mejor de los casos, a elegir trabajos de poca cualificación pero que resulten compatibles con los horarios de colegios o guarderías. Esta situación provoca estrés y malestar en las mujeres que, a nivel individual y con escasez de recursos, no tienen tiempo para dedicarse a sí mismas, lo que les produce inestabilidad física y emocional. Esto hace que su círculo de amistades sea cada vez más estrecho, hasta llegar en algunos casos al aislamiento y a sufrir grandes trastornos psicológicos.

La vivienda es otro de los factores que influyen a la hora de considerarlas como colectivos más vulnerables, ya que la falta de recursos económicos suficientes para adquirir una vivienda en propiedad o en alquiler, la falta de contratos fijos o el hecho de ser madres solas hace pensar a inmobiliarias, bancos o propietarios privados que no ofrecen la garantía suficiente, la que podría ofrecer una familia de las llamadas tradicionales formadas por padre y madre. Esto, en su mayoría, les obliga a vivir en casas cedidas por familiares en el mejor de los casos, o en casas viejas o en mal estado, lo que supone una tensión añadida.

En el ámbito de la salud las mujeres generalmente dan mucha importancia a la prevención y al cuidado de sus hijos e hijas, que están perfecta y puntualmente atendidos,

pero no ocurre lo mismo cuando se trata de ellas. Su salud no es algo prioritario y a penas dedican tiempo a cuidarse en ese sentido. Las mujeres responsables de familias monoparentales presentan así, a menudo, una salud personal desatendida y, dado que no utilizan los servicios de prevención existentes, hacen un uso excesivo de los servicios de urgencia. En cualquier caso, solo acuden al médico en situaciones extremas, cuando ya no queda más remedio, porque hay dolor o porque no pueden mantener su ritmo de vida, lo que supone un aumento significativo del gasto social en sanidad.

Este tipo de situaciones repercuten en la infancia, otro de los colectivos reconocidos por todos como más desfavorecidos. Diversas investigaciones, en relación con el binomio economía-infancia, confirman que los altos niveles de crecimiento económico registrados en los últimos años, tanto en el conjunto de la Unión Europea como en el caso específico de España, no ha bastado para reducir sustancialmente las condiciones de vulnerabilidad y riesgo social de niños pertenecientes a núcleos familiares pobres. De ahí la necesidad de un sistema integral y eficaz que rebaje el desempleo y la inestabilidad laboral de los sustentadores y refuerce la calidad del sistema de prestaciones sociales a la infancia para el conjunto del bienestar de las familias y un diseño nuevo, más eficaz, que contemple los rasgos diferenciales con épocas anteriores con la intención de buscar soluciones nuevas a situaciones nuevas.

El crecimiento económico registrado en los últimos años no ha bastado para reducir el riesgo social de determinados grupos. Por el contrario, el avance de la sociedad ha creado escenarios desconocidos en la socialización de los menores, apareciendo grupos de riesgo hasta ahora inexistentes, donde los menores pueden verse inmersos en procesos de inadaptación o exclusión social por causas nuevas originadas por la llamada sociedad industrializada.

Si hablamos de un entorno social que presenta factores de riesgo, los niños estarán más o menos expuestos según la interacción de estos y las situaciones del propio entorno si se hace de manera inadecuada, sobre todo en aquellos espacios que no cubren sus necesidades más elementales, en los que la familia, la escuela, el barrio y las instituciones no reúnen los requisitos necesarios y donde se ven reproducidos comportamientos como el maltrato infantil, el abandono, la explotación infantil dentro del marco de la familia o el acoso escolar; incluso el propio diseño de las ciudades donde la falta de ludotecas, bibliotecas, jardines, polideportivos, escuelas, centros de salud, etcétera, hacen imposible que los niños puedan vivir en ellos con las mínimas garantías de un desarrollo evolutivo adecuado.

Si relacionamos infancia y movimientos migratorios, nos encontramos con casuísticas diferentes entre los menores bien acompañados por la familia, separados de alguno de los padres o en solitario en un país extranjero. Nos encontramos ante una problemática social que genera una situación de riesgo añadido, por lo tanto es obligación de los servicios sociales, de las familias y del propio entorno cubrir las necesidades de desarrollo físico, biológico, cognitivo, emocional y social de los niños y niñas, y de esta manera evitar que los niños de hoy se conviertan en adultos excluidos del sistema en el futuro.

Continuamos hablando de niños y niñas dentro de otro de los modelos más vulnerables: las familias numerosas. Según la situación económica o laboral de los sustentadores tendrán mayor o menor posibilidad de entrar en los colectivos de vulnerabilidad, sobre todo en período de crisis y de inestabilidad social. Si hablamos de las familias inmigrantes, en los últimos diez años este fenómeno se ha intensificado de tal forma que en cuestión de poco tiempo el porcentaje de personas que han emigrado buscando una mejora en la calidad de sus vidas, ha superado siete veces el crecimiento natural de nuestro país. Si añadimos los problemas que puedan derivarse de la exclusión social en las familias autóctonas, en las familias inmigrantes se ve agravado por los problemas de la movilidad geográfica, de un desarraigo social y en muchos casos la falta de una red familiar que le sirva de apoyo. Adolescentes sin ningún tipo de identificación pueden llegar no solo a formar parte de colectivos de exclusión social, sino también a derivar en la delincuencia para poder sobrevivir, lo que hace que miembros de este colectivo sean candidatos a cruzar la línea roja de alerta social.

La exclusión de estas personas no solo les afecta a ellos, sino también a sus familiares que en su país de origen no reciben los ingresos que podrían recibir en otras condiciones. Esto está dando lugar a que muchos de estos inmigrantes se estén replanteando el regreso a su país; el posible retorno de inmigrantes, junto con el envejecimiento de la población autóctona, puede presentar un cambio fundamental en la pirámide poblacional que convertiría a España en 2015 en uno de los países de la Unión Europea con mayor número de personas mayores de 65 años.

El uso de los servicios sanitarios aumenta a medida que se envejece, siendo ocho veces superior el gasto de mayores que el de los jóvenes; un dato que las administraciones tienen que tener en cuenta a la hora de facilitar la integración de los inmigrantes para asegurar el mantenimiento del bienestar social de todos. El aumento de la longevidad, debido a los avances en las nuevas terapias y los estilos de vida saludables, certifican que las personas con mayor renta, mejor formación y educación viven más años y en mejores condiciones. Tenemos que recordar a las autoridades sanitarias la importancia de la prevención y de políticas que apoyen a los mayores para que inviertan en su propia salud y calidad de vida.

En la actualidad nos encontramos con un porcentaje alto de personas mayores que viven solas, bien porque sus familias no pueden atenderlos o bien por no tener hijos. Este factor acentúa la necesidad de mayores recursos humanos en apoyos y atención para sacarles de su aislamiento.

La entrada en vigor de la Ley de la dependencia reconoce a un sector tradicionalmente poco visibilizado, en el que las familias soportaban la carga que supone tener una o varias personas dependientes, casi en exclusividad y a ser posible en el anonimato. Por tradición y cultura la carga recaía generalmente sobre las mujeres. Con la nueva Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las Perso-

nas en Situación de Dependencia las más de 1 164 000 peticiones registradas en toda España de las cuales 1 045 000 están dictaminadas entre los grupos 2 y 3, requieren servicios como los de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, atención residencial, asistencia personal, ayuda a familiares, etcétera, lo que podrá descargar a estas mujeres del esfuerzo realizado hasta ahora en solitario. Esto supone un gasto en infraestructuras, recursos humanos y económicos y la necesidad de atención emocional a estas personas. Es manifiestamente claro que los servicios existentes son insuficientes para atender la demanda de estas necesidades, que se agravan en épocas de crisis con mayor facilidad.

Otro de los modelos con mayor riesgo de exclusión social es el de las familias homoparentales. No es suficiente el reconocimiento por ley de matrimonios para personas del mismo sexo en 2005 para equiparar sus derechos a los derechos de los heterosexuales. Si bien esta es una medida de justicia y un punto de partida, el hecho de tantos años de cultura homofóbica enquistada en la sociedad no es fácil que desaparezca cuando estas personas han sido, son y siguen siendo estigmatizadas en medios tan importantes para el desarrollo de una persona, como puede ser la escuela o el lugar del trabajo o su propio entorno. Si en épocas de crisis es difícil sobreponerse para cualquiera, el añadirle la sombra de ser homosexual o transexual y no ser admitido hace casi inaccesible el competir en igualdad de condiciones.

Si hablamos de conciliación familiar, es algo que afecta a todos los modelos de familia, bien es verdad que a unos más que a otros, según la capacidad económica, la formación, la estabilidad del empleo, de los adultos responsables que convivan bajo el mismo techo y, aun así, esto se hace casi imposible por la rigidez e irracionalidad de los horarios laborales en España. Más de 3 millones de personas no trabajan fuera de casa como consecuencia de tener que optar entre ser trabajadores por cuenta ajena o cuidadores. Esto supone que el 34% de la población que no ejerce una profesión remunerada ha renunciado a hacerlo por no encontrar un empleo que le permita atender o compaginar a su familia con la responsabilidad laboral.

La gran damnificada de los actuales horarios en el trabajo es la familia en general, a la que no se dedica el tiempo suficiente ni en calidad ni en cantidad. Gran parte de las personas que renuncian a trabajar fuera de casa son aquellas que tienen familias numerosas con tres o más hijos, ya que si compatibilizar la vida de dos o tres miembros en la familia es difícil, cuando se supera esta cifra es casi imposible.

Es imprescindible que un sector tan crucial para conciliar la vida laboral y familiar, como son las empresas, se implique y reconozca la situación personal, familiar y laboral de sus empleados y tome las medidas necesarias para facilitarles el camino. Se está trabajando sobre un certificado de empresas familiarmente responsables que premia a aquellas que asumen la situación personalizada de los y de las trabajadoras de sus empresas y les permite hacer el binomio familia-trabajo más llevadero. Si queremos que las familias tengan un futuro, no nos podemos olvidar de los jóvenes de hoy que serán los sustentadores de familias del mañana. En ellos la crisis se ceba con más intensidad: la falta de experiencia profesional, bajos salarios, contratos temporales, imposibilidad de independencia, falta de formación, etcétera, hacen que cada vez abandonen los hogares familiares a más tardía edad, lo que supone una carga adicional para los padres; políticas de ayuda a la vivienda, ayudas para incentivar su contratación harán que se pueda mitigar el estrés añadido en la situación del conjunto de la familia y el suyo propio. No olvidemos que las mejores oportunidades laborales en cuanto a prestigio y calidad de empleo dependen del nivel de educación de la sociedad, por lo que llamamos la atención hacia un plan de formación integral para jóvenes con itinerarios especializados fundamentalmente para aquellos expulsados del sistema educativo.

A partir de la situación expuesta de los diferentes modelos de familia y con la mirada puesta a día de hoy, parece necesario apostar por una intervención preventiva a la vez que paliativa para evitar que se puedan cronificar las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social que viven muchas familias españolas en la actualidad. Invertir en sanidad, educación, empleo, formación, género, conciliación, vivienda, mediación, dependencia, infraestructuras lúdicas, deportivas, culturales, ecológicas, consumo, etcétera, con el fin de hacer ciudades sostenibles para todos. En resumen, siempre con el objetivo de erradicar el impacto de la crisis en las familias, es necesario tener en cuenta cuatro conceptos básicos imprescindibles sobre los que actuar: empleo, rentas básicas, medidas paliativas que reduzcan el impacto de la crisis en las familias e infraestructuras sociales, sanitarias y de ocio, todas ellas con la recomendación de prestar la atención necesaria para que el gasto social atienda realmente las necesidades de los más vulnerables y garantizando un reparto justo de ayudas en función de las necesidades de cada uno de los demandantes con el fin de combatir y reducir los márgenes de exclusión.

Como organización perteneciente a la plataforma de ONG de acción social, queremos adherir nuestras propuestas a las propuestas del foro de agentes sociales del tercer sector, que ya han sido presentadas anteriormente en esta Cámara por la plataforma.

Y, para cerrar esta parte de mi intervención, debo señalar que en los momentos más difíciles es donde la solidaridad no debe tener color y ha de unirnos para apoyar a los colectivos más desfavorecidos por la situación de crisis generalizada que vivimos con la misión de crear una sociedad fuerte y cohesionada.

Gracias por su atención y quedo a su disposición para responder a las preguntas que consideren oportunas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Juana Angulo, por su intervención. Ha puesto sobre la mesa una serie de problemas serios sobre los que estamos trabajando; se han oído distintos enfoques pero, sin duda, el que usted ha dado y la armonía de su exposición ayudará también mucho a los trabajos que nos proponemos realizar de manera conjunta todos los grupos políticos.


Pasamos al turno de intervención de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora doña María Burgués.

La señora BURGUÉS BARGUÉS: Muchas gracias, señor presidenta.

Buenos días, doña Juana Angulo Fernández. Nuestro grupo quiere agradecer su comparecencia y las aportaciones que ha hecho para el estudio de esta comisión, que realmente es un reflejo del principal problema y preocupación de la sociedad y de los gobiernos de los distintos niveles de la Administración, en los que se está trabajando para poder encontrar entre todos una solución.

Entre sus aportaciones hay algunos datos significativos. Por ejemplo, me ha llamado la atención los 80 millones de europeos -parece que estamos en países desarrollados- que están en peligro de caer en la pobreza, lo cual nos indica que junto al trabajo de protección debe haber también un trabajo de prevención importante -usted lo ha señalado- para evitar que esta pobreza sea endémica y el peligro de exclusión social abarque a tantas y tantas familias europeas, empezando por la protección de la infancia, y de los jóvenes, que es el futuro en el que tenemos que invertir. Hoy hay una petición de ayuda muy importante en servicios sociales que debe tener respuesta. De la misma manera que deberían recibir una atención especial las familias monoparentales -usted ha señalado el problema que existe para las mujeres en las familias monoparentales en las que el cabeza de familia es una mujer-, porque el perfil o la visibilidad de la pobreza de hoy recae precisamente en estas mujeres y requieren una atención especial.

Una solución -quizás en España todavía estamos muy atrasados- sería la mejora del horario que pueda favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Otros países europeos renuncian a tener muchas cosas que nuestra sociedad de consumo está haciendo necesarias sin serlo, y trabajan a media jornada. Esto tanto a nivel personal como de formación y de atención a los familiares sería una solución, evidentemente siempre que esta opción fuera voluntaria.

Lo cierto es que para salir de esta situación crítica que estamos viviendo será preciso aunar esfuerzos de los tres niveles de la Administración, pero también dar la importancia que tiene al tercer sector, el sector asociativo, que complementa la labor de las administraciones y que está haciendo mucho a favor de las familias, por lo que agradecemos su trabajo, y el de las asociaciones que están realizando esta labor con las familias, resaltando otra vez -como usted ha hecho- la importancia de la atención de los niños y de las niñas, tanto de los nacidos en nuestro país como de los que han llegado provenientes de otros países.

Considero que las aportaciones y datos que usted nos ha dado ayudarán a trabajar en este capítulo tan importante que es la familia, la cual apoya y da sostén a muchos de sus miembros, pues sin su ayuda sería imposible salir adelante en estos momentos de crisis; sin la familia detrás es muy difícil resolver este problema.

Agradecemos profundamente el trabajo que están haciendo desde su asociación y su comparecencia hoy en esta comisión.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Burgués.

A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, doña Miriam Andrés Prieto.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, presidenta.

En primer lugar, agradezco la presencia de doña Juana Angulo Fernández. Es especialmente gratificante esta comparecencia, porque si hay algo en lo que coinciden muchos de los comparecientes que han pasado por esta comisión es en que uno de los pilares fundamentales para correr menos riesgo de caer en la exclusión social es el apoyo de la familia, lo han dicho todos aquellos que tienen responsabilidades o que realizan una labor dentro de las organizaciones no gubernamentales y de otras que forman parte de ese tercer sector y que están desarrollando un papel fundamental en estos tiempos, y así lo ha dicho también la senadora que me ha precedido en el uso de la palabra. Me consta, además, que su asociación siente una especial preocupación -y así se ha dejado ver en su comparecencia- por el papel que desempeña la mujer en la familia, y si hay algo en lo que todos estamos trabajando en esta comisión, y a lo que estamos obligados, es en el planteamiento de cuestiones que solucionen los problemas ocasionados por esta crisis.

También coincidimos en que la pobreza tiene rostro más de mujer que de hombre, así que le agradezco la importancia que su asociación otorga a la protección de la mujer, especialmente dentro de la familia.

Le agradezco la visión global y diversa que ha proporcionado sobre todas las políticas de familia, pues suponen un diagnóstico acertado, y solo desde ese diagnóstico se pueden dar soluciones adecuadas.

Ha mencionado -lo que vienen haciendo todos los comparecientes en esta comisión- a los nuevos pobres surgidos por esta situación de crisis. Quizá sea ese el principal síntoma de la necesidad de otras actuaciones en materia de protección social que no se han llevado a cabo hasta ahora, porque muchos de los comparecientes nos han dicho que la pobreza ya existía y que es posible que esta crisis haya abierto un poco más los ojos, porque había personas o familias que no estaban dentro de esos colectivos de pobreza y que empiezan o pueden empezar a formar parte de ellos. Quizá esta crisis haya servido para abrirnos los ojos y para que nos planteemos la necesidad de una reforma estructural del modelo de bienestar social y el reconocimiento del papel del tercer sector. A mi juicio, supone una oportunidad única para la puesta en marcha de nuevos modelos de empleo, que son cada vez más necesarios en el tipo de sociedad que se está creando.

A lo largo de su exposición, ambiciosa, sin ninguna duda, ha puesto de manifiesto la pluralidad de acciones

que se están poniendo en marcha para atajar los problemas a los que nos enfrentamos de una manera integral y transversal. No solo ha hablado de empleo o de vivienda, que quizá haya sido de lo que se ha tratado con carácter más general en todas las comparecencias que hemos celebrado hasta ahora, sino que también ha hablado de infancia, de adolescencia, de sexualidad, de consumo y de inmigración, y de ello se desprende la diversidad de acciones que son necesarias. Por lo tanto, no solo estamos hablando de esta crisis y de las actuaciones que tenemos que llevar a cabo, sino de cómo esta crisis quizá haya hecho que despertemos hacia ese nuevo modelo de sociedad que se estaba creando, y que pongamos en marcha otra serie de políticas.

Lo felicito, pues, por su intervención, porque ha tocado la exclusión social como consecuencia no solo de esta crisis sino de una serie de problemas estructurales. No me cabe ninguna duda de que su asociación aprovechará la Presidencia española de la Unión Europea, a través de la Organización Mundial de Familias y de la Confederación de Organismos Familiares de la Comunidad Europea, para la reivindicación de políticas integrales dentro de ese marco global que reconozca los diferentes modelos de familia. Nos queda mucho por andar todavía para el reconocimiento de los derechos de todos los modelos de familia que existen en nuestra sociedad, para luchar contra la violencia sobre los niños, los jóvenes y las mujeres, y para lograr la integración de los inmigrantes.

No me queda más que manifestar mi total acuerdo con toda su exposición, pero cuando hay un acuerdo total es muy difícil que surjan cuestiones que plantear a la compareciente. Estoy de acuerdo no solo en el fondo de todo lo que ha expuesto sino también en la forma velada con que ha descrito las políticas que se deben llevar a cabo y que ha puesto de manifiesto a lo largo de toda su comparecencia. Quizá esta crisis sea la oportunidad para acometer estos cambios estructurales en una legislatura de futuro muy marcada por la formación, por la prevención y por la sensibilización, a través de grandes pactos de Estado en educación, sanidad o inmigración. Sería importante, y apelo -también lo hice en mi anterior intervención- a los que tenemos tareas políticas y de gestión de lo público.

Me gustaría únicamente preguntarle si su asociación conoce el anteproyecto de ley de Economía Sostenible y los aspectos que toca estructuralmente, y qué piensa sobre ello.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Andrés.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, doña Beatriz Elorriaga Pisarik.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora Angulo, muy buenos días y muchas gracias por su presencia en esta comisión tan importante para el Senado y a la que ha venido a hablar de cuestiones que, como usted bien ha dicho, ocupan y preocupan a todos, y cuando digo a todos me refiero también al Grupo Popular. Hablo en representación del Grupo Popular, y quiero dejar bien claro que tanto yo como todos los compañeros que me acompañan somos personas especializadas y muy preocupadas por los temas sociales. Lo digo en relación con diversas intervenciones que ustedes han hecho y en las que plantean que somos un partido indiferente ante la problemática del más desfavorecido. No es así. En el Partido Popular estamos realmente preocupados por la situación, y muchos de nosotros llevamos muchos años dedicados a las cuestiones sociales. Quería que usted lo supiese, porque en repetidas ocasiones he oído manifestaciones en esta línea. No existe una bandera para la sensibilidad social ni hay ningún partido que tenga una especialidad en temas sociales, pero sí le puedo asegurar que los populares estamos muy preocupados por estos asuntos.

Ya que esta es la primera sesión que celebra esta comisión en el año 2010, en un clima de pesimismo económico y político y con un fortísimo desempleo, me gustaría preguntar a la presidenta de la Unaf, que está especializada en las familias más vulnerables, si ustedes han dedicado su tiempo a cuantificar, valorar y estudiar el aumento de situaciones problemáticas que están surgiendo como consecuencia directa de la crisis, porque me reconocerá usted que la mejor política social es el empleo, y en este momento las cifras de paro en nuestro país son realmente espeluznantes, lo que está provocando que existan familias en las que ni uno solo de sus miembros recibe ningún tipo de apoyo. Por tanto, es obvio que no pueden cubrir las necesidades básicas si tenemos más de un millón de familias que no percibe ni un solo euro para su sustento, con lo cual, la situación es realmente grave.

Consultando los documentos de su asociación, he visto que ustedes están muy especializados también en cuestiones de extranjería y de inmigración. Sabrá, por tanto, que en este momento, los inmigrantes suponen el 12% del total de la población en nuestro país. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre la situación que están padeciendo las familias inmigrantes en esta crisis tan dura que estamos viviendo.

También he consultado los principios de su federación, y he visto que ustedes aseguran que están especializados fundamentalmente en las familias más vulnerables y que quieren hacer especial hincapié en la lucha contra la exclusión social de sus miembros. ¿Qué opina usted de lo que está ocurriendo en este momento? Me gustaría saber si usted cree necesario un cambio en las políticas que en materia de familia se están siguiendo en este país.

Por otro lado, ya que se ha hablado de la Unión Europea y que para nosotros este es un año importante porque nos corresponde la Presidencia europea, ¿cree usted que en España deberíamos asimilarnos a otros países miembros? Porque somos un país con muy pocas políticas orientadas a la familia. Yo diría que está entre los que menos fondos destinan a las políticas de familia.

También ha enumerado entre sus principios su derecho a opinar e intervenir en todas las instituciones cuyas políticas afecten directamente al bienestar de la familia y de

sus miembros. Me gustaría saber si ustedes están participando en este momento y, sobre todo, si las familias están siendo oídas por las distintas instituciones.

Se ha referido a la necesidad de fortalecer la presencia del movimiento asociativo en las familias. Dado que ustedes están haciendo hincapié en los problemas de las madres solteras y mujeres separadas o divorciadas, me gustaría saber si, debido a la situación que estamos viviendo, han notado un cambio claro y si han captado, por ejemplo, un aumento de la violencia dentro del hogar como consecuencia de la falta de trabajo, sobre todo, del cabeza de familia; es decir, si en este momento se dan mayores situaciones de violencia en las familias.

Ustedes tienen un servicio gratuito formado por un equipo multidisciplinar especializado en mediaciones, en sociología, en derecho. ¿Han notado si en este momento dicho equipo tiene más trabajo porque acude a este servicio un mayor número de personas? ¿Surgen nuevos problemas que no habían detectado? En una palabra, ¿se está trabajando en un servicio de esas características para analizar y hacer un diagnóstico de la situación que estamos viviendo?
Por último, estoy de acuerdo con usted sobre los distintos grupos que ha señalado como los más vulnerables. Ya se han celebrado distintas comparecencias ante esta comisión, que -insisto- está siendo muy interesante, y es verdad que los comparecientes, afortunadamente, coinciden en los grupos de riesgo; y digo afortunadamente porque tendremos que sacar unas conclusiones. Como es lógico, esta comisión tiene un objetivo: queremos que de aquí salgan unas conclusiones para poder mejorar las cosas, si no no tendría sentido.

Me alegra oír que ustedes están ahora destacando el trabajo con las familias homoparentales. Yo represento a una comunidad, la Comunidad de Madrid, que tiene en este momento el mejor servicio de atención a los gais, lesbianas y transexuales, creado por el Partido Popular. Por tanto, me alegra que ustedes se sumen ahora a todas estas reivindicaciones en las que nosotros llevamos pensando mucho tiempo.

Espero que me responda a las preguntas que le he formulado.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, senadora Elorriaga.

A continuación, vuelvo a dar la palabra a la compareciente, doña Juana Angulo, para que, en la medida de lo posible, dé respuesta a las distintas preguntas y, en su caso, consideraciones que le han planteado los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.

Tiene la palabra.

La señora PRESIDENTA DE LA UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES (UNAF) (Angulo Fernández): Gracias, señora presidenta.

Muchas gracias por las preguntas. Si me permiten, invertiré el orden de respuesta y contestaré primero a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Señoría, respecto a su primer comentario le pido disculpas si de mi intervención se ha podido desprender que el Partido Popular no está también preocupado por dar una solución a la crisis de las familias. Me ha parecido entender a la portavoz que esto se deduce de anteriores intervenciones, y, hasta donde yo sé, esta es la primera vez que interviene mi organización. Por lo tanto, es complicado poder remitirse a anteriores intervenciones para excluir al Partido Popular de esa preocupación o del apoyo que pueda prestar a las familias en exclusión social.

Empezaré por su último comentario. Usted ha hecho un repaso del ideario de la organización, de las actividades que desarrollamos, de todas las organizaciones, y es preciso que los aquí presentes entiendan que no me extienda con mucha amplitud sobre nuestras actividades en cualquiera de las organizaciones que pertenecen a la Unaf.

En cuanto a la mediación, le diré que, en efecto, somos una organización que sirve de referente en el ámbito de la mediación. Llevamos muchos años funcionando como tal, tanto en España como en Europa, a través de los cursos y el servicio que damos a los usuarios. No hemos detectado una mayor afluencia de usuarios por la situación de crisis, sino que, como sucede normalmente, ha habido un incremento a primeros de año, en el mes de enero, en el que suele haber un repunte como consecuencia del período vacacional. Las familias tienen un mayor contacto durante esos períodos, y en algunos casos deciden separarse. Por tanto, ha habido un repunte en la afluencia de matrimonios que deciden separase, no por la crisis, sino por motivos estacionales. Por otro lado, las organizaciones que trabajan con situaciones en las que existen problemas de violencia, tampoco nos han comunicado que haya habido un repunte por esta situación. Lo que sí está claro es que el hecho de estar inmersos en una crisis es un estrés añadido a la situación problemática que pueda existir en la pareja, lo que puede dar lugar a brotes de violencia, pero no están constatados como tales en las organizaciones que trabajan directamente con la violencia contra las mujeres.

En cuanto a la Unión Europea, nosotros, como organización, demandamos llegar a los estándares de los países más desarrollados de nuestro entorno, de Europa, pero también hay que tener en cuenta que somos un país que lleva cuarenta años de atraso con respecto a muchos otros países desarrollados. Por tanto, también es comprensible que nos cueste un poco más de esfuerzo llegar hasta donde ellos están.

Respecto al empleo, este el principal motivo de preocupación tanto en mujeres como en hombres y en jóvenes y, en general, en todo tipo de personas y familias. Está claro que nuestra situación respecto al empleo es muy grave, y he tratado de reflejarlo en mi exposición. Precisamente estamos pidiendo que se creen incentivos para las empresas y que se tomen medidas económicas suficientes para acabar con esa baja calidad del empleo que en la actualidad existe en nuestra sociedad. Nosotros estamos trabajando como organización, pero las administraciones son las responsables de dar los servicios que necesitan las familias, y nosotros, el tercer sector, somos complementarios de las

administraciones. Ojalá no tuviéramos que existir, ojalá no tuviéramos razón de ser, ojalá fuéramos una organización cultural o de otro tipo porque no hubiera esa clase de necesidades que cubrir, pero la realidad es la que es, y los ayuntamientos, las comunidades y el Estado tienen sus particular responsabilidad, cada uno en su ámbito. También es verdad que la relación más directa con el ciudadano es la de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen ahí muchas cosas que decir porque, en función de las políticas que desarrollen y de la ideología que puedan tener -en este caso no estoy hablando del PP ni del PSOE, sino simplemente de personas y de la manera de actuar de cada una de ellas-, las ciudades y los pueblos funcionan de distinta forma, tienen más o menos soportes. Por lo tanto, hay que trabajar creando estructuras fuertes y resistentes para evitar que surjan todas estas bolsas de exclusión.

Aunque he respondido a las preguntas muy someramente, creo que he contestado a todas las que me planteaba. Si me faltara alguna por responder, por favor, le pediría que me la recordase.

En cuanto a la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, quiero decirle que estamos trabajando en la ley de Economía Sostenible a través de la plataforma de las ONG, e intentamos hacer aportaciones en la medida en que nos lo permiten nuestros conocimientos, la situación real y las posibles salidas a la crisis, tanto en lo relativo a la educación como a la salud como al empleo. El 22 de enero se reunió la Comisión Permanente del Consejo Estatal de ONG de Acción Social en la que la plataforma expuso una serie de puntos que pensaba que se tendrían que añadir a la ley de Economía Sostenible, y también se dijo que al tercer sector hay que tenerlo muy en cuenta precisamente por el conocimiento que posee sobre la situación real de las familias en exclusión, así como a la hora de dar datos y de buscar soluciones, porque las soluciones se encuentran sobre todo cuando estás con la persona interesada y sobre todo cuando estás trabajando de piel a piel, cuando puedes mirar a la gente a los ojos y decirle: cuéntame tu problema y cómo lo podemos solucionar. Ese conjunto de organizaciones y de trabajos que se están realizando es importante a la hora de ofrecer soluciones, sobre todo teniendo en cuenta al interesado y al perjudicado en la situación que corresponda.

Me he alegrado mucho de que estemos trabajando en esa línea y que la preocupación sea común. He terminado mi intervención diciendo que este es un tema común, que no tiene color, que nos atañe a todos y que todos tenemos que trabajar juntos para hacer una sociedad cohesionada. En eso estamos en mi organización y, en la línea que nosotros consideramos que hay que ir, apoyamos a las administraciones sean de un color o de otro.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señora Angulo, por su intervención. Le agradezco también el trabajo en favor de la familia, que es una estructura fundamental de la sociedad. Esté segura de que las aportaciones que nos ha hecho, no solo de palabra, sino con la documentación que nos ha entregado ahora y que ya ha sido repartida a los distintos miembros de la comisión, así como cualquier otra aportación que considerara oportuno trasladarnos han sido y serán bienvenidas y serán de interés para las conclusiones de esta comisión; conclusiones que, como usted también decía, deben ser no solo paliativas, sino también preventivas, y sin duda la estructura de la familia ofrece un apoyo esencial en nuestro país, algo fundamental y enriquecedor no solo para el individuo, sino también para nuestra sociedad.

Muchas gracias, por lo tanto, por su comparecencia.

Antes de levantar la sesión, someto a la aprobación de sus señorías el acta de la sesión de la comisión del 30 de noviembre, ya que no lo hicimos al principio porque había dudas acerca de si había sido o no repartida a sus señorías. Hecha la oportuna comprobación, someto a su aprobación el acta de la comisión del día 30 de noviembre.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobada por asentimiento.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y veinticinco minutos.