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El Gobierno central y la Junta de Castilla y León se han propuesto "reprogramar" fondos europeos no ejecutados en la Comunidad para destinarlos a la extensión de la banda ancha en el medio rural, objetivo para el que ambos ejecutivos deberán mirar hacia la Unión Europea después de que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, advirtiera de la imposibilidad de ampliar, con dotación propia de ambas administraciones, las ayudas que para tal fin ya aparecen recogidas en un convenio específico.

Y es que la proximidad de las Elecciones Generales, el 28 de abril, y la devolución del Proyecto de Presupuestos Generales de 2019 han planeado como principales escollos para las peticiones que el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera ha planteado ante la Comisión de Coordinación Junta-Estado.

Por ello, a falta de presupuestos, el encuentro se ha saldado con la asunción de distintos compromisos entre ambas partes, uno de ellos el de "reprogramar" aquellos fondos europeos no ejecutados en Castilla y León para lograr incrementar las partidas para la extensión de la banda ancha en el medio rural, algo para lo cual ya hay consignados por parte de la Administración central 16 millones para el periodo 2013-2017 y otros 19,44 millones para 2018.

Aunque en noviembre de 2018 el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, planteó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la posibilidad de ampliar los fondos consignados vía convenio, dentro del proyecto de escuelas conectadas en red, a razón de 25 y 50 millones, respectivamente, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha sido clara al trasladar la imposibilidad de una suplementación presupuestaria entre ambas partes debido a la devolución de los presupuestos de 2019.

En cualquier caso, Junta y Gobierno, además de esa "reprogramación" de fondos europeos, han llegado al compromiso de "fijar como prioridad política para sucesivos gobiernos la necesidad de ampliar la banda ancha en el medio rural", ha explicado el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al considerar tal objetivo como "prioritario" para el desarrollo económico del mundo rural.

Entre los compromisos también asumidos por Batet figura la aprobación, antes de que concluya la presente legislatura, de la Estrategia para el Reto Demográfico mediante "el acuerdo con las distintas comunidades autónomas y los entes locales, algo para lo que ya se han celebrado tres encuentros y en el que se tendrán en cuenta las demandas de Castilla y León, al igual que otras como Asturias y Aragón para las que es una prioridad".