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El problema de la sangría demográfica empieza a situarse en la agenda de la Administración como un eje primordial. Así quedó de manifiesto ayer en la primera jornada del III Congreso sobre Despoblación en el medio rural, organizado por la Diputación de Palencia y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Aguilar de Campoo, en el que Gobierno, autonomías, provincias y entidades locales menores coincidieron en la necesidad de un "pacto de Estado" para frenar las tendencias desertizadoras de gran parte del interior de España, en los que Ourense tiene mucho que decir.

La FEMP y el Gobierno constituirán este próximo lunes la Comisión de Reto Demográfico, avanzó el secretario general del organismo que aglutina a los ayuntamientos, Carlos Daniel Casares, quien destacó que estará formada por 13 representantes municipales, además de cargos del Gobierno y la propia ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Así, desde la FEMP piden que se recojan las aportaciones de todos, "empezando por la red municipalista" y que haya "financiación" para las entidades locales.

Garantizar servicios

La comisionada para el Reto Demográfico, Isaura Leal, indicó que para la primavera de 2019 esperan lanzar la "estrategia nacional" contra la despoblación. "Es un reto de España como país", dijo Leal, que ve prioritario hacer frente "sin demoras ni dilaciones" al problema. Puso de relieve la necesidad de "garantizar los servicios básicos en el rural" y favorecer la "conectividad". De hecho, subrayó que "si tuviera que pedir una medida inmediata, sería garantizar el acceso a la banda ancha, la conectividad digital. Es imprescindible para poder elegir".

La despoblación, según Leal, "es el síntoma de una enfermedad grave, la desigualdad. Hablamos de territorios abandonados por jóvenes y mujeres, donde quienes se quedan son cada día más mayores, parques con más abuelos que niños...".

Por ello, se mostró comprometida a que se aborde el reto demográfico en tres vertientes: despoblación, envejecimiento y efectos de la población flotante sobre los territorios. "Si hay un Pacto de Estado necesario, más que ninguno, es el del reto demográfico", señaló, tras recordar que los desequilibrios económicos que conlleva la despoblación "son consecuencia del devenir histórico".

Ruralidad

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, defendió la "ruralidad" en las normas ya que, aseguró, "será el camino para llegar a un modelo integrado urbano-rural", porque el medio rural "no es el problema sino la solución" ante unas ciudades que consumen "gran cantidad de recursos". Y en ese sentido, defendió el papel de las diputaciones para "garantizar los servicios" y pidió una financiación autonómica y local "que tenga en cuenta las señas de identidad de las zonas más despobladas".

También se abordó el problema demográfico desde el punto de vista de cuatro alcaldesas de pequeños municipios, que diagnosticaron los problemas que deben corregirse para "hacer más llamativa la vida en los pueblos": la supresión de servicios sanitarios, la desaparición de colegios, la ausencia de vivienda en arrendamiento, el difícil acceso a nuevas tecnologías o la escasez de oportunidades laborales.