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Las adquisiciones masivas de tierras se están incrementando en África y otros continentes, aumentando el riesgo -si no se hacen de forma correcta- de que los pobres se vean desposeídos o se les impida el acceso a la tierra, el agua y otros recursos, según indica el primer estudio en profundidad sobre este fenómeno.  

El informe ha sido realizado por el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED, por sus siglas en inglés), a petición de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Advierte que estas operaciones pueden crear muchas oportunidades (salidas comerciales, empleo, inversiones en infraestructuras, incremento de la productividad agrícola), pero también pueden ser muy perjudiciales si se excluye a la población local de la toma de decisiones sobre la adjudicación de tierras y si no se protege su derecho sobre las mismas.  

El informe subraya ciertas ideas erróneas sobre el concepto de "acaparamiento de tierras". Por ejemplo, que la inversión en tierras ha ido en aumento durante los cinco últimos años, y aunque predomina la inversión extranjera, los inversores domésticos juegan también un papel relevante.  Son más frecuentes las compraventas a nivel privado que a nivel gubernamental, aunque los gobiernos utilizan diversas herramientas para apoyar indirectamente los acuerdos entre particulares.  La preocupación por la seguridad alimentaria y energética es uno de los motivos principales de estas operaciones. Pero existen otros, como las oportunidades de negocio y la demanda de productos básicos agrícolas para la industria, que también cuentan. Sin embargo, las expropiaciones de tierras a gran escala afectan solamente a un pequeño porcentaje de las tierras cultivables de cualquier país, ya que en contra de la idea generalizada, no quedan muchas tierras "vacías", ya que la mayor parte de las cultivables son ya utilizadas o se reclaman derechos sobre ellas, a menudo por parte de la población local. 

El informe señala que muchos países no tienen suficientes mecanismos para proteger los derechos de la población local y respetar los intereses, medios de subsistencia y bienestar locales. La falta de transparencia, control y equilibrio en las negociaciones puede llevar a acuerdos que no defienden al máximo el interés público. Los derechos locales a la tierra poco claros, la falta de acceso al proceso de registro de la tierra, los requisitos del uso productivo poco definidos, los vacíos legales y otros factores, debilitan a menudo la posición de la población de la zona.  

El estudio pide que se evalúen de forma detenida los diferentes contextos a nivel local, incluyendo los usos de la tierra existentes y los derechos legítimos, garantizar el derecho a la tierra a las comunidades rurales, involucrar a la población local en las negociaciones, y llevar adelante la compra tan solo tras un consentimiento libre, previo e informado.  Un panorama complejoSonja Vermeulen y Lorenzo Cotula -del IIED y coautores del estudio-, advierten que las adquisiciones de tierras contienen muchas variantes y que las generalizaciones llevan a interpretaciones erróneas.  "Al final, que los acuerdos internacionales para la compra de tierras sean una oportunidad y no un problema, depende de los términos y condiciones del acuerdo, del tipo de modelo de negocio que se utiliza, la forma de compartir los costes y los beneficios, y quién y cómo decide sobre estas cuestiones", asegura Cotula. "Por ello es necesario -añade- una regulación adecuada, una hábil negociación y la supervisión pública". "En muchos países a menudo no existen disposiciones para incluir a la población local en la toma de decisiones, o no se implementan, y ello incrementa el riesgo de que pierdan el acceso a la tierra y otros recursos", añade Vermeulen. "La dimensión de las adquisiciones de tierras se ha exagerado, pero en muchos países los acuerdos que permiten poner la tierra en manos extranjeras pueden llegar a ser muy problemáticos", según Vermeulen.  

El responsable del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la FAO, Alexander Mueller, subraya la necesidad de ver la inversión extranjera y las compras de tierras a gran escala en el contexto de los desafíos al medio ambiente y la seguridad alimentaria mundiales.  "Esta nueva tendencia es el resultado de la reciente crisis alimentaria y de la volatilidad de los precios de los alimentos, entre otros factores.

Los nuevos desafíos para la inseguridad alimentaria mundial y las inversiones globales deben ser abordados a través de una adecuada regulación y con políticas agrícolas y alimentarias bien fundamentadas. El estudio debería ayudar a asociar las decisiones sobre las inversiones con la concienciación sobre todas sus implicaciones, incluyendo las sociales y medioambientales, en una perspectiva de desarrollo rural sostenible", según Mueller. "Sería útil -añadió- desarrollar directrices para la gobernanza de la tierra, o un código que regule las inversiones internacionales, con el fin de facilitar la toma de decisiones y las negociaciones. La FAO y sus socios están trabajando para elaborar estas directrices, y el informe actual es un primer paso en el proceso".  "Yo evitaría la generalización que supone el término ‘acaparamiento de tierras'" explica Rodney Cooke, Director de la División de Asesoramiento Técnico del FIDA.

"Si se hacen de forma adecuada -asegura-, estas operaciones pueden ser beneficiosas para todas las partes y convertirse en una herramienta para el desarrollo".  "Los hombres y mujeres pobres con los que el FIDA trabaja a diario no deben ser menospreciados", indica Cooke. "Sus aportaciones e intereses deben ser tenidos en cuenta, y debemos garantizar que los beneficios prometidos, como empleo, infraestructuras y conocimientos agrícolas, se materializan". 

Nuevos datos

El estudio "¿Acaparamiento de tierras u oportunidad de desarrollo? Inversiones agrícolas y acuerdos internacionales para la compra de tierras en África", incluye nuevos datos obtenidos en Etiopía, Ghana, Kenya, Madagascar, Mozambique, Sudán, Tanzania y Zambia. El informe fue realizado por un equipo del IIED con aportaciones y en estrecha colaboración de la FAO y el FIDA. Ha sido financiado por estos tres organismos, además del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido.